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De nuevo, el alcalde de Bogotá y el presidente Gustavo Petro se reunieron para discutir aspectos clave sobre los proyectos que competen a la capital del país y a la nación. Aunque la reunión no arrojó acuerdos sustanciales, al igual que en encuentros anteriores, lo cierto es que los temas tratados durante el diálogo resultan claves para el futuro de la movilidad de la ciudad.
Por tal motivo, el alcalde trajo a colación durante la conversación con el jefe de Estado, la necesidad de que la Nación respaldará la adquisición de una flota de buses no contaminante para la ciudad y la puesta en marcha de proyectos de transporte público clave, como las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha y la nueva calle 13. Sobre este último, Galán puso sobre la mesa la posibilidad de que las vigencias futuras ya aprobadas para la optimización de este corredor pudieran ser reprogramadas, con el fin de garantizar su financiación.
En este sentido, para entender un poco la solicitud del alcalde, es necesario recordar que la nueva calle 13 contempla la construcción de 10 carriles (4 carriles mixtos por sentido y dos carriles exclusivos para buses del sistema de transporte público masivo), una intersección de tres niveles, seis puentes, y demás infraestructura correspondiente a una troncal BRT. En total, de acuerdo con las estimaciones del Distrito, el proyecto requerirá la inversión cercana de $4,51 billones, cuya cuantía, en vista de la cantidad de proyectos en ejecución, resulta difícil de asumir por las arcas de la ciudad. Sobre todo cuando el proyecto posee un elevado interés regional dada su relevancia para la conexión de la ciudad con municipios de Cundinamarca, tanto a niveles de transporte público, como de carga.
En vista de la magnitud del proyecto y de su coste, el Distrito Capital de Bogotá y Transmilenio suscribieron el 4 de agosto de 2022 el “Convenio de Cofinanciación para el Proyecto Construcción de la Troncal de la Calle 13 desde la Troncal AV. Las Américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del sistema Transmilenio”, con el fin de establecer los compromisos de cada una de las partes para la financiación del Proyecto. Tras la suscripción del convenio, la Nación se comprometió a asumir el 70 % del coste del proyecto (COP $3.482.283.841.496) constantes de 2021, mientras que el Distrito se comprometió a aportar el 30 % (COP $1.492.407.360.639) constantes de 2021. Con la firma del convenio, tanto la Nación como el Distrito, comprometieron vigencias futuras hasta el año 2032, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
De tal manera, una vez entendido el esquema de financiación del proyecto y las vigencias futuras comprometidas por ambas partes, es entendible la razón por la que el alcalde trajo a colación dicho asunto a la reunión con el presidente. Si bien, los recursos de la nación ya están comprometidos para el proyecto, algunos traspiés en el proceso de contratación, y las consecuentes variaciones en el calendario, serían los factores que influyeron en la solicitud del Distrito para la reprogramación inicial de las vigencias.
Los obstáculos del proyecto
En el ocaso de su mandato, la exalcaldesa Claudia López logró la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la nueva calle 13. El tramo, o lote 1, corresponde las obras de la intersección a desnivel de Puente Aranda, en la que confluyen la avenida Centenario o calle 13, la carrera 50, la avenida de Las Américas, la avenida Colón y la avenida de los Comuneros. Por otro lado, el tramo 2, corresponde a la intersección de la avenida 68, el paso elevado de la avenida Constitución, cuatro estaciones de TransMilenio con sus respectivos accesos peatonales a desnivel y dos retornos operacionales del sistema. Dichos tramos, fueron adjudicados a ConConcreto tras un largo trasegar del IDU con los contratistas interesados debido a inquietudes sobre las formas y condiciones del contrato e, incluso, las obras del pulpo o interconectar, comenzaron en junio del año pasado.
No obstante, los tramos 3 y 4, aún continúan sin ser adjudicados y ya han pasado por un tercio de procesos de licitación desiertos. A pesar de ser una obra con un jugoso contrato, por $1,3 billones, a la fecha no hay constructor que se le mida al trabajo, al menos, bajo los términos que estableció el Distrito para desarrollar este proyecto de infraestructura.
El IDU cree tener una explicación: no hay muchas empresas con la capacidad de hacer la obra; seguramente ya están ejecutando otras obras y las que quieren participar seguramente no cumplen las exigencias económicas del contrato. No obstante, es llamativo lo que ocurre con los tramos 3 y 4, que son los que llegan hasta el río Bogotá, ya que esta realidad contrasta con lo que se vivió en la licitación de los tramos 1 y 2, que se adjudicaron sin mayores inconvenientes al consorcio ConConcreto S.A.
Tal ha sido el inconveniente de adjudicar estos tramos que, a comienzos de su mandato, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la obra sería dividida ahora en seis tramos, con el fin de facilitar su adjudicación y que cada tramo quedara en manos de contratistas diferentes, algo parecido a lo que ocurrió con la Av. 68. Asimismo, en septiembre del año pasado, se reveló que la futura troncal tendría 14 estaciones y un patio taller con capacidad para 124 buses articulados de Transmilenio.
No obstante, todavía no se tienen noticias sobre los procesos licitatorios correspondientes y, tanto el calendario de las vigencias, como el itinerario de obra, continúan avanzando y, para marzo de este año, los nuevos tramos deberían estar siendo adjudicados según el nuevo cronograma del IDU.
En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las variaciones en el tiempo estimado, así como en los posibles costes debido a los ajustes que ha experimentado la propuesta inicial, no resulta descabellado que el alcalde Carlos Fernando Galán haya solicitado la revisión de las vigencias al Gobierno Nacional. Lo anterior, con el fin de no comprometer el porcentaje de la financiación que le compete a la Nación. De momento, el Distrito ya hizo la tarea, y gracias al cupo de endeudamiento que consiguió en el Concejo, ya tiene los recursos del 30 % restante. El Espectador consultó al IDU sobre este proceso y conoció que la entidad ya se encuentra revisando tanto este, como todos los proyectos de obra financiados con vigencias futuras, con el fin de cumplir con la solicitud del mandatario.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y los 300.000 habitantes que a diario utilizan ese corredor, más los habitantes de los municipios aledaños, continúan a la espera de las obras que pongan fin al suplicio de los trancones en esta zona.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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