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La personería visitó la mañana de ayer la planta de potabilización para verificar el avance de las obras para ampliar su capacidad. Durante el recorrido, el personero Andrés Castro y su equipo obtuvieron información sobre las distintas etapas de la obra desde que fue abandonada por el primer contratista, en 2017.
Todos los detalles sobre la crisis del agua en nuestro especial: Escasez de agua en Bogotá, ¿cómo llegamos a este punto?.
En ese orden de ideas, el órgano de control encontró que las obras de optimización tienen un avance total del 57 %, por lo cual, no podrán ser entregadas el próximo febrero, como estaba establecido. No obstante, el personal de la planta reportó a la entidad que se trabaja en una última prórroga hasta mediados de 2025, lapso de tiempo en el cual se espera terminar la totalidad del proyecto.
Las demoras en la ejecución de este proceso han costado a la ciudad cerca de $200.000 millones, pese a que, cuando fue firmado el contrato la primera vez, el valor estimado de las ampliaciones era de $96.000 millones. De esa cantidad, el Distrito alcanzó a desembolsar al menos $50.000 millones al primer contratista, que ante la caducidad inevitable del lapso del contrato, decidió abandonar la obra y, desde entonces, se encuentra librando un litigio con el Distrito en tribunales.
Posteriormente, en marzo de 2022, la empresa comienza otro proceso de contratación en el cual adjudica nuevamente el proceso de ampliación pero, esta vez, a un consorcio de empresas chinas. Este nuevo contrato se firmó por la suma de $141 mil millones y ha tenido unas fases complejas de adaptación, por parte de los nuevos encargados, ante el caos y poco avance que dejó el anterior contratista.
Lo anterior derivó en que, finalmente, las ampliaciones no puedan ser entregadas en febrero de 2025, por lo cual se requerirá una adición presupuestal superior a los $3.000 millones, con la que finalmente se consolida el valor de $200.000 millones. Una vez culmine la ampliación, la planta será capaz de potabilizar hasta 21 m³/s de agua al día provenientes de los embalses de Chuza y San Rafael; además de las del río Blanco y Teusacá, cuyo cauce requiere un proceso de tratamiento más intensivo.
Por otra parte, además de inspeccionar la dinámica de este accidentado contrato, y su estado actual, el ente de control anunció durante su visita otro aspecto conflictivo sobre el agua con el cual se topó durante la investigación en curso.
Agua no contabilizada
En medio de la coyuntura actual, en la que cada gota cuenta, cualquier centímetro cúbico del recurso que se pierde puede convertirse en una mella importante para las reservas de la ciudad. Durante su proceso de investigación, la Personería se ha topado con un fenómeno del que poco se habla: el agua no contabilizada. Esto es, caudales del recurso que pasan por todo el proceso de potabilización y de flujo hacia la ciudad, pero que no son aprovechadas por la ciudadanía. Dicha situación se debe principalmente a dos causas. La primera, a las fugas en el sistema de acueducto en la ciudad producto de daños sin corregir o no gestionados de la mejor forma.
Pero, principalmente, esta cantidad de agua se estaría perdiendo por cuenta de las conexiones ilegales. A través de estas fuentes clandestinas, cuya cuantía se calcula en 7679 conexiones, hay hogares de la ciudad que se abastecen del recurso sin ningún tipo de control al consumo, cuyo coste, finalmente, deben asumir los 2,7 millones de usuarios que sí pagan su factura bimestralmente. De acuerdo con las cifras que obtuvo La Personería, de cada 100 metros cúbicos de agua potabilizada, la ciudad pierde 40 m³ como consecuencia de los dos flagelos descritos anteriormente.
Sobre este fenómeno, también escribió para El Espectador, Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua, Universidad Javeriana. “Es necesario precisar que el agua captada en los embalses no la usan totalmente los usuarios, sino que hay pérdidas en la conducción y en todos los procesos asociados (infiltraciones, fugas, etc.), las cuales pueden alcanzar hasta un 30%, lo cual es normal”, señaló el experto.
Aunado a lo anterior, el ente de control encontró ineficiente el uso de los recursos que se destinan para disminuir este impacto, el cual ha sido, en los últimos 20 años, de $2.5 billones. La cantidad, sumada a las perdidas comerciales de la empresa por las conexiones ilegales, y el agua que se escapa a borbotones por distintas fugas en la ciudad, representa un claro detrimento a las arcas de la ciudad.
Bajo esta misma línea, La Personería instó a la empresa, y a otras entidades competentes, a trabajar en una manera más eficaz de prevenir esta problemática y lograr que el índice de agua no contabilizada se reduzca, por lo menos, a los 10 m³, el cual se corresponde a los índices internacionales. Si esto se logra, la ciudad podría ahorrar cerca de $300.0 millones, pero, sobre todo, conservar 56 millones de metros cúbicos del recurso, lo cual equivale a una cantidad similar a la que puede almacenar un embalse.
“Estamos preparando un informe que entregaremos a finales de este año, en el cual recopiláramos los avances de nuestra investigación sobre la problemática agua en Bogotá”, señaló el personero. El funcionario, además, trajo de nuevo a colación las inversiones que, en su momento, se hicieron para aumentar la capacidad de abastecimiento a través de la ampliación del embalse de Chuza (lo que en su momento se conoció como Chingaza 2) y de Sumapaz.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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