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La semana pasada El Espectador registró el caso de Edy Fonseca, vigilante de un edificio residencial en el barrio Los Rosales, quien por más de un mes fue obligada a permanecer en su puesto de trabajo pues, según sus empleadores, así lo ordena el Gobierno Nacional.
Gracias a la llamada que hizo el papá de una de las residentes del edificio a la Línea 123, Fonseca pudo recibir atención médica. El personal de salud que la atendió encontró que estaba entrando a un coma diabético, tenía azúcar alta, parálisis facial y problemas para respirar. Las autoridades avanzan en la investigación del caso.
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En las últimas horas, City Noticias encontró un segundo caso en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, el del celador de la bodega de una “reconocida cadena de restaurantes”, quien asegura permanecer encerrado durante 48 días.
No sale del lugar porque dice que sus empleadores ven eso como un abandono del cargo, por lo que sería despedido. Al parecer, trabaja bajo la informalidad y teme quedarse sin ningún tipo de ingreso económico.
Él, con 56 años de edad, explica que duerme en una ‘cama’ que improvisó con dos sillas. Hay días en los que no sabe si es de mañana o de noche. Sus empleadores lo tienen totalmente abandonado, pues asegura que después de la primera semana de encierro no ha vuelto a saber nada de ellos, más allá de las dos consignaciones que le han hecho, una por $400.000 y otra por $500.000.
Su única forma para comunicarse con el mundo exterior es una ventanilla, mediante la cual sus familiares cada noche le pasan los alimentos. No puede abrir la puerta principal, pues la bodega cuenta con un sistema de seguridad que haría sonar las alarmas.
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“Por los problemas de la pandemia me dijeron que tenía que quedarme hasta nueva orden, por lo que no había quien cuidara la empresa. Yo les dije que bueno, que no había ningún problema. Pues uno cuenta con que le paguen o le dejen alimentación, y cuando ya empecé fue como a la semana que ellos se desaparecieron”, dijo, al mencionado medio de comunicación, el vigilante de apellido Bolívar.
El Espectador contactó al abogado laboralista Víctor Julio Díaz para conocer las afectaciones legales en las que se estarían incurriendo alrededor de estos casos. El profesional no duda en que esto se configura como un abuso por parte de los empleadores, ya que toda persona tiene derecho a retirarse de su lugar de trabajo una vez termine la jornada. De llegar a comprobarse los hechos denunciados, puede haber sanciones administrativas, e incluso de otro tipo, en contra del o los responsables.
“Yo no me atrevería a decir que se trate de un secuestro, porque esa es una actividad que tiene unos fines económicos. Aunque el secuestro simple es cuando se retiene a alguien en contra de su voluntad. Más que algo penal veo es unas violaciones a los derechos de esta persona como trabajador y como persona, es decir, el derecho a la movilización, a su familia, al desarrollo de su personalidad”, explica Díaz.
Además, diceque el argumento de los empleadores, de que se trata de un abandono del puesto de trabajo, no tiene fundamento, pues un abandono del cargo es cuando el trabajador se retira sin una justa causa y sin autorización de sus superiores. “La ley no dice cuándo se considera que es abandono del cargo, se ha entendido cuando el trabajador dejar de prestar el servicio tres días o más sin una causa justificada.”, agrega.
Bajo estas condiciones, las personas víctimas de este tipo de abusos tienen derecho a una indemnización por despido injusto, además del pago de las horas extra (diurnas, nocturnas o de trabajo en domingo). También el Ministerio del Trabajo podría imponer una multa en contra del empleador.