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Entre enero de 2017 y abril de este año han sido asesinados 415 ciudadanos venezolanos en Bogotá. Son muertes violentas, con arma blanca o de fuego; en riñas u otras condiciones, que relacionan agravantes como la sevicia con la que fueron atacados. Esta cifra se da en un contexto en el que persiste el fenómeno migratorio, del cual aún no hay cifras consistentes. Mientras el DANE dice que en la capital hay casi 500.447 venezolanos, Migración Colombia habla de 397.716.
Tan inconsistente como estos datos parece ser el conteo de víctimas extrajeras, en medio de las guerras delincuenciales que se viven en Bogotá. Así lo sugiere Medicina Legal, al indicar que, pese a contar con un consolidado, en 2021, por ejemplo, las víctimas pudieron haber sido más de las 143 que están en el listado, pues hubo cuerpos que no pudieron identificar.
No son solo cifras. Estos muertos tienen nombres, historias y familia. Buena parte de ellos llegaron a la capital en busca de mejores condiciones de vida, pero la falta de oportunidades (hasta para los nacionales) hace que algunos de ellos terminen vinculándose a redes criminales. Son instrumentalizados, muchas veces, porque sus condiciones de migrantes e indocumentados hacen que la justicia no actúe con la misma severidad que lo haría con los locales.
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A pesar de las intenciones de la administración por tener el control sobre esta población y del constante trabajo en fronteras para filtrar la llegada de extranjeros, pareciera que las estructuras criminales se han organizado de una mejor manera, pues son quienes aprovechan los vacíos legales y las ausencias de acompañamiento gubernamental para abrirles las puertas del mundo del hampa.
Está claro que no todas las víctimas mortales de los últimos cuatro años están vinculadas a redes delictivas, pero sí es cierto que buena parte de estas personas han estado relacionadas con enfrentamientos entre organizaciones que buscan el control territorial para la distribución de alucinógenos.
El caso más reciente es el de los trece cuerpos que fueron hallados en bolsas durante los dos últimos meses, en seis localidades de Bogotá. Según la Fiscalía, se habla de que por lo menos seis de las víctimas de esos homicidios son ciudadanos venezolanos, que han estado involucrados en hechos delictivos. Otra situación similar tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2021, cuando se registraron doce asesinatos en 31 días en la localidad de Kennedy. El reporte oficial estableció que cinco de esas víctimas eran migrantes. En cuanto al móvil, según aseguran, todos estuvieron relacionados con ajustes de cuentas por temas de microtráfico.
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La Policía Metropolitana de Bogotá asegura estar al tanto de la situación y adelantar controles de seguridad para dar con los responsables, no solo de estos crímenes, sino de las operaciones en las que están involucradas grandes estructuras delictivas que instrumentalizan a ciudadanos venezolanos.
Además, frente a lo que ocurre en el centro de Bogotá, argumentan que los últimos homicidios han sido por la persecución que vienen adelantando a las bandas de crimen organizado, que se han visto obligadas a reubicarse en otras zonas para operar. Es allí en donde se da el enfrentamiento entre dichas estructuras.
“Luego de la afectación que sufrió el sector de Cinco Huecos (centro de Bogotá), en donde hubo un trabajo con diferentes secretarías y la Policía, se dio un desplazamiento de estos delincuentes, que estaban afectando la zona por tema de tráfico de estupefacientes. Ese desplazamiento y ese reacomodamiento provoca estos hechos de violencia y asesinatos”, indica el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho.
Los peones de la guerra
Este jueves, en la localidad Antonio Nariño, la Policía Metropolitana capturó a un venezolano portando un “bolígrafo pistola”. De acuerdo con el reporte, el arma, a pesar de ser de fabricación artesanal, era funcional y podía disparar una bala calibre 22. “Tiene todos los mecanismos, tiene percutor y, efectivamente, puede ocasionar la muerte de una persona”, dijeron los uniformados.
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Si bien las cifras y algunos casos como este han demostrado que personas con amplios prontuarios delictivos han llegado a la capital para seguir delinquiendo, no todos los hechos son iguales. De acuerdo con Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, el difícil acceso a la seguridad hace que algunos migrantes terminen cediendo ante la delincuencia.
“Tienen dificultades para el acceso a la justicia y la seguridad, son dos de las particularidades que ocurren con el fenómeno migrante. Muchas veces la persona que llega de forma irregular tiene miedo de acudir a las autoridades a denunciar, porque siente que la pueden incriminar. Lamentablemente, somos un país que tiene unas estructuras y una tradición de violencia bastante fuerte, entonces empiezan a verse otros problemas como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de población venezolana”, argumenta.
Esa situación, que es muy conocida y ha sido denunciada en múltiples oportunidades en lugares como la frontera en Cúcuta, habría empezado a expandirse al punto de llegar a la capital. Por lo menos, esa es una de las primeras hipótesis que se han identificado en los casos de migrantes que han sido capturados por delinquir o de quienes han perdido la vida en enfrentamientos entre bandas de crimen organizado en Bogotá.
“En el caso de la capital, ese fenómeno se ha empezado a replicar, con la diferencia de que se da en un ambiente urbano, en donde existen zonas vedadas para los cuerpos de seguridad. Zonas en donde muchas veces las rencillas y diferencias entre organizaciones criminales se resuelven de forma excesivamente violenta, no solo para vengarse, sino para mandar un mensaje a esos enemigos, y los venezolanos entraron a competir con eso”, agrega.
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Precisan que esta situación se estaría viviendo en la capital, especialmente en las dos guerras que hay en las localidades de Kennedy y Los Mártires, en donde una lucha por el control de las líneas de microtráfico ha dejado alrededor de veinte víctimas de nacionalidad venezolana. Pero, aclara Rodríguez, las prácticas violentas que se han conocido en los últimos meses, de torturados y cuerpos en bolsas, no es una novedad.
“La Policía sale a decir: ‘Es que son venezolanos que matan y pican a otros venezolanos, porque están en confrontación’. Yo he estudiado la delincuencia en Venezuela de manera tangencial y en mi investigación, durante 18 años, he conocido cómo operan y los espacios que lograron ganarse en Caracas, y nunca he visto en Venezuela esa dinámica de excesiva sevicia que se está viviendo acá. En cambio, en Colombia sí tenemos una tradición de eso. No podemos olvidar que los paramilitares acudían a estas prácticas, y no menos reciente el caso de las casas de pique en la costa Pacífica”, concluye.
Algo similar opina Andrés Nieto, experto en temas de seguridad, quien señala que las acciones violentas que se viven en Bogotá se han identificado desde hace unos diez años. “En la capital ya se había visto algo similar con el caso de alias Camilo, quien tenía a su cargo, en medio de su prontuario delictivo, más de 200 ollas de microtráfico y más de cincuenta muertes relacionadas con su actuar, generando así temor y miedo entre los integrantes que intentaban salirse de la banda o crearle competencia”, afirma.
Precisamente, ese caso de alias Camilo, dice la Fiscalía, sería la explicación de lo que se está viviendo en Kennedy, pues, con su captura y posterior judicialización, el territorio que impactaba quedó a disposición de organizaciones que están peleando por comandarlo. Camilo recientemente hizo un preacuerdo con la Fiscalía, motivo por el que pagará cerca de 27 años de cárcel, al aceptar haber sido el responsable de quince asesinatos.
No obstante, las autoridades piensan algo muy distinto, pues dicen que la inseguridad en la capital sí se ha transformado en los últimos años. “Sí hay un cambio en el comportamiento delictivo, principalmente enmarcada en el tema de la pandemia. Desde al año 2020 hubo una atomización del fenómeno, entonces estas redes llegaron a diferentes lugares de Bogotá en donde comúnmente no se encontraban estas poblaciones y eso trae consigo el tráfico de estupefacientes, los hurtos y los enfrentamientos entre organizaciones delictivas”, señala el general Camacho,
“La migración sí tiene una afectación en la seguridad. Si bien es cierto que gran cantidad de extranjeros vienen a laborar, a una solución familiar, y es cierto que posiblemente están haciendo parte de la economía de la ciudad, también tenemos un gran porcentaje de estas personas que están delinquiendo. Solo el año pasado se lograron cerca de 4.500 capturas, pero solo el 10% al 12% quedaron con una medida intramural, tema que se ha dificultado porque no están en el registro único migratorio”.
Apuesta por la migración
Sumado a que los indicadores de homicidio y violencia por sí solos empiezan a generar barreras entre la población (pues se cree que la delincuencia aumentó con la llegada de extranjeros), están las oleadas de estigmatización que inundan a la ciudad cada vez que una noticia vincula a un migrante con la comisión de algún crimen. Por situaciones como estas es que hace tres meses el Distrito creó la Consejería de Migrantes en Bogotá, especialidad que tiene la tarea de atender las necesidades de esta población, que a su vez permitirá tener un control.
“Facilitar a la población migrante el acceso al Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes Venezolanos (ETPV), que otorga Migración Colombia; brindar protección social, a través del aseguramiento en salud y la encuesta Sisbén, para lograr su afiliación; ofrecer asistencia social y humanitaria con miras a mitigar su llegada, y promover la convivencia entre la comunidad de acogida y los “nuevos bogotanos”, son algunos de los objetivos de esta apuesta de la administración, para intentar cambiar la cara de la migración y evitar que quienes llegan se vinculen a las filas delictivas.
Esta estrategia se suma a las acciones que ha venido adelantando Migración Colombia, luego de que el Gobierno Nacional radicara el proyecto del Permiso de Protección Temporal, el cual permite documentar a los migrantes venezolanos. A la fecha, la entidad ha autorizado un poco más de un 1’180.000 de estos permisos, de los cuales han sido entregados cerca de 947.000 documentos, pues los otros siguen a la espera de ser reclamados por sus acreedores.
Algunas de las soluciones que proponen los expertos para enfrentar la criminalidad e intentar cortar esas alianzas que terminan haciéndose entre nacionales y extranjeros es el acompañamiento gubernamental, no solo con la posibilidad de una identificación, sino con oportunidades laborales, que les permitan, incluso, aportar al mercado colombiano. Según Ronal Rodríguez, no plantear estrategias a largo plazo y seguir actuando de manera reactiva, como lo ha venido haciendo el Gobierno Nacional, podría acarrear problemas políticos y sociales más fuertes de los que se viven hoy.
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