Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El silencio de un viaje en Transmilenio por la troncal sur lo interrumpió un adolescente. Vestido de jean y chaqueta negra, conectó un micrófono a un pequeño parlante, para cantar y así recoger unas monedas. Iba solo. “Hola. ¿cuántos años tienes?”, pregunté. “18…17”, dudó. “¿Y por qué estás aquí?”, dije con curiosidad. “Es para ayudar a mi mamá. Pero, porque quiero”, aclaró antes de despedirse. Esta situación, que no debería ser cotidiana, la viven 7.926 niños, niñas y adolescentes en Bogotá, según datos de la Secretaría de Salud, empujados al trabajo infantil. Si bien, para 2024 hubo disminución de 4.558 casos, sigue siendo una preocupación en localidades como Ciudad Bolívar (1.478 casos), Kennedy (951) y Bosa (820).
LEA: Instrumentalización: qué hay detrás de un niño que aprieta un gatillo
Aunque el mundo se había comprometido en 2015 de ponerle fin en 2025 a esta situación, la meta no se cumplió. Según la OIT y UNICEF, el año pasado cerca de 138 millones de niños en el mundo estaban en situación de trabajo infantil. Y en Colombia, no es diferente. La Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, entre octubre y diciembre de 2024, contabilizó 311.000 menores trabajando. De estos, el 71,7 % tenían entre 15 y 17 años, y el 28,3 %, entre 5 y 14. Como razones para hacerlo está tener su dinero (40,6%); participar en la actividad económica de la familia (30,4%), y costearse el estudio (20,3%).
Datos más recientes de los equipos de Ciudad Niñez de Integración Social, muestran que entre diciembre de 2024 a junio 15 de 2025, 1.658 gestantes, niñas, niños y adolescentes, fueron identificados en trabajos infantiles donde la mayor presencia está entre los 6 a 12 años (751), 0 a 5 años (685) y 13 a 17 años (203), registrándose más en las localidades de Santa Fe (220) Chapinero (2015) y Kennedy (165). “Hemos identificado puntos como el 20 de julio los días domingo; viernes, sábado o domingo en la zona T, el Parque de la 93 o el corredor de la séptima. Zonas con alta afluencia de público que puedan tener generación de ingresos”, detalló Adriana González, subdirectora de infancia de Integración Social.
Una puerta al riesgo
En las plazas de mercado, semáforos o lugares turísticos es usual ver a adultos trabajando acompañados por niños, muchos por razones de pobreza, desempleo e imposibilidad de dejarlos al cuidado de alguien. En otros casos los menores terminan ejerciendo la mendicidad propia como forma tener un ingreso adicional. Pero, esta problemática social termina siendo una exposición a riesgos como habitabilidad en calle, violencia sexual, trata de personas y la instrumentalización de grupo armados.
Los datos dan cuenta de ello. Según el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud (Idipron), este año han atendido a 9.773 menores, en su mayoría hombres (6.234). Del total, 7.492 eran niños en riesgo de convertirse en habitantes de calle; 1.970 ya lo eran; 155 eran víctimas o estaban en riesgo de explotación sexual comercial, y 156 estaban en conflicto con la Ley. Detrás una historia de abandono, que los acerca al delito y a ser presa fácil de los grupos delincuenciales.
Más información: Empatía: clave para reducir menores en la comisión de delitos
Un estudio del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF identifica entre los factores que llevan a que un menor entre en conflicto con la ley, su percepción de una sociedad carente de oportunidades; una “cultura fácil”, donde se obtienen más beneficios en menos tiempo; una familia violenta o sin supervisión, y hasta consumo de sustancias psicoactivas.
Y de esto, hay mucho en la capital. Por eso, rescatarlos se convierte en prioridad, en especial, al conocer la última Alerta Temprana para Bogotá, de la Defensoría del Pueblo (21 de febrero de 2024), que advierte el peligro en localidades como Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, donde las organizaciones criminales buscan menores para expendio de drogas y armas ilegales, explotación sexual comercial y explotación laboral.
“El año pasado Colombia firmó el compromiso ‘País a tiempo’ en la Conferencia Interministerial, para trabajar en prevención, atención y el seguimiento de violencias. Pero han pasado seis meses y no contamos con un plan, a pesar de haberle entregado al ICBF una propuesta”, dice Omaira Orduz, secretaria ejecutiva de Alianza por la Niñez.
¿Qué se está haciendo?
La articulación interinstitucional es clave para contrarrestar, en principio, con el trabajo infantil, que es una de las puertas de entrada a un sinnúmero de vulneraciones. En Bogotá, entidades nacionales y distritales, desarrollan operaciones como la del ICBF y sus Equipos Móviles de Protección (EMPI), con búsquedas activas y jornadas de sensibilización, para visibilizar las consecuencias del trabajo infantil y la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección de la niñez. Este año han desarrollado 77 jornadas, identificando en Bogotá a 396 menores en situaciones de trabajo infantil, alta permanencia o vida en calle. De estos, a 69 los vincularon a estrategias de la entidad, y en 24 casos se requirió la activación inmediata de rutas de protección.
Por su parte, la Secretaría de Integración Social, a través de la Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Ampliado (EMPETIA), realiza recorridos recopilando primero la información de los menores; luego sensibilizando a las familias, y al final ofertando servicios. Si el menor está solo o en peores formas de trabajo infantil, activan de inmediato la ruta con Policía e ICBF para el restablecimiento de derechos”, señala Adriana González, subdirectora de infancia de Integración Social.
Le puede interesar: Centros especializados para menores infractores: ¿redención o revictimización?
Por ello, para Orduz, es importante que Colombia cuente con una política pública para las familias y que cumplan con ser ese entorno protector y seguro, para evitar la mayor parte de las violencias. “Si se implementan políticas fuertes, para acompañar a las familias, lograríamos transformar ese entorno y los niños no tendrían que exponerse a los riesgos de la calle”.
20% decide no vincularse
Para el caso de los menores en riesgo o en condición de habitabilidad de calle, equipos psicosociales y legales del Idipron hacen búsquedas y tienen en cuenta aspectos como la permanencia, la alimentación, la educación y el contacto con su núcleo familiar, para clasificar el riesgo. Se inicia con la identificación, el contacto, la motivación y la sensibilización, para generar un vínculo de confianza, que luego permita ingresarlos a la oferta institucional o a Unidades de Protección Integral (UPI), mientras el ICBF restablece sus derechos.
Pero, ¿puede un menor rechazar una oferta de servicios sociales? “De los que entran en etapa de prevención, en promedio el 20% se retira. Pero los recibimos siempre. Siento que es una decisión del ser humano. Aun así, trabajamos para que las UPI tengan más servicios; infraestructura más amena, y más actividades lúdicas, artísticas y creativas, para que no tengan posibilidad de aceptar invitaciones de otro tipo”, argumenta el director del Idipron, Javier Palacios. Orduz agrega: “El adolescente es un sujeto pleno de derechos y tiene capacidad de decidir. Ahora bien, lo importante es saber cómo estamos invitando a que se sume a los procesos”.
El trabajo infantil y la vida en calle son síntomas de exclusión, pobreza y ausencia de redes de cuidado. Seguir fortaleciendo estrategias es clave para guiarlos en un nuevo proyecto de vida, transformando su entorno con la participación de sus familias. Una deuda que todos tenemos para una infancia digna.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
Conoce más