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La revelación el viernes de que el documento Conpes que garantizará las vigencias futuras para la construcción del metro de Bogotá ya no estará listo antes del 20 de junio, revivió las dudas en torno a la posibilidad real de que la actual administración de Bogotá logre cumplir con su idea de dejar lista la licitación para la megaobra.
Según Esteban Piedrahíta, director de Planeación Nacional, a pesar de que esa entidad recibió oportunamente la sustentación del proyecto remitida por la Alcaldía de Bogotá, es improbable que el documento del Consejo de Política Económica y Social sea elaborado “antes de la segunda vuelta presidencial”, porque la información entregada por las autoridades bogotanas está aún en revisión.
Vista de manera aislada, se trata apenas de una demora, pero otra cosa se puede pensar al mirar este impasse en contexto con las informaciones encontradas de los últimos meses.
En enero el Distrito dijo que al mes siguiente comenzaría la redacción del texto, pero en marzo Planeación pidió más información. El mandatario bogotano, Samuel Moreno, dijo entonces que todo quedaría listo antes del 30 de mayo, dato que ratificó la gerencia del metro. Se habló después de que los primeros días de junio y ahora Planeación asegura que no será antes de la segunda vuelta de la elección presidencial del 20 de junio (ver recuadro).
Pese a que el presidente Álvaro Uribe, tras un intenso debate sobre el tema con el Distrito, aseguró que está comprometido con la obra, sin ese documento no hay seguridad de que el Gobierno Nacional de verdad la respaldará. Y dado que la dilación de fechas se mantiene, las suspicacias hacen presencia cada vez que el tema es tocado en el Concejo de la capital: que la voluntad manifiesta del Gobierno nacional no se nota mucho, que quien quedará mal en caso de incumplimiento es el gobierno bogotano por exponer dicha obra como eje de su programa de gobierno, etc.
Con el Conpes listo, el metro comenzaría a tomar cara en el papel y el Distrito podría empezar a definir detalles de la licitación que se abriría, en la cual buscan cabida empresas de España, Francia y Alemania, entre otras. Estimativos de la administración distrital señalan que la obra valdrá cerca de US$2.500 millones, de los cuales, de acuerdo con la ley de metros, el 70% estaría financiado por la Nación.
Una de las preocupaciones del Gobierno nacional (aparte de las diferencias respecto a trazado y pasajeros a movilizar, entre otras) es que el Distrito garantice que cumplirá con los recursos que le corresponda aportar. Dado que Bogotá debe pagar cerca de $500 mil millones para el plan de movilidad (que incluye además la Fase III de Transmilenio y la implementación del SITP), el Distrito propone que se acuda a mecanismos de financiación externa.
Pero los costos no son lo único que preocupa a la Alcaldía. Queda año y medio de la administración Moreno y dado que el tiempo empieza a jugar en contra, cualquier retraso adicional es una amenaza para la idea de ver rodando el metro por la ciudad, lo que, según las últimas cuentas, debe ocurrir en 2013.