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Detrás de la noticia de muchos feminicidios hay una historia similar: la de una mujer, víctima de un cúmulo de violencias, que pidió ayuda sin éxito. Y son este tipo de casos los que diezman la confianza en la denuncia y en el accionar de la justicia. Hoy, para robustecer estas valoraciones y emitir medidas de protección a tiempo a favor, el Ministerio de Justicia expidió una guía técnica que todas las Comisarías de Familia del país deberán adoptar. ¿Qué cambia para las mujeres en riesgo de feminicidio?
Bogotá, entendiendo su densidad poblacional, es una de las ciudades que más feminicidios e intentos de feminicidios reporta en el país. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2025, se reportaron 342 asesinatos y 662 intentos, una preocupante evidencia sobre el grueso volumen de mujeres en riesgo extremo y la urgente necesidad de un Estado que las proteja.
Aunque Colombia cuenta con un robusto marco legal y constitucional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en la práctica, este choca con una serie de limitaciones de acceso a la justicia. De acuerdo con el cuarto informe de la OEA, sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará en América Latina (2025), existe déficit en la capacidad para atender solicitudes de refugio (cuando hay un riesgo extremo de feminicidio) y las medidas de protección están limitadas a la violencia intrafamiliar. A esto se suma una disparidad nacional frente a capacitaciones sobre violencia de género; falta de tribunales especializados o discrepancia significativa entre el número de denuncias reportadas y el número de casos que terminan en sentencias.
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Y todo parte de los vacíos en la tipificación del delito. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), de la Secretaría de la Mujer, resaltó que, entre 2023 y 2024, se registraron 212 asesinatos de mujeres en Bogotá, de los cuales solo 47 los tipificaron como feminicidios y otros 43 pudieron haber sido tipificados como tal, pues tenían indicios de motivación por razones de género.
74 % de las víctimas de feminicidio no tenía una medida de protección
Las Comisarías de Familia en Bogotá, gracias a su cercanía en las localidades, funcionan como la puerta a la justicia para las mujeres. Con 38 sedes, brindan orientación y atención especializada; adoptan medidas urgentes de protección; activan rutas integrales para las víctimas e informan a la Fiscalía sobre hechos de violencia en el contexto familiar o casos de riesgo de feminicidio, entre otros servicios. Su rol es fundamental, entendiendo que el feminicidio no es un acto aislado, sino el desenlace letal de un continuum de violencias. Sin embargo, no siempre se identifican de forma temprana las señales de riesgo.
Según el informe ‘Vidas que importan, datos que cuentan’ de la Secretaría de la Mujer, 35 de las 47 víctimas de feminicidio registradas entre 2023 y 2024 no contaba con medidas de protección (74%). Además, el 40 % había acudido a una comisaría para denunciar conflictos familiares —definición de la custodia, visitas y cuota de alimentos de hijos/as—; tentativa de feminicidio (10 %), amenazas y violencia vicaria (5 %), entre otros.
Incluso, en los casos dónde sí hubo intervención institucional, persistió el riesgo. De las 12 mujeres que contaban con medidas de protección previa, cuatro de ellas reportaron incumplimiento del agresor. “Los datos indican que la respuesta institucional no fue suficiente para interrumpir la violencia y evitar el desenlace feminicida”, resalta el documento.
Revictimización y otras barreras
En el momento en que una mujer manifiesta ser víctima de violencia puede pedir medidas de protección, para reducir o poner fin al riesgo, mientras el proceso avanza ante la autoridad competente. Así lo define la Ley 2126 del 2021, que regula el funcionamiento de las Comisarías de Familia. Las medidas se pueden solicitar, siempre y cuando no hayan pasado más de 30 días desde la fecha de los hechos de violencia, salvo en casos donde, por actos de fuerza o violencia del agresor, la víctima no hubiera podido comparecer.
La ley define, además, que estas medidas, tanto provisionales como definitivas, pueden variar según las violencias y el grado de riesgo identificado: orden para el servicio de acogida en Casa Refugio de la Secretaría de la Mujer; apoyo psicológico para las víctimas; ordenes de desalojo del agresor, y apoyo de la policía, para que acompañe a la víctima a su vivienda, entre otros.
Sin embargo, lo que parece claro y sencillo se enfrenta a una serie de hechos o barreras que terminan por revictimizar a las mujeres o hacen que las medidas no sean eficientes. Por ejemplo, el tener que contar varias veces su caso en la entrevista, la audiencia o en las jornadas de seguimiento, lo que devela una falta de enfoque de género. Además, en ocasiones, las comisarías desconocen el derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor.
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Si a esto se le suma el alto volumen de trabajo que acumulan los comisarios o su falta de capacitación, así como el déficit de policías para garantizar las rondas de vigilancia a las víctimas (peor, cuando el agresor es un uniformado), hay una serie de hechos que impiden una protección real, como documentó un estudio de la Universidad Externado de Colombia (2024).
¿Qué cambia con la nueva guía?
“Hay que decirlo: nuestros operadores jurídicos, muchos de ellos hombres, siguen sin tomarse en serio los riesgos de feminicidio. Desnaturalizan las declaraciones de las mujeres; no les dan la importancia necesaria, y eso puede constituir un riesgo enorme de feminicidio. A la mujer siempre hay que creerle”, fueron las palabras del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, durante la presentación de la nueva guía dirigida a las Comisarías de Familia del país.
Esta hoja de ruta, dirigida a psicólogos y trabajadores sociales, busca aplicar instrumentos especializados para que se identifique de manera técnica si una mujer está en riesgo de feminicidio, a partir de cuatro ejes de valoración: antecedentes de violencia, conductas de control y dominación, amenazas y percepción de riesgo de la mujer, así como cambios recientes en la dinámica de la relación.
Cabe recordar que estos profesionales, que integran los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia, reciben de primera mano el relato de los hechos, brindan la atención psicosocial y tramitan la solicitud de medida de protección, bajo instrumentos psicosociales destinados a valorar la afectación a la vida, cuando la violencia se asocia al género.
El cambio busca reducir el margen discrecional y dotar a los profesionales de criterios objetivos y rigurosos aplicados a factores de riesgo de feminicidio en relaciones de pareja y expareja heterosexual, en parejas conformadas solo por mujeres y en contextos de cuidado. Esto último, como alguno nuevo, pues amplía la mirada de que las violencias de género no solo ocurren en una pareja, sino en un contexto de convivencia, protegiendo a adultas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia económica.
“Este instrumento unifica estándares técnicos en todo el país para promover la articulación efectiva entre comisarías, Fiscalía, Policía, Medicina Legal, ICBF y autoridades territoriales, activando una respuesta integral y reduciendo la revictimización, para que las mujeres no teman ir a las autoridades al momento de recibir ayuda”, sentenció Sara Romero, directora de Justicia Formal del Ministerio de Justicia.
Con todo lo anterior, esta guía busca proteger a mujeres mayores de 14 años que se encuentran en procesos de separación o ruptura de la relación con el agresor, cuando existen amenazas directas o indirectas hacia los hijos o cuando el agresor tiene acceso a armas de fuego o explosivos, entre otros factores de riesgo.
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El Ministerio de Justicia señaló que la aplicación adecuada de esta guía requiere capacitación especializada y entrenamiento previo en su uso, por lo que definió que la aplicación gradual debe durar máximo 5 meses.
Natalia Velasco, subdirectora para la Familia de la Secretaría de Integración Social, destacó que el documento les permitirá unificar criterios entre entidades y avanzar hacia una atención más articulada. “Evita que las mujeres tengan que repetir su historia en cada institución y fortalece la toma de decisiones oportunas para su protección”.
La guía llega para Bogotá, en un contexto donde, durante enero y febrero de este año, la Secretaría de la Mujer reportó 481 mujeres valoradas por riesgo de feminicidio, de las cuales 221 están en riesgo extremo. De este total, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa fueron las tres localidades con más valoraciones. Mujeres que acudieron a las autoridades no solo para narrar su violencia, sino para buscar un Estado que las escuche y proteja, antes de que sea tarde.
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Por María Angélica García Puerto
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