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Hoy Bogotá vive lo que María Fernanda Ortiz, nueva secretaria de Movilidad, define como una “transformación histórica”. Con más frentes de obra activos que nunca (incluyendo la Primera Línea del Metro, el Transmicable de San Cristóbal y nuevas troncales de Transmilenio), la capital soporta un punto de tensión entre el caos vial del presente y la promesa de un sistema de transporte de alta calidad para el año 2028. Esta ingeniera, experta en transporte, que lideró Transmilenio antes de asumir este cargo, explica por qué el enfoque de la ciudad dejó de ser el vehículo para centrarse en la movilidad de los ciudadanos.
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Pasó de gerenciar Transmilenio a liderar toda la movilidad de la ciudad. ¿Cómo ha sido ese salto y cuál será su marca?
Es un reto importante que va más allá del transporte público. Se trata de la movilidad de toda la ciudad, enfocada en el ser humano. Hoy nuestro propósito principal no es mover vehículos o carga, sino mover personas. Ese es el concepto que ha evolucionado y lo que me motiva a liderar este sector.
Los índices globales siempre sitúan a Bogotá como una de las ciudades con peor tráfico ¿Cuál es la meta de velocidad para esta administración considerando que la ciudad está sitiada por las obras?
Estamos viviendo una revolución con la construcción del Metro, cables y troncales como la 68 y la Ciudad de Cali. Esto reduce la capacidad vial por los cierres y desvíos necesarios. Nuestra postura es clara: debemos enfrentar estas incomodidades hoy para tener un sistema mucho mejor en 2028.
¿Por ahora, seguimos en ese “top”?
Sobre los índices globales, tengo objeciones, porque suelen medir solo el tiempo del transporte privado. Bogotá es una megaciudad densa, diseñada para el transporte público y contamos con el único sistema totalmente integrado y con cobertura total en el país, lo cual es ejemplo mundial. Sabemos que tiene oportunidades de mejora y de ahí las obras, para mejorar esa experiencia de viaje de los usuarios. Hoy el tiempo de viaje está ligado a que las personas viven lejos de sus sitios de trabajo y no al desempeño del sistema. El transporte privado es otra situación. Aquí la ventaja es que la mayoría se mueve en transporte público, en bicicleta y a pie.
Hoy nuestro propósito principal no es mover vehículos o carga, sino mover personas. Ese es el concepto que ha evolucionado y lo que me motiva a liderar este sector.
María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá.
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El alcalde Galán mencionó posibles cambios en el Pico y Placa. ¿Qué modificaciones hay sobre la mesa, especialmente para motos o vehículos matriculados fuera de Bogotá?
El Pico y Placa es una herramienta para racionalizar el uso de las vías. Estamos analizando técnicamente medidas como la restricción los sábados para vehículos matriculados fuera de la ciudad, aunque no hay una decisión final. No buscamos afectar a los vecinos de la región, sino organizarnos mejor. El ciudadano debe entender que la movilidad es una tarea compartida. Elegir otros modos de transporte también aporta al beneficio general.
El anuncio del pico y placa para vehículos de fuera de Bogotá generó un choque por la integración regional. ¿Sigue sobre la mesa?
Estamos haciendo análisis técnicos. No es una medida para afectar a nuestros vecinos ni a quienes viven afuera, sino para que nos organicemos mejor en el uso de las vías en Bogotá. La movilidad la hacemos entre todos y no es solo tarea del Distrito. El ciudadano, con el comportamiento, también aporta a que mejore la movilidad y ese es el propósito de este tipo de medidas.
Hoy el tiempo de viaje está ligado a que las personas viven lejos de sus sitios de trabajo y no al desempeño del sistema. El transporte privado es otra situación. Aquí la ventaja es que la mayoría se mueve en transporte público, en bicicleta y a pie.
María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad
Hablemos de control y cultura. ¿Por qué parece tan difícil meter en cintura a los infractores, incluso con el nuevo cuerpo de agentes civiles?
El número de agentes y policías nunca será suficiente para una ciudad de ocho millones de personas. Por eso es importante nuestro aporte como ciudadanos, que no tengamos que tener el policía detrás para que cumplamos la norma. La corresponsabilidad es vital: un vehículo mal parqueado por dos minutos en una vía principal afecta a miles de personas. En esta administración aumentamos en 130 el número de agentes, priorizando la seguridad vial bajo la premisa de la “Visión Cero”: ninguna muerte en el tránsito es aceptable. Trabajamos en controles y pedagogía para cambiar comportamientos. La seguridad vial es el principal criterio que usamos para establecer controles en las vías.
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Precisamente, las fatalidades en siniestros viales parecen ir en aumento este año. ¿A qué se debe esto?
Es multicausal, pero hay un dato clave: el parque automotor de motocicletas creció 25 % respecto al año pasado. Cerca del 50 % de las fatalidades involucran a motociclistas, por lo que vemos que puede existir una correlación y por eso estamos priorizando el trabajo con este ecosistema. Queremos implementar cursos pedagógicos especializados para que los motociclistas entiendan que nuestro objetivo es que lleguen vivos a sus casas.
Se volvió viral el caso del conductor que intentó cruzar un puente peatonal en un vehículo particular. ¿Qué acciones reales se tomaron contra él?
Logramos identificar la placa y al propietario del vehículo, quien tuvo que asumir comparendos, ya que los dueños de los carros son corresponsables de las infracciones. También identificamos al conductor, quien tenía 35 comparendos previos, que sumaban COP 24 millones. Ya avanzan los procesos de cobro coactivo y de embargos. Además, iniciamos el proceso para suspender su licencia y remitimos el caso a la Fiscalía, para que analicen posibles delitos. Desplegamos toda la estrategia, porque ese tipo de comportamientos no se deben presentar en la ciudad, sobre todo porque ponen en riesgo la vida de las personas.
Pero no tiene la licencia suspendida. ¿No debería existir en el país alguna norma que imponga una sanción drástica? Hoy sigue manejando como si nada.
En este momento, no existe y no es posible. Eso tiene un debido proceso y tener garantías en estos procesos también es importante. Podemos estar de acuerdo en que no es justo, porque evidentemente estaba retando a las autoridades y poniendo en riesgo vidas, pero es el proceso. Creo que no vale la pena poner en riesgo nuestra vida por unos “likes” o ser popular.
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Frente al caos actual, el consuelo es que a futuro la movilidad va a mejorar, pero eso depende de que las obras cumplan el cronograma. ¿Cuál es el estado real de las grandes obras y cuándo veremos alivios en la movilidad?
La Primera Línea del Metro ya supera el 80 % de avance; esperamos iniciar la “marcha blanca” en el segundo semestre de 2027 y que opere plenamente en 2028. El Transmicable de San Cristóbal va por el 90 % y debería operar a finales de este año. En la Avenida 68 y la Cali, que han sido obras complejas, hemos diseñado un plan: empezaremos a operar el transporte público y el tráfico mixto también a medida que se entreguen gradualmente las obras, para no tener que esperar hasta que estén todos los tramos, sino sentir beneficios en esa entrega gradual. Eso es una muy buena noticia para la ciudad, porque se sentirán mejoras de velocidad, mayor conectividad.
El déficit financiero del sistema de transporte sigue creciendo. ¿Cuál es el plan para reducir este “hueco”?
Yo propongo no llamarlo “hueco”, sino inversión. En Bogotá, la ciudad cubre el 50 % del costo de mover a los ciudadanos en un sistema integrado con transbordos a cero pesos. En Ciudad de México ese aporte es del 80 % y en Santiago de Chile llega al 65-80 %. Es una decisión de calidad de vida. Eso no significa que no sea un esfuerzo muy importante para Bogotá y para su presupuesto general, pero es necesario. Para aliviar el presupuesto, estamos generando fuentes como las “Ondas Metropolitanas” (desarrollo inmobiliario cerca de estaciones) y buscando mayor apoyo del Gobierno Nacional para financiar el material rodante y sacarlo de la tarifa técnica.
El número de agentes y policías nunca será suficiente para una ciudad de ocho millones de personas. Por eso es importante nuestro aporte como ciudadanos, que no tengamos que tener el policía detrás para que cumplamos la norma. La corresponsabilidad es vital: un vehículo mal parqueado por dos minutos en una vía principal afecta a miles de personas.
María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad
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La diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa del usuario sigue siendo alta, en especial por el servicio zonal.
Que es el que llega a todos los rincones, pero mueve menos pasajeros por kilómetro, lo que hace que sea más ineficiente, pero nuestra responsabilidad es llegar a todas partes así no sea eficiente económicamente. Y por eso no quisiera que se critique ese servicio, porque realmente es necesario, porque nunca podremos llegar ni con un bus grande ni con un tren al barrio.
El operador público La Rolita se creó para conocer detalles financieros de la operación y tener mayores elementos para negociar con los operadores privados. ¿Ha funcionado?
Eso va muy bien y se refleja con la licitación que adjudicó Transmilenio en junio con cofinanciación de la Nación para los 269 buses eléctricos, en la que hubo pluralidad de oferentes y bajaron los costos. Llegaron tres proponentes y ahorramos 20 %. Lo mismo está pasando con el contrato de operación del cable de San Cristóbal. Llegaron cinco oferentes. Entonces, en la medida en que se estructuren bien los proyectos, que el mercado tenga apetito y haya muchos actores, como La Rolita (porque es lo que nosotros siempre hemos dicho, es La Rolita para generar competencia), vamos a lograr eficiencias.
Este año, el aumento del pasaje generó ruido. ¿Qué plan tienen para que esa tarifa no genere tanto impacto en los usuarios?
Lo que pasó este año estuvo relacionado con el incremento sorpresivo del salario mínimo, que impactó en los costos del sistema y tuvimos que hacer un ajuste adicional. Para nosotros es importante mantener un balance entre los ingresos del sistema y los costos, para garantizar la prestación del servicio. Estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, Transmilenio, la empresa Metro en una articulación para construir una política tarifaria que siga teniendo en cuenta la capacidad de pago, la sostenibilidad del sistema, que es muy importante, y las poblaciones vulnerables.
¿Cómo van las gestiones de los proyectos férreos y la integración regional?
Nuestro objetivo es que el sistema de transporte público de la ciudad esté integrado y el trabajo de la Secretaría de Movilidad es coordinar a los diferentes actores. Con la región también estamos trabajando para que podamos también ofrecer un viaje integrado, pero ahí esto no es total. Regiotram va a tener unas tarifas y nosotros otras como ciudad. Eso es un esfuerzo con muchos retos.
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¿Y las discusiones con el Regiotram del Norte?
Hemos tenido unas discusiones complejas, porque necesitamos que ese proyecto también sea el mejor para Bogotá y todavía tenemos unas observaciones que seguimos trabajando con la Gobernación de Cundinamarca.
¿Cuáles son las expectativas con el cambio de presidente?
Tuvimos una primera reunión con la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la cual planteamos esas dos prioridades: la movilidad segura y sostenible. En seguridad vial hay un trabajo que debe ser muy coordinado, y este avanza en los grandes proyectos de infraestructura. Ahí la propuesta para el Gobierno es seguir trabajando en equipo en la adjudicación de la segunda línea del Metro, en la estructuración de la Tercera, en los proyectos regionales, en la renovación de flota del sistema de transporte público de Bogotá. Esa es la senda.
Finalmente, ¿cómo espera entregar la movilidad de Bogotá el 31 de diciembre de 2027?
Espero entregar una movilidad transformada, más incluyente y sostenible. Una ciudad con una red de transporte integrada, con más buses eléctricos y una gestión de tráfico basada en tecnología y cultura ciudadana. Queremos que, incluso con el reto de las obras, hayamos logrado reducir los tiempos de viaje y que seamos todos corresponsables de nuestra vida y nuestro tiempo en la vía.
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Por Alexánder Marín Correa
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