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Al vaivén de las angostas calles del barrio Venecia, Yadira Orjuela maneja su carro de tintos de un lugar para otro con el fin de que cada tasa de tinto vendida, la acerque al beneficio de pagar un mes más la cuota de arriendo de su habitación. La casa no supera los 8 metros cuadrados de tamaño y comparte la nevera, además de los otros implementos de cocina con otras seis personas que, como ella, son migrantes.
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Llegó a Colombia hace tres años y, si bien las cosas han mejorado notoriamente desde su arribo, la informalidad continúa siendo la única senda de supervivencia posible. “Yo aquí he hecho de todo, pero siempre en el rebusque, ahorita vendo tintos porque es lo más fácil y rentable. La gente me conoce y me compra los tintos y los cigarrillos, pero para vender todo, o casi todo, tengo que caminar unas 8 horas por todos estos barrios”, contó la vendedora a El Espectador.
Su trasegar diario, con algunas variables, representa la realidad de cerca de los miles de venezolanos que laboran en la informalidad en la capital. Asimismo, la pequeña vivienda en la que reside Yadira, y la cual es la única que puede permitirse por el costo de $250.000 mensuales, es el reflejo de otra de las brechas que más sienten los migrantes como ella: el acceso a vivienda digna.
De hecho, su caso, puede estar un poco por encima, en cuanto a comodidades habitacionales, de la media residencial de la población migrante. Es útil ver algunas características sobre la tenencia y el hacinamiento de vivienda en los hogares con población migrante arrojados en el tamizaje publicado por la cartera de Planeación. En primer lugar, es de notar el aumento de 17 puntos porcentuales entre 2017 (76,3 %) y 2021 (93,3 %) en la tenencia de vivienda por arriendo. Y esto se une con el aumento de hacinamiento en cuartos, pasando de 18,9 % en 2017 a 19,9 % en 2021.
Contrario a la tendencia nacional, cuando los hogares monoparentales han aumentado en los últimos cuatro años, en la población migrante se aprecia, por el contrario, un incremento de los hogares biparantales. En promedio, una familia migrante está conformada por 3.6 personas, y este comportamiento demográfico ha mostrado un alza del 60 %. Esto quiere decir, en correlación con las variables habitacionales, que los hogares de migrantes son más numerosos, pero viven en casas más pequeñas.
De hecho, el segmento de los pagadiarios, ocupa una gran parte del espectro residencial. Datos recogidos por la Secretaria Distrital de Planeación, el Programa Mundial de Alimentos e Inclusión SAS muestran que el 60% de las personas usuarias de pagadiarios son migrantes y el 45 % se encuentra en condición de pobreza multidimensional.
Por consiguiente, las condiciones de informalidad, y de pobreza multidimensional, se expresan en que estos “paga diarios”, en donde el valor de la noche no supera los $10.000, son la única alternativa para un gran porcentaje de migrantes para acceder a un techo.
Acceso a la salud y la educación
Gracias a los esfuerzos conjuntos del Distrito y el Gobierno Nacional, respecto a la documentación de migrantes, se ha conseguido acercar la oferta de servicios sociales a la población migrante. En este sentido, el acceso a servicios médicos y educativos ha ido mejorando, pero los migrantes continúan experimentando algunos obstáculos para acceder a ellos.
Para el caso de Yadira, el acceso a la salud dejó de ser un problema desde el año pasado, cuando sacó su Permiso por Protección Temporal (PPT) en una de las jornadas de entrega masivas habilitadas por Migración Colombia y apoyadas por el Distrito. Gracias a este documento, ha podido acceder a consultas médicas y hasta recibir atención por una urgencia médica que tuvo a principio de año.
“Antes era difícil porque no tenía PPT y sin PPT no te atienden. Pero desde que lo saque solo es cuestión de hacer la fila”, explica. No obstante, explica, hay familiares y conocidos, en otras ciudades, que han tenido dificultades para ser atendidos, precisamente por el limitante del PPT. Frente a las variables de salud, de acuerdo con le documento de tamizaje, se observó un incremento del 19,1 % de personas migrantes que no están vinculados al sistema de salud. En 2021, el 61 % de las personas migrantes están desafiladas, incluyendo mujeres en estado de gestación y menores de edad.
Desde que Marisela Jaimes huyó de Venezuela, en 2022, y llegó a vivir a Bogotá, su hija, con síndrome de Down, no ha tenido control neurológico, revisión de la tiroides ni de corazón. Su situación es tan complicada que Marisela tuvo que tratar en casa el último ataque respiratorio que sufrió la joven, de 18 años. “Al no tener los documentos no nos atiende ninguna entidad. A donde vamos nos retiran”, narró. Este es reflejo de las dificultades que enfrenta esta población al acceder a servicios de salud. Según un sondeo de la Personería de Bogotá, el 19 % de solicitudes que recibe de los migrantes se concentran en dos temas: salud y empleo. Las mujeres son las más afectadas.
A la fecha, el Distrito ha entregado 312.436 Permisos de Permanencia Temporal (PPT) y cuenta a 615.000 migrantes. Michael Eduardo Guerrero López, personero delegado para la Defensa y Protección de DD. HH., afirma que, a pesar de los esfuerzos de la Alcaldía por entregar estos permisos, todavía hay un gran número sin regularizar. “Esto implica que los no afiliados solo pueden ser atendidos por urgencias, servicio que implica mayores costos para el Estado y no garantiza tratamiento a largo plazo, diagnóstico, atención temprana ni prevención en salud”, señaló a El Espectador.
Los problemas de salud que más reportaron las venezolanas fueron nutricionales y de metabolismo como diabetes, obesidad, desnutrición, anemia y afecciones de tiroides. Esto, en gran medida, representado en el 59 % de mujeres migrantes que respondieron que el sueldo no les alcanza para las tres comidas diarias. “Quizás una de las más grandes dificultades de refugiadas y migrantes es la oportunidad para acceder a empleo o alternativas de generación de ingresos dignas”, comentó Guerrero.
Así ha sido para Marisela Jaimes, quien tiene 47 años y trabaja cuando puede en limpieza de hogares. El resto de los días cuida a su hija que, por su condición, requiere atención especial. “Ella no tiene tratamiento. La última vez tuvo un problema respiratorio y lo tratamos de manera casera. De resto, le compro en farmacias el medicamento para la tiroides. Me angustia nuestra salud. De momento solo tenemos la cédula venezolana”.
Osnaider Valencia se gana la vida como barbero en el barrio El Carmen, al sur de Bogotá, y con el mantiene a su hija de 13 años, que está haciendo actualmente grado septimo. El primero en llegar a la capital fue él y después pudo traer a su hija después de ahorrar. Lo más importante, en estos casos, resalta el migrante, es tener la certeza de que su hija va a tener la posibilidad de continuar con sus estudios. Esto, en vista de sus ingresos, solo puede ser posible a través de la oferta de educación pública en la ciudad.
“Yo siempre estaré agradecido con la alcaldía porque matricular y conseguirle cupo a mi hija en el colegio fue muy fácil. Ellos tenían jornadas de atención enfocadas para la población migrante y yo pude hacer todo el papeleo para que la niña ingresara. Ya va a terminar su segundo año y lo más probable es que se me gradúe ahí”, exaltó orgulloso Valencia.
En el tamizaje publicado por Planeación se evidenció, respecto a niveles educativos alcanzados por la población migrante, que el nivel de primaria aumentó en 5,8 puntos porcentuales, mucho mayor que la población nacional, que disminuye en un 1,7 %. Respecto de las personas que han alcanzado la educación media, este porcentaje aumenta en un 18,2 % para la población migrante frente a la población nacional que disminuyó en un 0,4 %.
En la variable técnico-tecnológica, la población migrante disminuye en un 0,7 % y la población nacional aumenta en un 0,5 %. Para la educación superior en lo que concierne a la universidad incompleta, este último grado alcanzado disminuyó en 2,4 puntos porcentuales para la población migrante frente a 1,1 puntos porcentuales de la población nacional, la categoría de universidad completa disminuyó en 21,3 puntos porcentuales para las personas migrantes, por su parte este mismo rango para la población nacional aumentó en 2,8 %.
En general, para el año 2021 se tiene una menor cantidad de profesionales migrantes. Esto supone un hallazgo importante, puesto que deben fomentarse acciones en pro de la educación de las personas migrantes, esto con el ánimo de mejorar las condiciones educativas del hogar con miras a mejorar la situación de empleabilidad de las personas.
Ya van a ser ocho años desde que la diáspora venezolana llegó a nuestro país y las dinámicas demográficas de todas las urbes, incluyendo Bogotá, cambió para siempre. El fenómeno, como todas las grandes movidas migratorias de este siglo, debe escapar de los discursos xenófobos y los utilitarismos políticos. Gestionarla y sobre todo aprovecharla, pasa por mejorar los índices de vida de quienes la componen. Se podría decir que el Distrito, con sus propios recursos y cuando es posible con la ayuda del gobierno nacional, ha hecho la tarea, pero todavía falta. Lo importante, es que la recolección de la evidencia, en este caso la del tamizaje, continúe siendo el faro sobre el cual se orienten los tomadores de decisiones.
Yadira termina de vender todos los tintos. Son las once de la noche, pero cada vez falta menos para completar lo del arriendo. Su vuelta a casa, está marcada por el hacinamiento, pero incluso en esa pequeña porción de metros cuadrados, siempre yacerá la esperanza de que mañana, otros 80 tintos de por medio, se le podrá dar la vuelta a la situación.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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