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En las últimas décadas los gobiernos democráticos han entendido que las herramientas preventivas generan una efectividad mayor en la lucha contra la corrupción que los procesos sancionatorios.
La lucha contra la corrupción es un asunto serio y no se agota ni tiene eficacia cuando se limita a la imputación pública que algunas personas, incluidos funcionarios públicos, realizan, sin sustento fáctico, señalando que existe corrupción en determinados procesos o que algunos funcionarios o gobiernos son corruptos, sin que exista nada diferente a una percepción que genera un impacto mediático, que contribuye poco en la mejora de los índices de probidad. Por el contrario, los juicios de valor sin evidencias generan una percepción negativa en la ciudadanía y una sobrecarga a la administración de justicia, que se ve obligada a iniciar procesos que, por la ausencia de esas evidencias, terminan en archivo, tras un desgaste de tiempo y de recursos que afecta la pronta y expedita justicia que todos reclamamos.
El tildar a servidores públicos como “hampones” o “corruptos” sin que medie una sentencia judicial que establezca, sobre la base de un proceso con la ritualidad legal correspondiente, que ese servidor incurrió en conductas ilegales o no probas, no es una acción preventiva, ni forma parte de la lucha contra la corrupción. Es sólo una forma de pisotear impunemente la honra y de generar en el imaginario colectivo una visión equivocada de la realidad. Es momento de fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción y generalizar las acciones verdaderamente preventivas a lo largo y ancho del país, evitando los juicios de valor que no aportan a la causa de la probidad. La seriedad y la veracidad en las denuncias son parte de esa lucha.
* Veedora distrital
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