No todos serán indemnizados por Doña Juana

Por este hecho, tras la demanda de un grupo de habitantes, en 2012 el Consejo de Estado ordenó al Distrito indemnizar a todas las personas que demostraran que residían o trabajaban en la zona a finales de 1997. Tras 22 años y cuando muchos de los afectados esperaban que se cumpliera el fallo (tarea a cargo de la Defensoría del Pueblo), hoy la molestia es generalizada.

La razón: por ejemplo, en el Mochuelo Alto como en el Bajo, veredas que colindan con la zona de la tragedia ambiental, inexplicablemente a muchos les negaron la indemnización. Incluso, a personas que viven en la zona hace más de treinta años, antes de que surgiera el relleno. La misma situación se replica en los otros barrios afectados.

La noticia la vienen conociendo desde el pasado 21 de agosto, fecha en la que la Defensoría empezó a enviar las notificaciones, en las que se les informa a los solicitantes si fueron aceptados o no como beneficiarios. A los que dejaron por fuera les explican las razones.

A Betsabé Crispín, quien vive en el barrio El Triunfo, de Ciudad Bolívar (que por su distancia al relleno lo clasificaron en el segundo anillo), la excluyeron, porque a pesar de haber probado que vivía en la zona, en los recibos de servicios públicos que adjuntó no figura como titular de la cuenta. En el barrio La Aurora, de Usme (en el tercer anillo), también ronda el inconformismo. A la mayoría los excluyeron, porque no allegaron todas las pruebas y, por consiguiente, no se pudo verificar que vivían en la zona en la época de los hechos. Ellos rechazan el argumento, pues aseguran que cumplieron las directrices de la Defensoría al pie de la letra.

Quizá donde hay más inconformismo es en El Mochuelo, que está en el primer anillo de afectados; es decir, a menos de un kilómetro del relleno. Por ahora, pocos han recibido buenas noticias. Según Yasmín Muñoz, una de las líderes de la zona, fuera de eso se han presentado casos controversiales, como el de una familia que vive en el Mochuelo Bajo, donde a pesar de que la Defensoría notificó que indemnizaría a la hija, que por la época del derrumbe tenía siete años, excluyeron a sus padres. “No es claro cómo hicieron la selección, porque es imposible que esa niña hubiera vivido sola en la casa. Así hay varios casos, no he escuchado a más de cinco personas a quienes la notificación les haya salido favorable”, agregó Muñoz.

En la mayoría de los casos hay negativas que se repiten. Por ejemplo, hay notificaciones en las que se alega que el solicitante, si bien presentó el documento de la encuesta del Sisbén, en los registros no figura como censado. O a los que entregaron como prueba el recibo de energía o acueducto les dijeron que los datos georreferenciales no coinciden con las bases oficiales.

Dado que muchos de los reclamantes fueron excluidos, varios se han unido para radicar una carta ante la Procuraduría, con el fin de que se haga una auditoría, pues consideran que las decisiones fueron injustas y, de acuerdo con Muñoz, se están cometiendo “otros atropellos”, como el estar enviando notificaciones solo a través de la página web, “sin tener en cuenta que hay personas en la zona rural que no tienen ni siquiera correo electrónico”.

Al respecto la Defensoría del Pueblo aclaró en un comunicado que quienes no autorizaron la notificación electrónica la recibirán personalmente a partir del 16 de septiembre, para lo cual enviarán citaciones a la dirección de contacto registrada, trámite que será gratuito. Pese a esto, el temor continúa, pues los afectados solo tienen diez días, desde el momento en el que reciban la notificación, para apelar la decisión. “Mucha gente de la ruralidad no cuenta con herramientas para interponer las acciones legales”, puntualizó Muñoz.

Para apelar se habilitó en la página www.donajuanaleresponde.defensoria.gov.co un espacio para anexar documentos. Por ahora solo resta esperar que el proceso de notificación termine, con el ánimo de establecer de manera certera cuántas personas fueron aceptadas o excluidas del proceso. Una vez surtido este proceso y se respondan las apelaciones, la Defensoría enviará la información al Tribunal de Cundinamarca para que realice la redistribución de $227.000 millones reservados para indemnizar a las víctimas del derrumbe. Aunque la meta es pagar el próximo año, solo se tendrá certeza una vez se analicen los casos de los inconformes, entre quienes se encuentran personas que viven allí desde antes del relleno y que aún se siguen viendo afectadas por vivir en inmediaciones de Doña Juana.