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Solo cuando una tragedia azota a la comunidad indígena, asentada en el parque Nacional, dejan de ser paisaje y surgen de nuevo cuestionamientos, llamados, reflexiones y promesas por cumplir. Y es justo lo que se vive desde este fin de semana tras la muerte de una bebé de tres meses, de la comunidad embera, a la que encontraron en una hamaca.
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La niña falleció en extrañas circunstancias, objeto de investigación. Los hechos los confirmó la Alcaldía a través de un comunicado: “La comunidad embera acercó a una menor a la ambulancia que está de manera permanente en el lugar para que recibiera atención”. Acto seguido, cuando la menor estaba siendo atendida, el médico confirmó el deceso. El cuerpo lo trasladaron funcionarios de la Fiscalía a las instalaciones de Medicina Legal, en donde le realizarán los análisis necesarios para establecer la causa puntual de la muerte.
Si bien aún se desconoce el dictamen, con las horas ha salido a la luz información determinante que deja entrever las condiciones en las que la menor falleció. Según las declaraciones que el abuelo de la menor, Virgilio Bitucai, entregó a Citytv, la niña habría permanecido expuesta al frío de la noche y la madrugada en una hamaca, donde la dejaron sin supervisión adulta. Cuando se percataron de su estado la llevaron a la ambulancia, pero ya no había nada que hacer. Versiones no oficiales señalan que la causa del deceso pudo haber sido una afección respiratoria, causada por la larga exposición a bajas temperaturas. Los padres de la menor tendrán que explicar lo sucedido ante la Fiscalía.
El muerte se produjo días después de que un fallo obligara al ICBF a amparar los derechos de los menores residentes en el parque Nacional. La acción de tutela, que dio paso al fallo, la interpuso el concejal Julián Uscátegui, luego de que una comisión de derechos humanos visitara el asentamiento del parque Nacional, en donde residen casi 800 indígenas, la mayoría menores de edad. “Los niños de la comunidad embera, asentados en el parque Nacional, se encuentran en condiciones críticas. Testigos del sector nos denuncian casos de maltrato, violencia, abuso, abandono y mendicidad. Las autoridades deben actuar inmediatamente”, aseguró el cabildante.
Fue así como un juez falló a favor y obligó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a amparar el derecho fundamental a la vida, salud y dignidad humana de los niños. Asimismo, le ordenó que en un término de 30 días realice un riguroso seguimiento a los menores de edad indígenas, en aras de verificar los casos de inobservancia de sus derechos, con apoyo de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y emita las órdenes necesarias, en procura de garantizar sus derechos fundamentales.
No obstante, las acciones institucionales enfocadas a propiciar el retorno de las comunidades a sus territorios no han funcionado. Desde 2021, con la llegada de cerca de 800 indígenas a la ciudad a raíz de las condiciones de violencia en sus territorios de origen, no se ha llegado a una solución. En 2022 se logró un acuerdo de retorno, pero por incumplimientos, alegados por los indígenas, regresaron a la ciudad. Es así como desde el segundo semestre de 2023 permanecen en el parque Nacional, en promedio, 297 familias, según datos de la Unidad de Víctimas. Esto sin contar las familias que permanecen en centros temporales (que se volvieron permanentes), como La Rioja y La Florida.
Si bien, como dice Andrés Castro, personero distrital, las autoridades han brindado acompañamiento y atención a los indígenas en el parque Nacional, los recientes hechos “demuestran la compleja situación humanitaria en la que vive este pueblo y, a pesar de que se está avanzando, faltan acciones concretas para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo”. El funcionario, además, realizó un llamado a la comunidad asentada en el parque para que el cuidado de los menores sea una prioridad. “El Distrito, en sus competencias, les ha brindado (a la comunidad embera) ayudas, asistencia en salud, educación y alimentación, pero hay competencias del orden nacional que deben ser fortalecidas. Hay mesas de diálogo y unos compromisos que no se han cumplido del todo”, puntualizó.
Por ahora, mientras las garantías de un regreso seguro se cumplen, se espera que el ICBF acate el fallo de la justicia y se desarrollen acciones más contundentes, enfocadas a proteger la vida de cientos de menores que continúan malviviendo en el espacio público, ante los ojos de toda una ciudad a la que ya se le volvió un paisaje las condiciones de escasez y precariedad que padecen varios pueblos indígenas desplazados de sus territorios. Se espera que esta tragedia sea la oportunidad para que las autoridades encuentren una pronta y definitiva solución.
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