Participación verdadera e incidente

Un primer paso a dar lo constituye la construcción de indicadores asociados a una real participación y no a la asistencia a reuniones, diligenciamiento de planillas y reparto de refrigerios, como nos sucedió con la administración saliente.

Lo anterior parece difícil de lograr en un término de 3 meses, período en el cual deben formularse, debatirse y adoptarse los planes. Muy seguramente, así lo esperamos los ciudadanos, la administración cuente ya con una metodología para formular sus planes, lograr la construcción de propuestas ciudadanas y debatir su conveniencia y pertinencia. De no ser así podríamos encontrarnos con una primera decepción que se reflejaría en desconfianza ciudadana frente a una real participación incidente.

Desde luego esperamos que la administración entrante no caiga en los mismos errores de los últimos 10 años: crear oficinas de participación ciudadana por doquier, a cargo de tecnólogos de la información, cuyo objetivo fundamental es diseñar manuales y cartillas de participación, acudir a encuestas con diseño y tabulación amañados y producir informes para los medios de comunicación, con un contenido que rara vez es compartido con los equipos responsables de la planeación y cuyo análisis y resultados se queda en estadísticas de los técnicos de la información, la mayoría de las veces divorciados de los anteriores.

Por lo pronto existen en la ciudad instancias representativas de la sociedad civil con experiencia y capacidad para contribuir al éxito del proceso: un número importante de organizaciones ciudadanas asociadas a la construcción social de sus territorios – los cerros, el sur, el Tunjuelo, el centro, el aeropuerto, Usme, etc. -, un número reconocido de organizaciones cívicas, profesionales y gremiales encabezadas por la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, sectores económicos y profesionales agrupados en el Comité Intergremial y, desde luego, un Consejo Territorial de Planeación cuya trayectoria de los últimos cuatro años ha dado frutos importantes no solo en el análisis y discusión del Plan de Desarrollo 2008-2011 y en la construcción de propuestas en torno al Proyecto de Ajuste del POT, sino en la discusión de políticas públicas de participación y descentralización, entre otras.

Bogotá avanzó en una forma importante en el reconocimiento y formulación de derechos – humanos, políticos, sociales, económicos, ambientales -; su reto inmediato es, cómo concretarlos en el territorio y cómo orientar sus recursos, público-privados, para fortalecer y garantizarlos. Para ello se requiere del concurso de todos nosotros – ciudadanos, técnicos y políticos – que en alianza constructiva, pública-privada, apoyemos el modelo de sociedad y de ciudad que nos propone el programa de gobierno de la nueva administración distrital.