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La captura de Juan Pablo González Gómez prácticamente fue una condena a muerte. A pesar de que la Fiscalía confirmó que se trató de un homicidio producto de múltiples golpes, aún no hay claridad sobre los motivos de su fallecimiento en una celda de la URI de Puente Aranda. Al sujeto lo detuvieron el 5 de noviembre como el presunto responsable de agredir sexualmente a Hilary Castro, una menor de 17 años que fue violentada el pasado 31 de octubre en inmediaciones de la estación de Transmilenio de La Castellana. Lo encontraron sin vida, 24 horas después de su aprehensión.
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Tal y como lo mencionó uno de los uniformados que estaba en el sitio, el cuerpo presentaba politraumatismos. Esta versión iría en contra vía de lo que afirmó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, quien mencionó como causa una presunta convulsión.
Independiente de la causa, lo cierto es que González se suma a la lista de muertos bajo custodia policial, lo que desnuda una serie de falencias en las URI de Bogotá. Aunque son sitios de reclusión temporal, a cargo de la Policía y Fiscalía, hoy son el reflejo del hacinamiento, donde no solo llevan a los sospechosos de algún delito, sino que los mezclan con condenados, lo que ha dado pie para motines, fugas y algunas muertes en estos centros de reclusión temporal.
Así las cosas, la versión del asesinato evidenciaría una presunta negligencia en la protección del detenido y la garantía de sus derechos, como lo pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Lo que se traduce en que los oficiales de la Policía Nacional, que custodiaban al detenido, estaban obligados a garantizar su seguridad con respecto a sus compañeros de celda y brindarle atención médica de urgencia, en caso de ser necesaria. Además, según el Manual de estándares de calidad de equipamientos para servicios de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia, emitido por la Secretaría Distrital de Seguridad, todo centro especial de reclusión debe contar, como mínimo, con una unidad de servicio y salud, que al parecer no estaba habilitada en Puente Aranda.
Entre los aspectos que pudieron influir en este fatal desenlace puede estar el hacinamiento en el centro de reclusión. Hasta el momento se conoce que la URI presentaba una ocupación del 193 % de su capacidad y que, además, a González, pese al delito por el que lo estaban procesando, lo metieron en una celda con 80 reclusos más.
“Esta URI presenta un hacinamiento supremamente complejo. Hay 837 internos y el sitio tiene capacidad para 432 personas. En total, tenemos cupo para 1.237 internos en los 24 sitios de reclusión de Bogotá y tenemos 3.177, es decir, hay una sobrepoblación de 1.900”, reveló el brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía de Bogotá.
Cifras que reflejarían un hacinamiento cercano al 256 % en la capacidad de los centros de reclusión en la capital, que hasta el 4 de noviembre de 2022 contaban apenas con 324 funcionarios para su operación, según la Policía Metropolitana.
Para el abogado penalista Juan José Castro, magíster en derecho procesal penal, este caso no solo evidencia el hacinamiento, sino el panorama de congestión judicial y denota responsabilidad estatal.
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“El Consejo de Estado ha dejado claro que los presos están bajo la protección y tutela estatal. Habrá que ver detalles del caso para conocer qué fue lo que sucedió y determinar los cuidados que tenían en la custodia del sujeto. Como aparentemente se trató de un homicidio, eso implicaría un escenario de mayor responsabilidad para las autoridades”, afirma el experto.
Ahora que se valida la hipótesis del asesinato, los familiares del presunto agresor podrían demandar al Estado por “fallas en el servicio”, alegando la desprotección de los derechos del detenido. Situación en la que, según Castro, intervendrían varias ramas del derecho, como la penal y la contencioso-administrativa, donde se pronunciarían frente a la responsabilidad del Estado en la muerte de González.
Lo que sucedió este fin de semana es otro argumento que se suma al debate de la crisis carcelaria en el país, en el que, además de fugas, ha dejado muertes violentas y revueltas, bajo custodia policial, que ponen en entredicho el camino para hallar la justicia.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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