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En espera de la sanción presidencial se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia potencia mundial de la vida 2022 – 2026″, luego de ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro pasó por varios reveses, estos son finalmente algunos de los artículos que impactarán a Bogotá durante los siguientes cuatro años.
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Línea 1 del Metro de Bogotá
Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 173, relacionado con los proyectos férreos en el país y que finalmente pasó, no sin antes sufrir cambios. En su versión original, se mencionaba que el Gobierno Nacional podía cofinanciar un monto superior al 70 % de “los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo beneficio establezca esta como la mejor alternativa”.
La palabra “soterrar” despertó inconformismo en algunos congresistas, quienes vieron en el artículo una estrategia por parte del presidente Gustavo Petro para hacer realidad su intención de ejecutar la primera línea del Metro de Bogotá subterránea.
“Afortunadamente, este artículo en la conciliación se cayó. Adoptaron un texto del Senado que quitaba la palabra “soterrar”, que, en efecto, buscaba fuentes de financiación para soterrar el metro, $18 billones que se tendrían que terminar pagando con los impuestos de los colombianos”, indicó la representante a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical, Carolina Arbeláez.
Como se recordará, la administración distrital y nacional han tenido varios choques por la manera en que creen se debe llevar a cabo la primera línea del Metro. Por su lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indica que el proyecto elevado tiene avances significativos (cerca del 20 %) y está contratado, mientras que el Jefe de Estado reitera que la mejor opción a largo plazo es soterrar el proyecto.
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Finalmente, el artículo fue aprobado de esta manera: “Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70 %)”.
De otro lado, en el PND se habla de que la Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40 % y hasta por un 70 % en proyectos de sistemas de transporte público de pasajeros.
La cofinanciación aplicará para servicio de deuda, infraestructura física, adquisición predial, planes de reasentamiento, sistemas inteligentes de transporte y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante nuevo o cabinas de cables.
Perdura el San Juan de Dios
Si en algo salió victorioso el Gobierno Nacional fue en lograr facultades extraordinarias para adquirir infraestructura y poner a operar el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, como se lo propuso Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.
“Este hospital tan importante en la historia de la salud pública en Colombia iba a ser objeto de un proceso de demolición y destrucción. Ahora va a ser lo que siempre ha sido, un hospital de carácter nacional de cuarto nivel, que va a alojar nuevamente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional”, expuso Jose Cuesta Novoa, concejal por Colombia Humana.
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Sin embargo, en la capital hay un contrato vigente para la construcción del Hospital Santa Clara en el espacio donde hoy se encuentra el San Juan de Dios. El proyecto, que contempla la demolición de la torre central del hospital, así como procesos de restauración de otras edificaciones aledañas, cuenta con un avance en su etapa de pre-construcción de más del 60%.
Para la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas, varios estudios señalan que las obras del complejo deben ser demolidas, debido a que no cumplen con las normas de sismoresistencia y tienen un método de construcción hoy prohibido para usar en el sector salud. “La torre no cumple con la altura que se requiere para un hospital de alta complejidad, que debe ser de 4 metros en pisos generales y en áreas quirúrgicas la altura debe ser de 8 metros”.
Región Metropolitana
Uno de los principales reparos frente a cómo el PND afecta la organización territorial gira en torno a la imposición de conceptos para el ordenamiento local, en particular con el concepto de soberanía alimentaria, uno de los ámbitos priorizados por la naciente Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) para establecer “hechos metropolitanos” (es decir, problemáticas en común) entre municipios.
No obstante, en la ley orgánica de la RMBC se estableció el concepto de seguridad, y no soberanía, como principio rector de la región. Como lo indica María Carolina Castillo, directora de ProBogotá, se trata de un cambio de enfoque. Así, la seguridad alimentaria se refiere a la problemática frente a la poca conexión en las vías de entrada y salida de las ciudades que afectan el crecimiento económico, la dignidad humana y particularmente, el acceso a los alimentos.
“Hoy en el país, en el ingreso a las ciudades se pierden casi $16 billones porque las vías no están conectadas. En la región hacen falta vías y transporte adecuados e integrados, que permitan sacar los alimentos al mercado más grande del país. Cada año se pierden toneladas alimentos que se dañan en las vías de Bogotá”, indicó Castillo.
No obstante, en el PND se prioriza el concepto de soberanía alimentaria (que se refiere a la autonomía de las naciones para definir su política alimentaria), y que en algunos análisis podría comprometer la autonomía local de los municipios y otras formas de asociación.
“El concepto de soberanía alimentaria ha sido objeto de críticas en el país, en virtud del riesgo que podría generar en materia de control local, que podría impedir que las entidades territoriales cuenten con los requisitos de calidad y sanidad efectivos, poniendo en riesgo el autoabastecimiento alimentario nacional”, indica un análisis de la Fundación ProBogotá.
En ese sentido, el concepto que propone el Gobierno Nacional podría chocar con los planes para la gestión del sistema logístico y de carga entre la capital del país y los municipios aledaños. Como se recordará, a finales del año pasado se aprobó una Alianza Público Privada (APP) para mejorar la conectividad con el aeropuerto El Dorado y las zonas circundantes.
Por su parte, se establecen lineamientos para la presentación y ejecución de inversión de impacto supramunicipal con recursos públicos, requiere la actualización del registro en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, lo que también cambiaría la dinámica del gasto del Consejo Regional.
Autoridad ambiental
En términos ambientales, en el artículo 34 del PND se establece la creación de los Consejos Territoriales del Agua que buscan “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua, buscando la consolidación de territorios funcionales con enfoque”.
Para expertos, estos consejos entrarían a cumplir un rol de articulación con otras autoridades ambientales en torno a la gestión de los recursos hídricos. Así, será el Ministerio de Ambiente el encargado de determinar sus funciones, su conformación y la incidencia de la participación y consulta ciudadana en estos.
De esta manera, estos mecanismos podrían cambiar las dinámicas locales y regionales (como en la concesión de proyectos) por parte las autoridades regionales, cuyas relaciones se encuentran de por sí rotas. En este caso, estos podrían disputar parte de las funciones de Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, distanciándola del Distrito.
“La Alcaldía Mayor participa en la Asamblea Corporativa y tiene asiento en el Consejo Directivo de la CAR, que designa a su Director General; sin embargo, la relación entre los distintos gobiernos distritales y quienes han dirigido el ente corporativo, históricamente, no ha sido la más colaborativa frente a proyectos de ciudad en el área rural”, indicó Ricardo Herrera, exdirector de la CAR.
A esto se suma, la incertidumbre en la creación de la Autoridad Ambiental Especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, como lo solicitó la alcaldesa Claudia López, pero que fue parcialmente rechazada por el Ministerio de Ambiente, pues el acto legislativo 2 de 2020 definió que la Región Metropolitana no modificaría el régimen de financiación de la CAR.
“La alcaldesa solicita ahora una nueva modificación a las reglas hechas en el año 2020 para incluir la autoridad ambiental enunciada antes, asunto que implicará reformar el acto legislativo”, mencionó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
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