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Comprar vivienda suele ser una de las decisiones financieras más importantes para una familia. En muchos casos, el proceso empieza mucho antes de recibir las llaves: una separación del bien deseado, una cuota inicial pagada durante meses y la confianza puesta en un proyecto que todavía está en construcción. Sin embargo, cuando los tiempos cambian y la obra no avanza como estaba previsto, esa promesa puede convertirse en una disputa entre quienes esperan una vivienda y quienes aseguran estar trabajando para terminarla.
Ese es el escenario que hoy rodea a Arquilibrium 90, un proyecto inmobiliario anunciado en Kennedy por MVP Arquitectos, donde compradores aseguran haber entregado millones de pesos durante varios años sin recibir el apartamento esperado o la devolución de los recursos aportados, mientras la empresa sostiene que el proyecto continúa, que no está en liquidación y que avanza hacia una futura construcción.
El caso reúne testimonios de compradores, solicitudes de devolución, procesos judiciales y una respuesta empresarial que intenta explicar los retrasos, en medio de una discusión más amplia sobre los riesgos de comprar vivienda sobre planos en Bogotá.
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El sueño roto de las familias
Arquilibrium 90 fue presentado como un proyecto residencial ubicado en el barrio El Carmelo, localidad de Kennedy, con apartamentos promocionados alrededor de los COP 180 millones, áreas cercanas a los 59 metros cuadrados construidos y una oferta que incluía 180 unidades residenciales, 200 parqueaderos, 10 locales comerciales y zonas comunes como salón comunal, terraza mirador, zona BBQ, zona de mascotas y espacios administrativos.
Uno de los elementos centrales del proyecto era el modelo de compra anticipada: los compradores separaban el inmueble y avanzaban en el pago de la cuota inicial mientras esperaban el desarrollo de la construcción. Ese esquema fue el que siguieron varios compradores. Natalia González, por ejemplo, relató en una petición de devolución de dinero que llegó al proyecto después de una feria de vivienda realizada en 2022, donde separó un apartamento tipo 5 de la torre denominada Nápoles. Según el documento, el inmueble tenía un valor de COP 180 millones y la negociación contemplaba completar una cuota inicial con pagos progresivos.
En su caso, reportó un primer pago de COP 1 millón para separar el apartamento, seguido de desembolsos de COP 4 millones, COP 10 millones y COP 10 millones durante 2022, además de pagos mensuales posteriores hasta octubre de 2024. Según su reclamación, el total entregado llegó aproximadamente a COP 41 millones.
Del sueño al reclamo
Los compradores aseguran que la preocupación comenzó cuando las fechas de entrega esperadas pasaron y no encontraron avances que correspondieran con la expectativa que tenían al momento de adquirir el inmueble. Algunos relatan que visitaron el predio donde debía desarrollarse el proyecto y encontraron una situación diferente a la que esperaban después de varios años de pagos. En uno de los testimonios de compradores que conoció este diario, una compradora aseguró que al acercarse al lugar encontró un espacio utilizado como parqueadero y cuestionó el avance físico de la obra.
Otro comprador señaló que durante el proceso recibió explicaciones relacionadas con ajustes y avances del proyecto, pero que al revisar directamente el terreno no encontró una construcción visible que correspondiera con los tiempos anunciados. “Uno confía porque está comprando un sueño, está entregando sus ahorros para una vivienda, pero después de tanto tiempo empieza la preocupación porque uno no sabe qué está pasando”, es la preocupación que resumen varios de los compradores consultados.
Según los testimonios recogidos, serían decenas de personas las que estarían esperando respuestas. Algunos compradores hablan de grupos superiores a 50 personas y otros mencionan que alrededor de 22 personas habrían acudido a denunciar. Estas cifras corresponden a los relatos de los compradores y no a un consolidado oficial publicado por la empresa.
De los reclamos a los juzgados
La disputa no se quedó únicamente en comunicaciones entre compradores y empresa. Uno de los casos llegó a la justicia. Diana Natalia Franco Mora presentó un proceso ejecutivo contra Maiger Vitola Pinilla, representante de MVP Arquitectos, por una obligación económica relacionada con un acuerdo de desistimiento mutuo firmado entre las partes. El documento judicial señala una obligación por COP 37.654.100.
Según el proceso, el acuerdo establecía que el dinero debía ser pagado 90 días después de su firma, pero la parte demandante aseguró que el pago no se realizó dentro del plazo establecido. Posteriormente, el proceso avanzó ante un juzgado de Bogotá, que libró mandamiento de pago por esa obligación. El caso se convirtió en uno de los ejemplos concretos de la tensión entre quienes decidieron retirarse del proyecto y quienes buscan que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos.
La respuesta de MVP
Frente a los reclamos, la empresa respondió públicamente y aseguró que no existe una estafa. El representante de MVP Arquitectos, Maiger Vitola, explicó que existen obligaciones pendientes con algunos compradores, pero sostuvo que los recursos recibidos fueron utilizados en el desarrollo de proyectos y adquisición de terrenos.
En un informe entregado a los compradores de Arquilibrium 90, la empresa señaló que los desistimientos activos se encuentran en proceso de devolución y afirmó que “en ningún momento” se ha hablado de “no pago, estafa o robo” por parte de la compañía. Además, indicó que trabaja en la gestión de recursos para realizar devoluciones graduales a quienes salieron del proyecto.
Asimismo, la empresa afirmó que los terrenos donde se desarrollará Arquilibrium 90 son de su propiedad y que cuenta con documentación relacionada con promesas de venta, pagos y escrituras, aunque señaló que la protocolización ha tomado más tiempo. También aseguró que la compañía no está en liquidación ni en bancarrota y que mantiene sus registros y obligaciones administrativas al día.
Bajo esta misma línea, en el informe de estado del proyecto, MVP explicó que Arquilibrium 90 continúa vigente y que la licencia urbanística avanzó, mientras la licencia de construcción se encontraba en proceso de revisión.
La empresa planteó un cronograma de actividades que incluye cimentación, estructura, instalaciones, mampostería, acabados y fachada, con un tiempo estimado de 14 meses por etapa. Según ese documento, la primera etapa estaría proyectada para entrega hacia finales de 2026 y la segunda etapa tendría una fecha estimada para junio de 2027.
Además, indicó que actualmente cuenta con 62 unidades disponibles para venta y que los compradores iniciales conservarían las condiciones ofrecidas originalmente mientras mantengan sus contratos vigentes. La empresa también informó que proyecta iniciar actividades como preparación del terreno, instalación de acometidas y armado de apartamento modelo como parte del reinicio de actividades.
Una discusión más allá del caso
El caso Arquilibrium 90 ocurre en un contexto donde comprar vivienda nueva implica, para muchas familias, comprometer recursos durante años antes de tener el inmueble terminado. En Bogotá, las reclamaciones relacionadas con compra de vivienda han incluido retrasos en entregas, diferencias frente a las condiciones ofrecidas, problemas contractuales y situaciones relacionadas con garantías.
Según cifras consolidadas sobre quejas por compra de vivienda en la ciudad por la Personería, en 2024 se recibieron 70 reclamaciones, en 2025 fueron 100 y hasta mayo de 2026 se registraban 61, para un total de 231 casos relacionados con irregularidades en procesos de adquisición de inmuebles.
La discusión detrás de estos casos no solamente está en cuándo termina una obra, sino en qué información recibe un comprador antes de firmar, qué mecanismos tiene para proteger sus recursos y cómo se equilibran las responsabilidades entre quien compra una vivienda y quien promete construirla.
Para una familia, un apartamento no empieza siendo cemento, ladrillos o planos. Empieza como una decisión de vida, años de ahorro, renuncias económicas y la expectativa de tener un lugar propio. Por eso, cuando un proyecto se demora, el problema no se limita al retraso de una obra, también aparece una pregunta sobre la confianza: ¿Qué tan protegido está un comprador cuando entrega sus recursos antes de recibir aquello por lo que pagó?
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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