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Como una larga pelea de boxeo, este viernes se registrará un nuevo “round” del pleito que libran hace 10 años la Uaesp y CGR alrededor de la operación del relleno sanitario Doña Juana. A las 9:00 de la mañana, de forma virtual, se dará a conocer la decisión del tercer laudo arbitral, en el que el privado reclama $330.000 millones por costos, gastos e inversiones, y el Distrito exige el pago de $115.000 millones por incumplimientos del contrato.
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Los árbitros Luis Guillermo Dávila, Germán Alonso Gómez Burgos y el exconsejero de Estado Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, luego de analizar las evidencias y argumentos de las partes, dictaminarán quién tiene la razón. Sin embargo, no será tarea fácil, pues si bien CGR lo planteó como un nuevo pleito, usa en esencia el mismo argumento del caso que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: ajustes a la tarifa.
El laberinto jurídico
Para comprender el caso es clave recordar el segundo laudo, que se falló en abril de 2023. En ese momento, entre muchas otras decisiones, los árbitros condenaron a la UAESP a pagarle $64.000 millones a CGR bajo el argumento de que las tarifas fijadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) entre 2015 y 2018 resultaron insuficientes para la expansión y mantenimiento del relleno sanitario.
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Sin embargo, en agosto de 2024 el Consejo de Estado revocó el fallo, especialmente en lo relacionado con el pago al operador, al considerar que los árbitros se extralimitaron en sus funciones al pronunciarse alrededor de la tarifa de aseo y fijar unos pagos con efectos retroactivos, asuntos queal ser competencia exclusiva de la CRA como ente regulador nacional no se podían debatir en un arbitraje. Esto llevó a que la pelea alrededor de la tarifa la asumiera el Tribunal de Cundinamarca.
Pese a la claridad argumentativa del Consejo de Estado y a que el caso sigue activo en la justicia contencioso-administrativa, CGR formuló una nueva demanda arbitral para insistir en el pago. En esta oportunidad no hablaron de tarifas, sino de que la deuda obedecía a gastos e inversiones que la administración le debía reponer. No obstante, de fondo todo apunta al mismo tema, como lo resaltó el Ministerio Público en un concepto en el que señaló que existe “identidad” entre la controversia del 2023 y la actual.
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Desde el Distrito, no solo se sienten respaldados con este concepto al considerar que no tiene lógica que los árbitros debatan un asunto que sigue sin resolverse en el Tribunal de Cundinamarca, sino que consideran que las pretensiones del operador del relleno son desproporcionadas, basadas en informes de peritos, sin facturas que sustenten los supuestos gastos.
Bajo la lupa
El contexto alrededor de CGR es complejo. Informes de la Superintendencia de Servicios Públicos han evidenciado históricamente un panorama financiero caótico, con altos niveles de endeudamiento y pasivos con proveedores. Esto ha sido el principal argumento de defensa de la empresa para justificar sus “pecados”, al señalar que desde el comienzo han sido mal remunerados, situación que ha impactado la operación eficiente del relleno.
Entre muchos reparos, la planta de tratamiento de lixiviados (PTL) ha sido el centro del conflicto ambiental. Según la Contraloría de Bogotá y la interventoría, el operador no ha cumplido con los parámetros de vertimiento en el río Tunjuelo. Además, en los barrios aledaños como Mochuelo Alto y Bajo, la emergencia sanitaria es permanente.
Todo esto ha llevado al prolongado pleito entre la administración y CGR, que siguen atados a través del contrato de operación que se firmó en 2010 y el cual, según el laudo de 2023, estaría próximo a terminar. Aunque CGR apeló a una cláusula que liga su operación a a la vida útil del relleno, los árbitros fueron enfáticos en decir que el contrato terminará cuando expire la actual licencia ambiental, fecha que sigue siendo incierta. De momento, con el contrato vigente, las diferencias se seguirán resolviendo en los tribunales, como ocurrirá este viernes.
Lo que está en juego
Si los árbitros deciden hoy viernes condenar al Distrito, el dinero iría directamente a las arcas de la contratista y sus socios. Por el contrario, si la UAESP logra que se reconozca su demanda de reconvención por los incumplimientos contractuales, el Distrito tendría más argumentos para recuperar el control operativo del relleno, situación que se ha dilatado en medio de los procesos judiciales.
El tema es que, independiente de la decisión de hoy, esta no será la última vez que se vean la cara el Distrito y CGR ante una autoridad judicial. Todavía está en veremos el proceso ante el Tribunal de Cundinamarca y luego vendrá tal vez uno de los más complejos, cuando el operador del relleno deba devolver el sitio de disposición: el proceso de reversión.
Mientras se llega a este punto, la infraestructura de Doña Juana se seguirá deteriorando, al igual que la maquinaria, las vías y la ausente planta de lixiviados, a lo que se suma la queja de los vecinos por lo que denominan una mala operación del relleno.
En resumen, aunque hay expectativa por el resultado de este nuevo proceso, se debe resaltar que esto no es un simple desacuerdo comercial sino un problema estructural, producto de un contrato mal diseñado en 2010, que hoy tiene al sur de Bogotá soportando una realidad ambiental que ya no admite dilaciones. El laudo del viernes no solo resolverá un millonario dilema contable, sino que enviará un mensaje definitivo sobre quién tiene la razón, y el futuro de Doña Juana.
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Por Alexánder Marín Correa
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