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Un alumno que comienza su bachillerato a los 12 o 13 años es más propenso a pertenecer a una pandilla que aquel que ya va de salida del colegio. En instituciones oficiales, por ejemplo, 8 de cada 100 estudiantes del grado 6° admiten que forman parte de uno de esos grupos, mientras que en undécimo ese número baja a la mitad.
Así lo prueba la más reciente Encuesta de Clima Escolar (ECE), realizada en 2015 en colegios de Bogotá por la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional.
Ese fenómeno puede tener una explicación, de acuerdo con los investigadores: en los grados 6° y 7° se “tienden a crear agrupaciones juveniles que, en muchos casos, no son ilegales o criminales, aunque pueden tener comportamientos violentos, pero a medida que los jóvenes crecen optan por otro tipo de relaciones sociales y estas agrupaciones van desapareciendo”.
Esto es clave a la hora de referirse al concepto de “pandillas”, pues no necesariamente los colegiales se refieren a grupos que actúan por fuera de la ley. La encuesta encontró que entre los motivos para unirse, además de la ambición por conseguir dinero mediante el delito, también pesa la necesidad de evitar agresiones en el caso de las víctimas de matoneo; además, hay quienes lo hacen para sentirse más fuertes y populares. “Si bien estas agrupaciones juveniles pueden ser violentas, lo cierto es que los estudiantes de la ciudad las ven como un espacio de interrelación social, antes que un asunto delictivo o criminal”, aclara la ECE.
Si se suman los que dicen que pertenecen a una pandilla con aquellos que aseguran que pertenecieron a alguna, pero ya no, se tiene que, en general, en los colegios distritales el 18,5 % de los estudiantes tienen o han tenido que ver con ese fenómeno. Tanto en esas instituciones como en las privadas, en concesión y contratadas, esa cifra tendió a disminuir con respecto a 2013, cuando se realizó la primera ECE. No obstante, es un asunto de cuidado.
La estrategia del Distrito para mejorar la convivencia escolar se enfocará en 30 colegios en estos cuatro años. La idea, según con la Secretaría de Educación, es que 18 entidades, entre las que se encuentran no sólo entidades locales, sino el Ministerio de Justicia, la Universidad de los Andes, el Bienestar Familiar y el Banco de Desarrollo de América Latina, es intervenir desde dos ópticas: la prevención del consumo de drogas (incluyendo no sólo a profesores, sino a los padres de familia) y el ataque al tráfico de sustancias psicoactivas dentro y fuera de los colegios, que tiende a aumentar, según la propia ECE.
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