Petro terminará su mandato

Este proceso comenzó en diciembre de 2013, cuando la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Petro por el cambio del esquema de recolección de basuras en la ciudad. Mientras el alcalde apelaba la decisión, al mismo tiempo le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para evitar que lo separaran del cargo, al considerar el fallo como una persecución.

Como era de esperarse, en enero del año pasado la Procuraduría dejó la sanción disciplinaria en firme. Sin embargo, un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había interpuesto un grupo de ciudadanos, sirvió para frenar la destitución. Esta decisión fue revocada en marzo por el Consejo de Estado y a pesar de que por esos días la CIDH le otorgó las cautelares a Petro, el presidente Juan Manuel Santos no las acató y lo sacó del cargo. Fue cuando Petro y sus abogados presentaron la demanda de nulidad contra el fallo de la Procuraduría ante el mismo Consejo de Estado y solicitaron medidas cautelares.

En mayo del año pasado, el magistrado Gilberto Arenas encontró válidos sus argumentos y le otorgó el blindaje, con lo que Petro regresó al Palacio Liévano. El Ministerio Público reaccionó y presentó recurso de súplica ante el alto tribunal para que revocara las cautelares. Finalmente, ayer los magistrados negaron la solicitud de la Procuraduría al considerar que con la destitución se estaría generando un daño irreversible, al tener en cuenta que el fallo disciplinario no demostró que la intención del alcalde fuera causar un daño a la ciudad con el cambio del esquema de aseo. Ahora bien, esto no quiere decir que se revoque el fallo de la Procuraduría. Simplemente, que Petro seguirá como mandatario mientras el Consejo de Estado toma una decisión frente a la demanda de nulidad.

Aunque no está claro cuándo tardará el alto tribunal para tomar una decisión, ya que un proceso ordinario de nulidad podría tardar hasta cinco años, cualquier escenario favorecería a Petro. De acuerdo con Iván Acuña, asesor jurídico del mandatario, aunque el Consejo de Estado podría resolver en los próximos meses, la fecha es incierta. Y en el peor escenario para el alcalde, que sería la ratificación de la sanción de la Procuraduría, el Ministerio Público tendría que volver a acudir al Presidente Santos para que ejecute la destitución, algo difícil si se tiene en cuenta que él ya acató las cautelares de la CIDH.

Un triunfo

Al conocerse la noticia, el alcalde la calificó como un triunfo de la democracia, de los electores y de él mismo. “Ojalá no se vuelva a repetir que un funcionario no elegido, no judicial, determine quitarle el mandato popular a un funcionario en ninguna ciudad, simplemente por sectarismo político, porque no se está de acuerdo con una política pública”, agregó. Sobre el proceso que generó su destitución, explicó que la demanda de nulidad busca demostrar que el cambio del modelo de aseo se hizo para cumplir una orden de la Corte Constitucional y proteger a los recicladores.

Aprovechó la coyuntura para invitar al procurador Alejandro Ordóñez a que apoye el proceso de paz. “Ojalá vaya a La Habana (Cuba). Hoy lo necesitamos al lado de la paz. Sería bueno que fuese y dialogue con las Farc, con el Gobierno Nacional y con todas las fuerzas sociales y políticas, porque lo que necesitamos es salir de una guerra de 60 años y no enemigos ni obstáculos en el proceso”.

De acuerdo con el abogado Acuña, la decisión es un buen antecedente para la decisión final en la demanda de nulidad, ya que muestra la corriente que está animando a los magistrados frente al fallo definitivo. “Con esto se reconoce que hubo fallas de la Procuraduría, que actuó sin tener en cuenta la ley, con arbitrariedad administrativa y que no cumplió el principio de legalidad, porque una política pública como un sistema de aseo no puede constituir una falta disciplinaria. Además, que no ha podido demostrar que el alcalde tuviese la intención de producir un daño al Distrito y que no se practicaron pruebas que él pidió. Que el procurador actuó con subjetivismo”.

“El Consejo de Estado realizó un control de legalidad de las actuaciones del procurador y le da un espaldarazo a la defensa del alcalde. Eso significa que el fallo tiene vicios. Desde el punto de vista probatorio, las falencias fueron grandes, por ejemplo, cuando aseguró que la política de aseo quebró el principio constitucional de la libre competencia, argumento que desmintió la Fiscalía y un tribunal”, concluyó Acuña.

Para Daniel Pardo, otro de los abogados del mandatario, si bien la decisión es importante, para ellos estaba claro que Petro iba a terminar su mandato desde que el Gobierno finalmente acató las cautelares de la CIDH. “Creo que mantener el alcalde en su cargo es uno de los triunfos más importantes de la izquierda en Colombia”.

REACCIONES

Antonio Sanguino
Precandidato de la Alianza Verde a la Alcaldía
“Me parece positivo para la ciudad porque garantiza la estabilidad institucional al permitir que el alcalde termine su período constitucional de gobierno. Y para el país porque se respetan los derechos de quienes eligieron al alcalde, en consonancia con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH”.

Hollman Morris
Precandidato de los Progresistas a la Alcaldía
“Ganó la democracia, ganó Gustavo Petro, ganó Bogotá. Pero los grandes victoriosos fueron los ciudadanos que presentaron tutelas y se movilizaron en todo el país. Ahora tenemos que abrir el debate acerca del procurador y sus funciones, porque pareciera que puede más él que el voto popular”.

Francisco Santos
Precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía
“La ley hay que cumplirla. Él utilizó unos recursos y, aunque en parte matoneó a la justicia, la ley le dio la razón. Lo que uno espera es que en futuros casos pase lo mismo y otros funcionarios públicos tengan la misma garantía, porque parece que no es así. Si hay un funcionario uribista y otro que no lo es, el segundo sí recibe protección”.

Clara Lucía Sandoval
Concejal de la U
“Gustavo Petro dice que es un triunfo de la democracia, pero sería triunfo de la democracia si se hubiera permitido la revocatoria. Se cumplió con todo, y la Registraduría, por temor a incurrir en otros gastos, no convocó, y ahí perdimos todos. Sigo creyendo que la destitución fue justa y no comparto el fallo del Consejo de Estado, aunque no me sorprende”.