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Mientras la alcaldesa Claudia López insiste en su idea de una policía propia para Bogotá; los candidatos a sucederla hablan de tecnología y déficit de uniformados, y mientras la ciudad está alerta ante la posible amenaza de grupos armados en la capital, las empresas de seguridad privada ponen sobre la mesa una propuesta, con las que, dicen, ayudarían a la capital a salir de la crisis y liberarían carga a la Policía, para blindar a la ciudad.
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El gremio elaboró un documento en el que plantean la opción de que el Distrito los contrate para la seguridad en espectáculos, patrullar con la policía algunas zonas y hasta trabajar en los CAI. No obstante, su idea generan polémica. El documento, que dio a conocer Noticias Caracol y el cual se les expondrá a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, abre con un tema que se discute hace años: los dispositivos de seguridad de los espectáculos masivos. Se propone reemplazar a los policías por vigilancia privada, para que los uniformados se dediquen a su verdadera labor.
Pero va más allá: Sugiere que el Distrito sea el que contrate a través de licitación entre 1.000 y 2.000 guardas (no las empresas privadas) y que en los periodos sin eventos, puedan colaborar con la Policía en actividades de control y disuasión (patrullaje), en puntos estratégicos. Dicen que, de contratarlos solo para eventos públicos, generaría desequilibrio económico, por los costos asociados a sus servicios, sus prestaciones y dotación.
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“Es la oportunidad de brindar un servicio más efectivo, comparado con los enfoques tradicionales. La propuesta contempla, además, enfrentar problemáticas como el narcotráfico, mediante la colaboración de vigilancia privada apoyada por caninos y patrullas policiales”, señala el documento, en el cual indican que esto se inspira en pilotos exitosos funcionando en Bogotá, así como en Chía, Zipaquirá, Cota, Tocancipá y Mosquera, que han demostrado eficacia en la reducción de la percepción de inseguridad.
A esta idea se suma otra, que dicen, revolucionaría el enfoque de la seguridad: que cada CAI tenga su central de monitoreo (cámaras), pero coordinada por personal de compañías de seguridad privada. “Estarán conectadas a cámaras de edificios, calles y de la policía, para mejorar la reacción ante incidentes. Además, se plantea el uso de drones en el manejo de vías, para optimizar la eficiencia policial”. Agrega que la incorporación de cámaras exteriores en los proyectos de construcción no solo agrega valor a la infraestructura, sino que cumple una función crucial en la seguridad ciudadana.
Finalmente, plantea dos cosas más: analizar experiencias internacionales para crear un plan para aprovechar la ley, que permite que las empresas de seguridad privada se vinculen en la construcción y administración de cárceles para sindicados, para aliviar la congestión en URI, y que el Distrito contemple exonerar de pico y placa a los vehículos del gremio. “Con menos de 10.000 automóviles, estas empresas desempeñan un papel esencial en la protección y reacción ante situaciones de riesgo Además, su presencia disuasiva en lugares estratégicos, como Transmilenio y hospitales, son vitales para el bienestar de los ciudadanos”.
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Esto dicen los expertos
Pese a que las propuestas suenan atractivas para algunos candidatos a la alcaldía, que incluso dijeron que las contemplarían, entendiendo el papel clave de las empresas de vigilancia en su aporte a la seguridad de la ciudad, los expertos en seguridad encienden las alarmas y hacen una serie de llamados de atención. Néstor Rosanía, investigador de conflictos armados, por ejemplo, si bien destaca lo clave de una articulación armoniosa entre las empresas de seguridad privada y la Policía, en información y cámaras de seguridad, no debe ser en términos de un servicio de pago. “El Estado no puede delegar el monopolio de la seguridad. Pensar que la vigilancia privada puede patrullar sería el signo de que la Policía no fue capaz. Válida la articulación, pero no con una capacidad operativa en las calles. Las empresas de seguridad han sido importantes en términos de información, pero hay que articularlo más. Queda la preocupación de que lo que quieran ofrecer sean servicios pagos a la alcaldía. Eso sería un retroceso”.
Por su parte, Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa, se deben tener en cuenta las normas, que restringen la intervención de los guardas privados, pues por más que digan que pueden hacer capturas o prestar servicios en eventos o algunos barrios, no todos los guardas, ni todos los servicios garantizan la prestación de algunas de las acciones previstas en la propuesta. Un ejemplo: los guardas de Transmilenio, que están en un esquema de seguridad privada, pueden perder el empleo si se enredan en una riña con un colado. “Hay que ser claros. La propuesta pone sobre la mesa la necesidad de contratación de unos servicios y hay que ser cuidadosos con las expectativas, porque pueden ser servicios que tengan restricciones. Entonces se queda uno con el costo del servicio y con la ineficiencia en su prestación”.
El experto agrega que, por la urgencia en seguridad, puede sonar atractiva la propuesta de patrullaje, manejo de servicios tecnológicos o inclusive de protección carcelaria, pero recuerda que no todos los guardas ni todos los servicios pueden intervenir de manera directa en todos los ámbitos que menciona la propuesta. Pese a ello, considera que hay aspectos valiosos que los candidatos sí deberían considerar, en especial cualquier propuesta de complemento cívico policial, pero siendo claros en sus alcances reales. “Deberíamos ir normativamente hacia un complemento cívico policial, bien estructurado, definido normativamente, pero todavía no estamos ni en ese momento de complemento virtuoso, ni en un momento en el que haya la claridad normativa que necesitamos.
César Restrepo, director de seguridad ciudadana de Probogota, cree que el aporte de la seguridad privada en la protección en la ciudad es importante, en especial en el reemplazo de cualquier servicio público en espectáculos privados, en la seguridad de Transmilenio o la protección en general de bienes privados y públicos, donde tener a un policía es un costo muy alto frente al déficit policial. No obstante, considera inviable el que guardas privados presten servicios de seguridad pública y menos que sea el Distrito el que los tenga que contratar. “No es una oferta a la ciudad, debe ser a los privados. Si ofrecen es un servicio para que lo pague la ciudad, no tiene sentido. Además, las funciones públicas de seguridad no las pueden desempeñar privados, ni es conveniente. La ciudad no tiene por qué pagar por la vigilancia de eventos privados. Y si al Distrito le da por hacer uno, que contrate el servicio, pero no por una fuerza privada.
Sobre la posibilidad de que guardas privados patrullen las calles, Restrepo recalca que la ley es bastante limitante de eso, algo que resalta, pues considera que el espacio público debe estar en manos de la policía. “Si se arma una red de vigilantes debe estar adscrita en la institución pública, bajo la coordinación de la Policía, uno de un privado, ya que deben estar regulados, para garantizar los derechos de las personas. Si no es así, eso termina mal”. Una cosa diferente es la que hacen en Cota, donde la alcaldía contrato vigilancia privada para sus edificios y en las rondas, prestan atención y si pasa algo piden asistencia a la Policía. Eso no es diferente a lo que ya existe, pero no tienen función de patrullaje, porque eso no se puede hacer.
Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario distrital de Seguridad, señala que, en seguridad, la alianza del futuro alcalde con las empresas de vigilancia debe ser estratégica, ya que hay 150 mil vigilantes (la Policía solo tiene 17.000 uniformados), con un potencial adicional en desarrollo tecnológico, que podría mejorar la seguridad. “Su apoyo potencia la seguridad, no solo en personal, sino en sus desarrollos tecnológicos. Ningún alcalde debería desaprovecharlo. Como secretario logré un convenio con la Superintendencia de Empresas de Vigilancia que creo ha sido desaprovechado”. Acero agrega que, sí se les debería eliminar el pico y placa, y que, a falta de policías, se debería trabajar con el sector privado y las comunidades, especialmente con el sector de la vigilancia privada.
La experta en seguridad ciudadana, Stella Baracaldo, sencillamente no lo ve viable. Si bien considera clave pensar en que los eventos privados o Transmilenio tenga vigilancia privada, no ve posible que ningún estamento público pueda contratar a vigilancia privada, en especial cuando lo que necesita es aumentar fuerza pública, pero institucionalizada, con capacidad de registros de personas, de aportar un arma. Coincide con Restrepo en que el proyecto debe estar dirigido a los privados, para que la policía se dedique específicamente a lo que le corresponde”.
El debate está abierto. El gremio de la vigilancia privada está convencida de que su propuesta es una buena idea para mejorar la seguridad en la ciudad, a pesar de las críticas. Quedará en mano de los candidatos y del futuro alcalde ver qué de todo lo propuesta se incluirá en su plan de desarrollo. Sea cual sea el resultado de esta iniciativa, hay algo claro que necesita la capital: recuperar la seguridad.
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Por Alexánder Marín Correa
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