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Buena parte de las rocas, el cemento, el hierro y los ladrillos con los que están hechas las estructuras de Bogotá salen de la actividad minera que se desarrolla en la misma ciudad. De acuerdo con el Distrito, en la capital están vigentes 10 proyectos de minería que están en el suroccidente y operan bajo la supervisión de tres entidades gubernamentales.
En la parte rural de Ciudad Bolívar funcionan cinco puntos de extracción, todos a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se trata de la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo (Anafalco), la Ladrillera Santa Fe S. A., Rodríguez Vargas Gildardo, Miner Group S. A., Matallana Andrade Ricardo Alfonso y la cantera La Minera La Sacán.
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También en Ciudad Bolívar, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene a cargo las minas Máquinas Amarillas, y muy cerca de allí, en Usme, la Fundación San Antonio. Los otros tres proyectos, que operan bajo la supervisión de la Secretaría de Ambiente, son las ladrilleras Prisma, Yomasa y Helios, que igual están en Usme.
Estos programas son permitidos debido a que en la capital hay cuatro polígonos en donde se pueden llevar a cabo las actividades mineras (ver el gráfico), los cuales fueron definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las resoluciones 2001 de 2016 y 1499 de 2018. A su vez, la Secretaría de Ambiente debe realizar los planes de manejo ambiental de cada cantera para mitigar el impacto.
A pesar de que cuentan con los permisos, y tendrían una rigurosa supervisión, estos proyectos mineros, de acuerdo con Camilo Prieto Valderrama, profesor de cambio climático y salud ambiental de la Universidad Javeriana, estarían teniendo repercusiones en relación con la contaminación del aire y de algunas fuentes hídricas de la capital.
“Estas explotaciones generan emisiones de dos tipos: por el producto del proceso industrial, que en el caso de las ladrilleras obedecen a la combustión de la quema de carbón, y la otra corresponde al material particulado, estas son emisiones que empeoran la calidad del aire”, señaló Prieto, quien agregó que las poblaciones más sensibles a estas emisiones son los adultos mayores, los menores de cinco años y las personas con enfermedades respiratorias.
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Un tercer factor, que estaría afectando el medio ambiente de la capital e involucraría a estas minas, es el aumento del tráfico de vehículos de carga pesada que transportan los materiales, lo que contribuiría al deterioro de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos.
El “distrito minero”
A los cuestionamientos por el impacto que tiene la actividad minera en Bogotá se suma el hecho de que esto sería parte de un negocio redondo con el fin de, sin importar el impacto ambiental, economizar gastos en traslado de material. Según Armando Sarmiento, profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Javeriana, los vehículos de carga pesada, además de contaminar, son uno de los actores más costosos en la cadena de la actividad minera.
Por esta situación, explica Sarmiento, es que se habría creado un “distrito minero” en Bogotá y Cundinamarca, ubicando la mayoría de las canteras en el municipio de Mondoñedo, de donde sale gran parte de los materiales de construcción de las vías, viviendas y otras obras de infraestructura de la capital.
“En Bogotá y municipios aledaños se construyen aproximadamente 35.000 viviendas adicionales por año, para esto se necesita cemento, piedras y ladrillos, y disminuir el costo de la construcción de la vivienda es extremadamente importante”, añadió el profesor Armando.
Para el docente, pese a que la actividad minera conlleva la quema de carbón y otras emisiones que afectan al medio ambiente, la necesidad de construir y “hacer ciudad” obligaría a que la capital siga contando con canteras cercanas, eso sí, bajo todos los requerimientos de ley.
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Cifras del DANE indican que solo en Bogotá se construyen 750.000 metros cuadrados por año, más otros 489.800 en los municipios de Cundinamarca. “Además de los colegios, las vías, las 35.000 viviendas nuevas por año, entonces la pregunta no es cuántas canteras necesitamos, sino en dónde las ubicamos, entre más lejos las pongan más caras son las viviendas”, concluyó el docente.
Y aunque las ladrilleras necesitan quemar carbón y las emisiones son un tema complicado, para Sarmiento “lo que hay que tener en cuenta es que para hacer ciudad se necesitan canteras, y muchas. Y en el caso de las vías se necesita un tipo de roca dura, de ahí sale el problema de las vías de Bogotá, y es que no ponemos las piedras que son y por eso se dañan”.
Si bien se debe considerar el costo de las viviendas según la cercanía de las minas, también debe contemplarse la calidad de vida de las comunidades aledañas a estos proyectos mineros.
Vivir al lado de una cantera
La comunidad aledaña a Cerro Seco, el único semidesierto de Bogotá, ubicado entre Ciudad Bolívar y Socha, ha denunciado constantes amenazas para este ecosistema, por la presencia de terreros, escombros, basuras y actividad minera.
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De acuerdo con el Distrito, en la zona hay varios proyectos mineros que están vigentes, lo que permite la explotación de materiales de construcción a cielo abierto. Algo que no solo afectaría el aire que respiran los habitantes de este sitio, sino las coberturas vegetales y el paisaje. Además, esta actividad incrementa el riesgo de inundaciones y remoción de masa. La explotación minera en Cerro Seco está incluida en el Contrato de Concesión Minera No. 15558, el cual tiene vigencia desde el 26 de diciembre de 1991 hasta el 9 de mayo de 2026.
Aunque los habitantes del sector son conscientes del papel de las autoridades, recalcan que el desconocimiento de los habitantes de la capital sobre estas actividades es algo que agranda el problema.
Esta situación demostraría la urgencia de revisar que los planes de manejo ambiental sean efectivos en los proyectos mineros de Bogotá, ponderando entre la calidad de vida de los ciudadanos y el hecho de que retirar las canteras, o alejarlas de la capital, aumentaría el costo de las viviendas y generaría desempleo.
NOTA: El Espectador consultó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) desde hace mes y medio para este artículo, sin embargo, a pesar de la insistencia, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
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Por Sara Caicedo
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