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Édgar Prada y Willian Rodríguez tienen algo en común: su activismo e ideología política los obligó a dejar su natal Venezuela y llegar a Bogotá en busca de refugio. Si bien es un panorama común desde 2016, con las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024, donde Nicolás Maduro se atornilló al poder para un tercer periodo presidencial, hay una nueva ola de perseguidos políticos que llegan a Colombia y, en especial, a Bogotá, en busca de protección.
Generaciones como la de Édgar, de 24 años, ha estado marcada por un convulso contexto social y político que, en primer lugar, lo llevó a migrar por condiciones económicas, pero que luego de regresar, de nuevo tuvo que dejar su país, esta vez huyendo, pues su posición política, como jefe de campaña del partido Vente Venezuela, en el municipio de Valera, estado Trujillo, causó muchas incomodidades.
“Al principio, la persecución era como un seguimiento, pero el temor lo sentí cinco días antes de las elecciones. Afuera de mi casa me esperaban colectivos del Sebin y luego se fueron. El día de las elecciones, un funcionario me pidió la cédula y me dijo que si votaba cerraban el centro de votación. Afuera había efectivos del régimen. Entonces salí en una camioneta y me perdí”, cuenta Prada.
El 30 de julio de 2024, cuando se disponía a asistir a la primera movilización que convocó Maria Corina Machado, le escribió un contacto por WhatsApp advirtiéndole, con dos fotografías, que estaba en la lista de objetivos militares del gobernador de Trujillo y pesaba en su contra una orden de captura. Tras casi un mes en la clandestinidad, finalmente el 22 de agosto tomó la decisión y partió rumbo a Bogotá con solo una maleta con ropa. Aunque el objetivo era buscar la tranquilidad, las intimidaciones continuaron.
“Cinco días después me enteré de que el gobernador dijo por radio que ya sabía dónde estaba. El pasado fin de semana llegaron dos personas armadas a la casa (que por su tono de voz eran colombianos) con la excusa de estar buscando un teléfono perdido. Pero tenían foto de la casa y la ubicación. Además, preguntaron a la vecina a qué hora llegábamos o salíamos (…) A pesar de todo, a mí lo que me sigue motivando es la fe y la convicción. Qué estoy del lado correcto de la historia. Viene una Venezuela mejor”, dice.
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La historia no es distinta para el abogado, defensor de derechos humanos, Willian Rodríguez, quien formó parte del Comando Nacional de Campaña de la líder opositora Mariana Corina Machado, en el Estado Portuguesa. “Los funcionarios del régimen ya se habían dado cuenta de mi responsabilidad. Al día siguiente de las elecciones, que no reconocieron el triunfo, personas que me conocían me dijeron que me cuidara. Ya empezaban a llevarse gente detenida, mayormente a los testigos de mesa”, recuerda.
Casi un mes después, tomó la decisión de salir de su casa, llegando por tierra hasta Bogotá, donde pudo avisarle a su hija que estaba bien. “Un amigo me ayudó, porque estaba en la lista de la operación tun tun y me podían llevar. Él me dejó donde pasaban los buses hasta Arauca, en Colombia. Mi seguridad está bien”.
400 y sumando
Según la Fundación Juntos Se Puede, organización que apoya a población migrante venezolana, desde el 28 de julio de 2024 a la fecha han atendido casi 400 casos de perseguidos políticos, que han llegado a Bogotá, brindándoles asesoría jurídica y social. Dato que conoció el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 9 de enero y que denunció en los micrófonos de La FM de RCN, con tono de preocupación. “Esto, según información de distintas organizaciones sociales. Eso nos preocupa y se debe poner sobre la agenda”, indicó el mandatario.
Ante esta situación, Andrés Segura, asesor de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Bogotá, señala que el mensaje del alcalde tiene dos justificaciones: la preocupación por la situación de DD. HH. en Venezuela, pues 400 es una cifra extraordinaria en poco tiempo y necesita atención y protección. Lo segundo, es el reconocimiento de que Bogotá es la segunda ciudad en el mundo que más migrantes ha recibido desde Venezuela.
“Esto ha planteado desafíos interesantes en política pública y le hemos apostado a las oportunidades, pero hay tensiones en temas presupuestales, de convivencia, de capacidad institucional para oferta de servicios y ahí necesitamos apoyos de muchos actores, porque posiblemente exista un nuevo flujo de no solo perseguidos, sino de personas en los próximos meses”, agregó Segura.
En Colombia, el país que más acoge refugiados y migrantes venezolanos de la región (2,8 millones), la mayoría se concentran en Bogotá. Según registros oficiales de Migración Colombia, la capital cuenta con al menos 589.858 migrantes, de los cuales el 51.20 % son mujeres (302 mil) y 48.77 % son hombres (287 mil). Del total, 108.324 están en situación irregular, 48.233 en regular, 66.927 en proceso y 366.374 autorizados.
“Si se debe ver con preocupación. Recordemos que el Estado colombiano todavía está pendiente de refinar el instrumento de refugio, que sería el idóneo para abordar a los perseguidos políticos”, aseguró Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Según detalla Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, dentro de la cifra estimada de 400 perseguidos políticos venezolanos hay desde personas que vendieron un alimento al testigo electoral o el motorizado que participó de la campaña, hasta alcaldes y concejales.
Por su parte, MariLuz Palma Colmenares, exiliada y directora en Colombia del Comando con Vzla, estima que esa cifra ascienda a más de 780, de acuerdo al registro y atenciones de la plataforma política. “No son cifras estables. Todos los días están saliendo por el puente por Cúcuta. ACNUR es la que está proviniendo a los venezolanos a través de un respaldo de ONG, pero no hay respuesta por el momento del gobierno para los refugiados con asilo político”, indicó.
“Han recibido amenazas del Tren de Aragua”
Así como Édgar Prada salió de su país con solo un bolso de ropa y otros, como denuncia Ana Karina García, sin siquiera llevar su pasaporte, porque “grupos de inteligencia se los quitaron en los allanamientos”, la sensación de inseguridad y desamparo aumenta. Por ello, expertos coinciden en que la capital se convierte en ese lugar para encontrar respuestas y edificar oportunidades.
“La gente tiene mucho miedo de la frontera, por la cercanía y los pocos controles. De hecho, hemos tenido que mover personas a la capital por amenazas”, dice García. “A diferencia de otros momentos donde los perseguidos escapaban hacia las zonas de frontera con Colombia, en este momento muchos prefieren venirse a la capital, porque sienten que en la zona de frontera no hay seguridad. Lo que genera más complejidad para la ciudad”, analizó por su parte el profesor Ronal Rodríguez.
Sin embargo, el proceso para conseguir una estabilidad legal en la ciudad es largo y empedrado. La Cancillería está a cargo de evaluar las solicitudes de refugio por asilo político y aprobarlas, lo que puede tardar años, teniendo en cuenta que un migrante venezolano solo puede permanecer en el país seis meses con un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) o, por lo contrario, ya se considera irregular, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad.
“No tienen derechos fundamentales como el poder trabajar (formalmente), para tener ingresos económicos, a pesar de un salvoconducto o ser solicitantes de refugio”, explica una organización sin ánimo de lucro venezolana, que pidió la reserva de su nombre por amenazas.
“No pueden recibir transferencias monetarias (IMG de Integración Social), porque el marco jurídico te dice que deben ser personas identificadas y un salvoconducto dice que estás haciendo un trámite administrativo. Entonces los pones en lugares de la ciudad bastante complejos en términos de seguridad: Kennedy, Bosa o Ciudad Bolívar, y algunos ya han recibido amenazas por parte del Tren de Aragua como brazo político”, advierte Ana Karina García.
¿Qué implicaciones tiene para Bogotá?
Si bien ya son casi mil perseguidos políticos los que han atendido en Bogotá la Fundación Juntos Se Puede y Comando con Vzla, no todos se quedan en la capital y han migrado a otros países. El profesor y vocero del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, advierte que “ante la continuidad de Maduro en el poder a través de la fuerza”, la llegada de migrantes y perseguidos políticos, “se seguirá presentando en los próximos meses y, obviamente, Bogotá tendrá que buscar políticas y diseñar instrumentos para administrar ese tema, incluso a pesar de la ausencia de abordaje nacional”.
En respuesta, Andrés Segura, asesor de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Bogotá, señaló que el Distrito “ya tienen un esquema de recepción en algunos espacios para población en condición de vulnerabilidad o que van a llegar en cualquier momento. Ellos pueden acceder a estos mecanismos. Pero aquí el punto clave es regularización y es un tema de la Nación, ¿cómo vamos a fortalecer la posibilidad de que tengan un estatus regular que les permita acceder a todos los servicios del Distrito y Nación y les permita trabajar formalmente?”, cuestionó.
Pero otra de las implicaciones, como lo vimos anteriormente, está en la seguridad de los perseguidos políticos, en un contexto de una ciudad que aún tiene bastantes retos para garantizarla a sus propios ciudadanos. “El gobierno de Bogotá debe estar velando por evitar cualquier tipo de operación que adelantan las autoridades venezolanas, orquestadas con organizaciones criminales. Obviamente, el Estado tiene una responsabilidad mayor, pero Bogotá sin lugar a duda tiene que estar pendiente para que su espacio no se termine convirtiendo en un lugar de violación de derechos humanos contra la población venezolana que busca refugio”, agregó Rodríguez.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, tienen abiertas diferencias que en reuniones han sido discutidas, sin acuerdos aún, el trabajo conjunto será clave en este panorama social que continuará aumentando, como advierten expertos, y que a pesar de una ruta consolidada, requiere de ajustes y nuevos diálogos, para avanzar prontamente en resolverla.
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Por María Angélica García Puerto
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