Opinión: Los guardianes del orden no podrán ordenar mucho en Bogotá

El sustento del proyecto es potente: hay que descargar a la Policía de situaciones que desgastan y que podrían atenderse desde otros roles, equipos y cultura ciudadana. Así, los uniformados tendrán más tiempo para enfrentar bandas delincuenciales y rentas criminales que, entre otras, han provocado el aumento en homicidios en Bogotá que no se veía hace más de un quinquenio.

La línea 123, en el C4, recibe en promedio cada año 460.000 llamadas relacionadas con problemas de convivencia que se suman a 201.00 más para reportar fallas en alumbrado público o alcantarillado, además de 85.000 reportes por problemas de escombros, basuras o la presencia de habitantes de calle.

De allí que tener un equipo de trabajo que permita descargar a la fuerza pública por medio de información, pedagogía, resolución pacífica de conflictos, mediación y sobre todo acompañamiento a las comunidades es fundamental y podría funcionar.

El asunto a debatir, es que los guardianes se han intentado “vender” como unidades de apoyo a la fuerza pública, situación que no es posible, pues ningún civil, mucho menos contratista, puede emular acciones de policía como incautar armas, sustancias psicoactivas, hacer registros a personas (requisas), trasladar personas o dar instrucciones a la ciudadanía como autoridad.

Mientras el proyecto avanza con una convocatoria masiva, siguen sin atención los reales cuellos de botella en las inspecciones de policía de la ciudad, instancias en donde se define si un comparendo por ruido, problemas vecinales o comportamientos contrarios a la convivencia se aplica o no.

A la par, las casas de justicia siguen siendo en cantidad las mismas que dejó la administración pasada, siendo fundamentales para alertar sobre casos de mujeres en riesgo de feminicidio.

Finalmente y con el límite jurídico que van a tener los guardianes del orden, pareciera que al final harán el mismo rol de los actuales gestores de convivencia, que si bien han sido más relacionados con la protesta social, ya se traía desde la administración de Enrique Peñalosa y posteriormente, en el gobierno de Claudia López, se implementó una especialización para que fueran no solo profesionales, sino además expertos en temas como barras sociales, propiedad horizontal, Transmilenio o senderos ambientales; incluso llama poderosamente la atención cómo la administración

La ciudad pareciera desconocer ese gran paso de los gestores, cuando a la vez habla con bombos y platillos de una de esas especializaciones: el grupo AIDE- Asistencia Integral a la denuncia-, que está conformado desde 2023 por gestores capacitados por Policía y Fiscalía para diligenciar en tiempo real los aplicativos de denuncia y acompañar paso a paso a la ciudadanía en este engorroso trámite.

Quizás, en cambio, de estrategias de mercadeo, sería interesante fortalecer a los héroes de chaqueta roja y estar más cerca de la ciudadanía, sumando a lo avanzado en más de 1.000 frentes de seguridad y 850 redes ciudadanas que lograron tejido social con más de 18000 personas en Bogotá y que hoy están abandonadas