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Luego de que el pasado domingo el procurador general, Fernando Carrillo, solicitara al Ministerio de Justicia la coordinación de acciones inmediatas para evitar el contagio con coronavirus de la población carcelaria, el Ministerio Público volvió a pedir protección a favor de otra población vulnerable. En las últimas horás, este órgano solicitó la presencia de la Secretaría de Salud de Bogotá para la realización de una jornada de limpieza que garantice «las condiciones de salubridad y mitigue riesgos de contagios de COVID-19 entre vendedores ambulantes».
El Instituto para la Economía Social (IPES) en conjunto con las Secretarías de Desarrollo Económico e Integración Social avanzan desde el pasado 21 de marzo en la entrega puerta a puerta de productos perecederos y no perecederos de la canasta familiar a los vendedores informales, tras medidas implementadas para contener el COVID-19. Parte de las críticas de los ciudadanos es que estas entregas no han llegado a todos.
«Estamos apoyando a los vendedores informales con entregas de comida. Los que no están registrados en el IPES y en la Secretaría de Gobierno nos pueden pedir ayuda, igualmente hemos ayudado habitantes de calle y trabajadoras sexuales”, afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López la semana pasada.
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