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La última vez que Bogotá promulgó una política pública de sustancias psicoactivas (SPA) fue en 2011. La directriz, para una vigencia de 10 años, hoy sigue a pesar de los cambios en la oferta, en las formas de consumo, en las edades de las primeras experiencias y en las estrategias de distribución.
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Dicho esto, hay que tener en cuenta que las SPA no solo son sustancias ilícitas. Si consume café, cigarrillo, alcohol o ansiolíticos se suma al grupo, pues por definición es “toda sustancia que introducida al organismo produce alteración del sistema nervioso central y puede crear dependencia psicológica o física”.
Ahora, tras la larga espera, la Secretaría de Salud anunció que, junto con las secretarías de Educación, Integración y Cultura, suscribió un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina, orientado “a la formulación de una nueva política pública de SPA, de carácter intersectorial, participativo y que promueva la salud pública y la convivencia ciudadana”.
Los principales retos
Sin duda, lo principal es que la nueva política responda al momento histórico que vive el mundo con las drogas y que, además, se pueda modificar según las circunstancias, ya que regirá por 10 años. “Arrancamos la formulación, y el objetivo se definirá en el proceso. No quiere decir que no sepamos por dónde comenzar. El tema es que la crítica a la política actual es que responde a una estrategia de gobierno y no a una política pública. Obvio, esta administración busca dejar su visión, pero con las demandas de todos los grupos de interés para generar un consenso”, explica Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.
Otra crítica a la política vigente es que fragmentó los componentes de oferta y demanda. “Hay oferta de personas y organizaciones criminales, y una demanda de consumidores, desde casuales hasta dependientes. Eso lo separaron, porque el primero se veía como tema de seguridad, y el otro, de salud pública. Lo que hoy dice la evaluación de expertos (se hizo en 2022) es que el derecho es ver cómo la oferta alimenta la demanda y viceversa”, resalta.
A este ajuste se sumaría un nuevo enfoque frente a la reducción de riesgos, en el que un consumidor pueda acceder a un tratamiento con enfoque social, en el que no pierda su empleo, no termine en habitabilidad de calle ni genere conflictos a nivel intrafamiliar. Que puedan mitigar los riesgos, en especial con consumos problemáticos. Otro desafío será modernizar la estrategia educativa para contrarrestar la hiperinformación que reciben los jóvenes con participación comunitaria. Por ejemplo, que los padres tengan herramientas para ejercer prevención.
La formulación plantea cuatro fases: 1) Preparación y alistamiento: organizar equipos técnicos, metodologías e instrumentos para la participación; 2) Consulta participativa, que involucrará a 11.000 personas con encuestas, mesas de trabajo y grupos focales para identificar el problema público, los puntos críticos y alternativas; 3) Formulación técnica, para definir el marco conceptual, la gobernanza, los ejes estratégicos y el plan de acción, así como la evaluación, y 4) Aprobación y socialización de la política.
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Aprender de la experiencia
El Espectador consultó con Julián Quintero y Gina Díaz, de la corporación Acción Técnica Social (ATS), que trabajan desde 2007 en el diseño de políticas públicas y en la promoción de los derechos de los consumidores de SPA desde un enfoque de prevención, reducción de riesgos y daños. Quintero, director de ATS, fue uno de los cinco técnicos que participaron en la formulación de la política de 2011, y su voz da cuenta de lo que hay que corregir: “En la estrategia de 2011 no hubo una estructura técnica sólida, lo que derivó en ausencia de indicadores, plan de acción y falta de recursos. Entonces, sin plan ni plata, y con lo que ha sucedido en estos 14 años, podemos decir que esta política fue un saludo a la bandera”.
Su afirmación la complementa Díaz: “Hablamos de que el consumo, en especial problemático, responde a desigualdades estructurales, a exclusión, a falta de educación sobre drogas y de atención en salud mental, que en Bogotá sigue siendo un lujo y varía según el territorio y las condiciones económicas. La nueva política debe tener todos estos factores para ir más allá del discurso prohibicionista”.
El reto de la coyuntura histórica
Hoy la discusión sobre drogas se aleja de la prohibición y se acerca a las libertades individuales. “Bogotá tiene altísima disponibilidad de sustancias y un consumo que pasa por todos los estratos. Hay, además, un mercado que mutó y está en la esquina, la fiesta, el colegio o la casa. Eso nos exige una respuesta que no sea solo institucional, sino cultural, educativa y creativa”, dice Quintero.
En ese orden, señala que el ideal de la política es que propenda a que la ciudadanía entienda y aprenda a convivir con las drogas en el entorno. “Insistir en la prohibición o pensar que las drogas desaparecerán es ilógico. Asimismo, hay que entender que existe una sociedad que se relaciona (y se droga) diferente tras la pandemia y tiene pocas herramientas de salud mental”.
Otra preocupación de ATS es el papel de Naciones Unidas en la formulación, ya que es referente del prohibicionismo en el mundo. “Hoy la conversación es por las libertades individuales, la educación sobre las drogas y la reducción de daños. Es clave que la ciudadanía no solo valide lo decidido, sino que esté en el centro del diseño, implementación y evaluación de la política. Reconocer la participación como derecho y no como estrategia”, advierte Díaz.
La tendencia hacia las libertades implica un cambio en la manera de acompañar el consumo: servicios donde no exijan abstinencia para recibir atención, reconocer el consumo recreativo y ritual sin estigmatización, y que la salud mental tenga enfoque comunitario, especialmente para los más vulnerables, víctimas frecuentes de la persecución por consumo. Son pasos que la política debe plantear para estar a la vanguardia de la discusión.
Mientras la Alcaldía avanza con la formulación, se espera que en agosto empiece el proceso participativo en las localidades para debatir las objeciones y recomendaciones, y llegar al consenso. Y en ese orden de ideas, se espera que la política comience su derrotero a partir del próximo año. Dotar de instrumentos independientes de evaluación a la ciudadanía y blindar la política con recursos a futuro serán pasos elementales para garantizar su implementación y que los consumidores, los directamente asociados, puedan ser parte y decidir de manera autónoma sobre su cuerpo y los efectos que su consumo tiene a nivel individual y colectivo.
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