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Según Ingeominas, la cuarta parte de la población en Soacha vive en zonas de alto riesgo, que equivalen a la tercera parte del municipio. Además hay 152 barrios ilegales con problemas de servicios públicos, el 70% de su población es de estratos uno y dos y cerca de 1.400 familias necesitan ser reubicadas, panorama que hace más difícil que el municipio salga de la emergencia invernal.
Claudio Galán Pachón, alcalde encargado, hace referencia a la poca capacidad económica que tiene el municipio para suplir sus necesidades.
A parte del fenómeno natural, ¿qué factores incidieron para que se agudizaran los impactos de la ola invernal en Soacha?
Por un lado, las redes de acueducto del municipio son precarias, además se siguen haciendo explotaciones de canteras de manera ilegal, las cuales dejan terrenos inservibles para desarrollar viviendas.
Por otro lado, falta inversión pública. Se calcula que el municipio requiere al menos medio billón de pesos para solucionar el problema de alcantarillado y además expandir esa capacidad para los proyectos de vivienda de interés social que están planeados.
Soacha necesitaría invertir durante 100 años la totalidad de su Sistema General de Participaciones en agua potable para garantizar esas proyecciones. La idea es poder cofinanciar las inversiones.
¿En qué va el proceso de reubicación de las familias que viven en zonas de alto riesgo?
Creemos que son cerca de 8.000 viviendas que deben ser reubicadas. Tenemos que aprovechar que en Soacha se están proyectando mil viviendas, dentro de la meta del Gobierno Nacional de hacer un millón de viviendas en el país. Los recursos los estamos gestionando entre Gobierno Nacional, departamento, municipio, con los promotores, constructores y con el sector privado que ha estado interesado en poner recursos.
La ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe Botero, anunció al final de año que el Gobierno dará recursos equivalentes al 60 ó 70% de lo que costaría cada vivienda. Entonces, $11,4 millones más $11,7 millones —que es como va a aquedar el subsidio de las cajas de compensación— son aproximadamente $23 millones. Como cada casa costaría $30 millones, la tercera parte se tendría que cofinanciar entre departamento, municipio y sector privado.
La idea es que a finales de este año haya 1.000 ó 1.100 viviendas para reubicar urgentemente a 1.400 familias.
Las familias que deben evacuar pero que no se van por temor a que el municipio y el Gobierno les fallen y son desalojadas, ¿para dónde se van?
Lo que se está haciendo es el pago de un subsidio de arriendo de $250.000, lo cual hace más fácil que la gente salga. Subsidio que es mejor que el que paga Bogotá.
Sin embargo, no a todas se les ha hecho fácil encontrar dónde vivir y no es porque el subsidio sea bajo, sino porque hay familias muy numerosas a las que les queda difícil que con esos recursos les arrienden algún lugar.
Ahora bien, efectivamente hay gente que no deja su casa por miedo a que no le respondan. La administración dice: “Sí, le vamos a dar un subsidio de arriendo por seis meses y además va a tener casa propia siempre y cuando usted sea poseedor. A quienes vivan en arriendo se les da un subsidio de dos meses”.
También estamos trabajando en la construcción de un albergue con casas prefabricadas para aquellas familias que son numerosas.
Si pasan los seis meses y no están listos los proyectos de reubicación, ¿qué ocurrirá con esas familias?
Seguiremos apoyándolos con el subsidio de arriendo hasta que salga el proyecto de reubicación: esto ya ha pasado en Soacha con quienes resultaron afectados con el invierno de 2009 y se les ha prorrogado el subsidio.
Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para que se dispongan viviendas de reubicación en urbanizaciones que ya estén vendiendo para que este proceso sea más rápido.
¿Esta problemática que tiene Soacha es causada por la falta de planeación y políticas de prevención de la administración municipal?
Sí, una falta de planificación histórica. No se le puede achacar a un solo gobierno, existen responsabilidades de todos: de los constructores piratas, de la misma comunidad que se ubicó en zonas que no tenían las condiciones, de administraciones que no pudieron frenar esa ocupación ilegal…
También son muchos temas que se escapan a la realidad local y responden a factores que vienen de afuera, como la violencia, el desplazamiento.
En el municipio es en donde más debería darse el principio constitucional de la solidaridad. Soacha no se puede dejar sola, se necesita cofinanciar las inversiones porque no tiene la capacidad, por ejemplo, para atender los subsidios para estratos uno o dos porque no hay estratos altos que los subsidien.
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