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Las autoridades establecieron que cinco integrantes de una banda delincuencial ejercían el control de la zona por medio de la distribución de estupefacientes en la localidad de Suba, a través de personas que pasaran desapercibidas ante las autoridades.
Para la distribución de los alucinógenos la pareja utilizaba habitantes de los sectores con una vida social normal que no despertaban ningún tipo de sospecha, tales como: estudiantes, ayudantes de construcción, conductores, mecánicos, comerciantes, recicladores, meseros e incluso amas de casa, logrando evadir controles de las autoridades y pasando desapercibidos ante la misma comunidad.
Tan pronto se tuvo conocimiento de la denuncia, la Fiscalía expidió cuatro ordenes de allanamiento y registro para que un grupo élite de la Dijin se trasladara al lugar de los hechos para encontrar elementos materiales probatorios y dar captura a los integrantes de la organización ilegal que operaba en seis barrios en la localidad de Suba.
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