Personería intervendría para restituir parqueaderos de El Campín

La historia se remonta a junio de 1992, cuando Hernán Cortés Parada, entonces director del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), le arrendó a un tercero los parqueaderos, que suman casi 20.000 metros cuadrados. Sin embargo, en 1994 descubrió que el particular había incumplido las cláusulas y declaró la caducidad del contrato. Desde entonces, el Distrito ha hecho de todo por recuperar los predios, pero no lo ha logrado.

El caso está hoy en manos del Consejo de Justicia Distrital, al que la Personería le pidió prioridad y celeridad ante lo que se estaría configurando como una ocupación irregular del espacio público. En su solicitud, la jefe del ente de control, Carmen Teresa Castañeda, insta a que se evalúen las condiciones especiales del caso y autorice el adelanto del turno del expediente para su estudio, con el fin de acelerar la decisión definitiva.

“Solicitamos al consejero que tiene el caso que se autorice el adelanto del turno con el fin de acelerar la decisión definitiva de este bien público, del cual hace 25 años se está lucrando un particular. Se han visto los estancamientos y las demoras frente al manejo de esta justicia administrativa”, declaró Castañeda quien aseguró que, en caso de que no haya respuesta, la Personería podría adelantar trámites policivos para lograr la ocupación definitiva de los terrenos.

El ente de control argumentó que su petición se sustenta en que se trata de bienes de uso público que gozan de una garantía constitucional especial y están dedicados a la satisfacción del interés general y utilización colectiva.

La historia

Antes de analizar el caso no se puede pasar por alto que en un día de fútbol, al menos 2.500 vehículos llegan a los parqueaderos de El Campín. Al final del compromiso cada conductor paga $12.000. Total: el recaudo alcanza los $30 millones, que debería ir a las arcas del Distrito, dueño de los predios. Sin embargo, hace 25 años van al bolsillo de un particular. Un golazo a la administración.

Tras el arrendamiento de los terrenos realizado por el IDRD en 1992 a Miguel Moreno Ramos, en 1994 se descubrió que el particular había incumplido las cláusulas y se declaró la caducidad del contrato. Las condiciones iniciales del arrendamiento fueron claras: durante el primer año pagaría $30 millones por explotar los parqueaderos. A partir del segundo, el canon aumentaría 20 % cada año. Sin embargo, Moreno Ramos no sólo los usó como estacionamiento. También instaló sin autorización caseta con publicidad, venta de comestibles, vallas, avisos, carpas, mesas, sillas y andamios, y descuidó las instalaciones. Esto llevó al Distrito a terminarle el contrato en octubre de 1994.

El contratista adelantó una estrategia para no dejarse sacar. Primero pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara la resolución que ponía fin al contrato. Por el otro, presentó una tutela alegando violación al debido proceso, con la que logró que un juez le ordenara al Distrito abstenerse de expulsarlo hasta que el Tribunal tomara una decisión.

El contrato se venció en 1997, pero la Alcaldía tuvo que esperar hasta mayo de 1998, cuando el Tribunal rechazó las pretensiones de Moreno Ramos y ratificó la terminación del contrato. Sin embargo, él apeló y su caso llegó al Consejo de Estado, donde permaneció casi una década, tiempo que aprovechó para cederle el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca, representante de Organizaciones Acero y quien al tiempo libraba otros pleitos contra el Distrito, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una zona verde del parque El Salitre (que el Consejo de Estado declaró ilegal) y por el incumplimiento del contrato de explotación de puestos de comidas en el Coliseo El Campín.

En noviembre de 2011, el Consejo de Estado avaló la terminación del contrato. Habían pasado 17 años y todo parecía listo para que el Distrito retomara el control de los parqueaderos. Sin embargo, cometieron un error: para no presentar una querella de restitución de bien de uso público, acordaron con Acero Salamanca la entrega voluntaria para el 28 de febrero de 2012.

Cuando se cumplió el plazo, sorpresivamente Acero dijo que antes de entregar era necesaria una conciliación ante la Procuraduría, ya que “existían obligaciones entre las partes que se debían negociar”. Supetición era una indemnización de $900 millones, por haber administrado los inmuebles y por gastos como sueldos, auxilio de transporte, aportes parafiscales, asesorías, mantenimiento, reparaciones, entre otras cosas.

Tras el fracaso de la negociación, el Distrito al fin radicó en junio de 2012 la querella de restitución ante la Alcaldía de Teusaquillo, que en noviembre de ese año ordenó a Acero Salamanca devolver los parqueaderos y lo declaró contraventor de la norma de espacio público. La decisión fue apelada y el expediente llegó en febrero de 2014 al Consejo de Justicia de Bogotá, que en julio de 2015 revocó la orden de restitución, al encontrar errores en el proceso, los que debía corregir la Alcaldía de Teusaquillo.

Sin embargo, ese despacho, en vez de acatar la directriz, archivó el caso y pidió al Distrito radicar una nueva querella. En esa oportunidad la que apeló fue la Alcaldía Mayor y el proceso lo asumió la alcaldía local de Los Mártires, que a pesar de haber ratificado en septiembre del año pasado la orden de restitución, hoy se encuentra resolviendo un nuevo recurso que tardará un año más.

De haber cumplido el pago de $30 millones el primer período y hubiera aumentado el canon 20 % cada año, en todo este tiempo el Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. No obstante, según los archivos de la tesorería del IDRD, a la fecha sólo reposan comprobantes de 10 consignaciones en 1998, que suman $53 millones, es decir, un poco más de lo que puede recaudar durante un fin de semana de fútbol en El Campín. “Revisados los archivos físicos entre 1992 y 2006, y el sistema digital desde 2007, sólo se encontraron esas consignaciones de Moreno Ramos”, indicó la administración en la respuesta a un derecho de petición del concejal Julio César Acosta.

Ya son 25 años de lucha jurídica, entre dilaciones, demora de las autoridades y una equivocada estrategia de la administración. Según Iván Darío González, director (e) del IDRD, “por estar en disputa legal la recuperación de los parqueaderos, en este momento el Distrito no percibe ingresos por la explotación de esos bienes”.

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