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El sector de La Azotea, en Ciudad Bolívar, es ejemplo del reto que representa formalizar la vivienda en zonas vulnerables de Bogotá. Allí, a pesar de que se planteó un plan de renovación para construir vivienda, la iniciativa urbanística fracasó y hoy es motivo de una disputa entre el Distrito y un constructor, que avanza mientras las familias siguen sometidas a dinámicas que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino su bienestar.
El sector tiene una amplia historia de irregularidades, delitos y conflictos donde han sido protagonistas los “tierreros”, personas que reclaman propiedad sobre la tierra, y las familias que hallaron en esta zona montañosa y periférica un lugar donde levantar sus viviendas. Hace tres años la Procuraduría intervino en un conflicto por la titularidad de los predios, que terminó en formular cargos a una funcionaria.
Hoy el Ministerio Público interviene de nuevo, pero para evitar que se agrande un pleito entre la Alcaldía y un constructor, a quienes citó este 21 de enero para una audiencia de conciliación con el fin de resolver un nuevo frente jurídico, relacionado con el fallido desarrollo urbano del sector. Los convocados son la Alcaldía (que participará a través de las secretarías de Hábitat y Planeación) y el desarrollador urbano Grupo Malkenu, proponente del parcial parcial.
Malkenu denuncia que en diciembre de 2021 radicó una propuesta para desarrollar un plan parcial denominado Ciudad Bolívar 75 – Azoteas, para construir casi 75.000 viviendas de interés social y, a pesar de que el Distrito tenía 90 días para pronunciarse sobre su viabilidad, según Eduardo Romano (representante legal de la compañía), la Secretaría de Planeación no notificó adecuadamente la decisión en la que se descartaba la propuesta.
En su defensa, Planeación señala que, en efecto, elaboró un documento técnico de 16 páginas, en el que expuso por qué la construcción de vivienda allí no resultaba viable y, en consecuencia, desestimó el plan parcial. Sin embargo, allí surge el meollo del asunto: mientras el desarrollador insiste en que la respuesta no se le notificó en los plazos de ley, la entidad distrital sostiene que sí lo hizo, pero que por un posible error de tipeo la envió a una dirección electrónica equivocada.
En medio de este cruce de versiones, la Procuraduría convocó el proceso conciliatorio para que ambas partes intenten resolver el diferendo por fuera de los estrados judiciales. El problema es que el desarrollador advierte un daño avaluado en casi COP 2 billones, no solo por el cortocircuito en la notificación, sino por lo que considera una oportunidad negada al desarrollo formal de un territorio históricamente asediado por los tierreros; los riesgos inherentes del terreno y, en algunos episodios, por las dinámicas asociadas al narcotráfico.
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Con este nuevo conflicto que se cierne sobre La Azotea, resulta inevitable volver la mirada a la historia y el persistente flagelo de la informalidad habitacional en este lugar, ubicado a pocos metros del barrio El Paraíso, que encontró un punto de inflexión con la instalación del primer —y hasta ahora único— cable aéreo de transporte de Bogotá.
La Azotea: una tierra en disputa
Hablar de La Azotea es hablar de uno de los territorios más complejos y disputados del sur de Bogotá. Se trata de un extenso conjunto de predios, con más de 300 hectáreas, ubicados en la ruralidad de Ciudad Bolívar, en inmediaciones de Mochuelo Alto y en el límite con Soacha. Durante 15 años, este suelo ha sido escenario de litigios, ocupaciones irregulares y maniobras administrativas que terminaron por convertirlo en un símbolo del desorden urbano.
Investigaciones periodísticas de El Espectador, que recogieron decisiones judiciales de toda esta etapa, han documentado cómo, desde los años 90, el sector fue blanco de urbanizadores ilegales y presuntos tierreros, que aprovecharon la fragilidad institucional y la desesperación de cientos de familias sin acceso a vivienda formal.
En ese entramado aparecen, desde 2011, querellas policivas mal tramitadas, decisiones administrativas anuladas por los jueces y procesos disciplinarios que siguen abiertos. No en vano la Procuraduría formuló cargos en 2023 contra la entonces corregidora de Mochuelo Alto, por actuaciones irregulares en predios conocidos como La Azotea, al encontrar violaciones al debido proceso y, presuntamente, fallar indebidamente a favor de Rafael Armando Forero Pulido, hijo del excongresista Rafael Forero Fetecua, nombre ampliamente conocido en la periferia sur de la ciudad.
Ese pasado dejó una huella profunda con títulos de propiedad en disputa; ocupaciones informales que se expandieron sin servicios básicos y un territorio atrapado entre la expectativa del desarrollo y el peso de su propia historia.
El plan parcial Azoteas, la promesa que no prosperó
En ese contexto nació el plan parcial Ciudad Bolívar 75 – Azoteas, una ambiciosa propuesta de desarrollo urbano, planteada por Malkenu, que buscaba ordenar el territorio mediante la construcción masiva de vivienda de interés social. El proyecto planteaba transformar un suelo históricamente informal en un nuevo polo urbano con miles de viviendas, espacio público y equipamientos, bajo las reglas del urbanismo formal.
Sin embargo, el plan se estrelló contra la realidad técnica. En la respuesta a la formulación del plan del desarrollador —que aparentemente nunca llegó por un error de dedo— la Secretaría de Planeación concluyó que el área presentaba restricciones estructurales; ausencia de factibilidad de acueducto; condiciones de riesgo geotécnico; conflictos con la estructura ecológica principal y limitaciones de infraestructura vial, lo que hacía inviable una urbanización de esa magnitud en la Azotea.
A ello se sumaron los cambios normativos introducidos por el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que reclasificaron el suelo y cerraron la puerta al desarrollo urbanístico. Ahora queda la audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría, la cual abre un nuevo capítulo en esta historia. De fracasar el acuerdo, el Distrito podría enfrentar una demanda multimillonaria y, de paso, quedaría con una tarea pendiente: ¿qué hacer con La Azotea y las zonas informales? El territorio sigue allí, habitado, vulnerable y sin una solución estructural a la vista.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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