Piden investigar a directora de la Cárcel Distrital

Las dudas alrededor del actual contrato de suministro de alimentos en la Cárcel Distrital, que llevaron a la Contraloría a solicitarle a la Personería una investigación en contra del secretario de Gobierno Hugo Zárrate, empiezan a generar señalamientos al interior de la cartera Distrital. A través de un comunicado, el secretario salvó su responsabilidad en este caso y señaló públicamente a la directora de la cárcel, Sonia Patricia Peñón, como la posible responsable de cualquier error. Por esta razón, a través de un comunicado, anunció que había pedido a los organismos de control una investigación en contra de la funcionaria.

Los cuestionamientos alrededor del contrato de alimentos para la cárcel obedecen a que, a pesar de que las autoridades sabían que el contrato terminaba en mayo, el proceso para elegir al nuevo contratista se abrió tres semanas antes y al final lo tuvieron que declarar desierto. De esta manera, el secretario Zárrate tuvo que declarar la urgencia manifiesta (en Ley de Garantías) para adjudicar directamente un contrato por tres meses, para garantizar la alimentación de los reclusos. La Contraloría sometió a revisión la decisión del secretario de Gobierno y, tras el análisis, concluyó que la declaratoria de urgencia manifiesta era injustificada y no se ajustaba a las leyes de contratación estatal.

Tras la publicación de El Espectador (Contrato de alimento para presos huele mal), el secretario Zárrate publicó un comunicado en el que señaló que actualmente se tramita otra licitación para adjudicar el nuevo contrato. Además, que ordenó la apertura a un proceso disciplinario contra la directora del centro de reclusión.

En su comunicado reconoció que existió un error de planeación, ya que la licitación debió abrirse con anticipación y no esperar a que se estuviera terminando el contrato para hacerlo. “La directora de la cárcel tenía que planificar y hacer a tiempo ese trámite. Esa falta de planeación la determinará la personería, pero aquí no ha habido ningún detrimento patrimonial ni nada que se le parezca”.

Frente a la prórroga del contrato a la empresa que desde 2012 suministra los alimentos en la cárcel y la cual resultó inhabilitada en el proceso que se declaró desierto, el secretario explicó que no se le adjudicó directamente sin participar en licitación, sino que se le hizo un contrato por tres meses para que la cárcel no careciera del suministro de alimentos. “Es un error pensar que a la empresa que viene prestando el servicio se le adjudicó un nuevo contrato sin acudir a licitación. Esto no ha sucedido de ninguna manera”, indicó.

Sin embargo, el proceso que se declaró desierto tenía un valor cercano a los $2.000 millones, con lo que se garantiza la alimentación al menos por seis meses, y la prórroga fue por tres meses y un valor cercano a los $1.000 millones, es decir, la prórroga fue por la mitad del valor del inicial proceso de selección. Como dato clave, actualmente darle de comer a los cuesta en promedio $10 millones diarios.

* “Estoy muy triste”

El Espectador habló con Sonia Patricia Peñón, directora de la Cárcel Distrital sobre el pronunciamiento del secretario de Gobierno de señalarla como responsable.

¿Qué piensa de la decisión del secretario de Gobierno de señalarla como responsable de lo ocurrido con el contrato de alimentos para la cárcel?

Estoy sorprendida y muy triste con todo esto, porque ahora me quieren descargar a mí el problema. Apenas llevo siete meses como directora de la cárcel y desde que llegué he cumplido con mi deber.

¿Hubo errores de planeación, como dijo el secretario de Gobierno?

No. Llegué a la dirección el 29 de noviembre de 2013 y supe que el presupuesto del contrato de alimentación se acababa el 7 de mayo de este año. Por eso inicié los trámites desde el 30 de diciembre. Pedí cotizaciones a diferentes empresas y realizamos los estudios para entregar todo a tiempo a la oficina de contratación de la secretaría de Gobierno. Incluso, alcancé a pedir un concepto jurídico para definir el proceso de selección. Se estructuró el proceso y se definió que sería por subasta inversa. Envié todo a la oficina de contratación de la secretaría el 11 de marzo, porque me preocupaba que el 7 de mayo se acababa el presupuesto para alimentos.

¿Y qué pasó?

Yo cumplí y créame que no fue falta de planeación. En la oficina de contratación tenían dos meses para seleccionar el contratista. Incluso, una subasta inversa puede tardar máximo un mes. No sé por qué abrieron el proceso el 14 de abril, si todo lo entregamos organizado a tiempo.

¿Por qué se le prorrogó el contrato a una empresa que en el reciente proceso también resultó inhabilitada?

Hay varias razones. Una, porque ellos mantuvieron el precio de $9.800 por ración diaria para cada recluso, que es el que se tiene desde 2012, cuando las últimas cotizaciones nos ofrecían raciones a $11.600. La otra es que era muy difícil hacer un empalme en dos días con otra empresa, para garantizar la alimentación en la cárcel.

Pero le descargaron toda la responsabilidad…

Sí y con todo esto la única perjudicada acá soy yo, cuando yo cumplí mi tarea con anticipación.

¿Ha hablado con el secretario Zárrate?

No, le estoy enviando una carta diciéndole que me da tristeza todo esto, que no me hubiera escuchado y que no me hubiera apoyado, porque todo se hizo legalmente. Sé que el secretario es muy transparente, pero puede ser que está mal asesorado o… no sé qué pasó ahí.

* jamarin@elespectador.com

@alexmarin55