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Desde la 1:00 a.m. del martes empezaron a llegar a la capital los 68 buses que traían desde Risaralda a 4.000 indígenas embera. La información inicial sobre este nuevo éxodo era que venían 2.000, pero la realidad tomó por sorpresa a las autoridades distritales. Y no era para menos: hace menos de tres meses (y luego de meses de negociaciones) habían logrado el exitoso retorno de 844 indígenas, que vivieron casi un año en el Parque Nacional. Hoy ven cómo esa cantidad regresó multiplicada por cinco.
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Pasadas las 6:00 a.m. llegó el último bus y el campamento se instaló sobre el pavimento del parqueadero que conecta la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Educación, en el complejo del Centro Administrativo Nacional (CAN). Marco Fidel Guasarave, consejero mayor de la Regional Indígena CRIC de Risaralda, explicó por qué la población llegó con su minga a este lugar. Dice, en principio, que su intención, al contrario de lo que dijo el secretario General del Distrito, Miguel Silva, nunca fue asentarse en el Parque Nacional.
“Queremos denunciar al país y al presidente la muerte de 78 niños en 2023 y 32 este año en Risaralda, sin contar las muertes de mujeres por suicidio. Los pueblos indígenas no tienen acceso a territorio, a vivienda digna, a proyectos productivos. Por eso venimos, para decirle al presidente Gustavo Petro que nos escuche cinco minutos. Nos sentimos abandonados”, dijo a El Espectador.
El viaje, que duró dos noches y un día viajando, según el líder, lo organizó cada gobierno de este gran grupo indígena y financiado “con recursos propios”. Sobre cuánto tiempo permanecerán, el líder señaló: “depende del presidente y de sus ministros. Estaremos hasta que el presidente venga y nos dé cinco minutos de su tiempo que, creo, lo merecemos”, añadió.
Por su parte, Higino Obispo González, explicó: “la situación de los embera en el territorio es compleja y grave en ciertas regiones. En 18 departamentos y 145 municipios hay presencia de la gran Nación Embera, pero sus territorios tienen el foco del conflicto encendido. Parte de la movilización es por el cese de la violencia, que viene años atrás, y no venimos a quedarnos, sino a exigir dignidad”.
Pero su llegada no es solo un recordatorio de todas las deudas del gobierno nacional con la población embera, sino también de cómo esos incumplimientos terminan afectando a la capital, al quedar, de nuevo, en medio de un pulso en nada tiene que ver. La situación parece tener tan incómoda a la administración distrital que algunos líderes políticos se han aventurado a decir que tras esta movilización están las manos del petrismo, para desestabilizar a la ciudad.
En esa línea, el presidente del Concejo, Juan Baena (Nuevo Liberalismo) señaló al Gobierno de manipular la población: “Esto es una estrategia premeditada de este gobierno en contra de la administración distrital, que pone en riesgo a la comunidad indígena. Los manipulan y usan y los líderes del CRIC lo alientan”.
¿Instrumentalización?
Carlos Arias, consultor en Comunicación Política, parece ir por la misma línea de los políticos. “Advierto un interés político e ideológico. La oposición en Bogotá, no solo la que viene del Concejo, sino oposición Nacional, puede utilizar esto para señalar a la administración de no atender la población vulnerable. Aquí es donde creo, se cifra la estrategia del gobierno, que va más allá de promesas incumplidas”.
La comunidad, en cambio, se mantiene firme en que su protesta es legítima y responde a convicciones propias. “El movimiento indígena tiene autonomía y un ejercicio de gobierno de hace miles de años. Si han decidido protestar, ha sido en su libre determinación. Condenamos ese propósito de mostrar a algunos como salvadores o villanos, sabemos que hay diferencias entre el Distrito y la Nación, pero esto no debe dar pie para desinformar”.
Solany Zapata, subgobernadora indígena del resguardo Suratena en Marsella (Risaralda), quien llegó con su hijo de 12 años, comparte los reclamos. “Son muchas las necesidades. Eso es lo que nos trae acá, a aguantar este frío y hambre, para que nos escuchen”. Arias adhiere que Bogotá no puede cerrarle la puerta a los problemas de inmigración “independiente de si son intencionados o con complicidad con el Gobierno. La capital no puede cerrar esa puerta y debe velar por garantizar los derechos de esta población. Para bien o para mal, digo para mal, porque esta atención le resta recursos a la administración. La torta se tendrá que recibir entre más personas”.
¿Quién debe responder?
El alcalde Carlos Fernando Galán hizo el llamado al gobierno de atender a la población indígena y a reactivar los procesos de retorno, que la Unidad para las Víctimas suspendió luego de la operación del 9 de septiembre. “La situación de orden público y la amenaza a poblaciones indígenas en Risaralda no es responsabilidad de Bogotá ni la Agencia Nacional de Tierras. Estas personas vienen a exigirle garantías al Gobierno para permanecer en sus territorios. Y claro que esta situación genera un problema en Bogotá, pero la responsabilidad de resolverlo de fondo es del Gobierno Nacional”, le respondió el mandatario a una ciudadana.
Otros resaltan que la atención sí es responsabilidad del orden nacional y distrital, por lo cual puede haber un limbo. “El núcleo cercano a Petro dirá que Galán no atiende a la población indígena suficientemente y el de la Alcaldía sostendrá que esto es obligación de la Nación, en consideración de que estas personas provienen de otros territorios, que le competen a la Nación. En este peloteo no solo van a sufrir los indígenas en las condiciones en las que están, son los bogotanos que hacen parte de esa cobija de servicios sociales”, dijo Arias.
Y la participación política de la población indígena también cobra importancia en este contexto, ya sea por la visibilidad que logren o de cómo los sectores políticos la envuelvan en sus propios intereses. “En estos desplazamientos se ve disminuida, porque se puede pensar que hay instrumentalización de la población, que está sufriendo por los incumplimientos”. “Todo es lucha. A los indígenas nos toca venir a luchar por nuestros pueblos, es la única manera y así seguimos resistiendo”, concluyó Solany.
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Por Juan Camilo Parra
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