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La percepción de inseguridad es alta y los alcaldes claman por una respuesta contundente del gobierno nacional. En Bogotá, incluso con la mayoría de los delitos en descenso, la gente no se siente tranquila, ni confía en las autoridades. Según las últimas encuestas de percepción el 66,2 % cree que la inseguridad aumentó y cada vez son menos los que denuncian: en general, solo el 45,6 % lo hace y solo tres de cada 10 víctimas de hurto reporta su caso, porque sienten que las autoridades no hacen nada.
¿Qué hay detrás? Una sensación de miedo que se dispara con el video de los delitos que se viralizan en redes; el reconocido déficit de policías, y una sensación de impunidad que crece cada que liberan a un delincuente. Muchos creen que la ciudad está en manos del hampa, por algo simple y que reconoce el propio César Restrepo, secretario de seguridad de Bogotá: los delincuentes parecen tener más ventajas que los ciudadanos.
Desde la pandemia esta sensación es alta. Según la alcaldía, lo único que pueden hacer es contener el delito para evitar que se disparen las estadísticas, pues sin apoyo de la Nación, que le apostó todo a la “paz total”, es imposible contrarrestarlo. De ahí que con el cambio de presidente se genera una alta expectativa. Restrepo siente que Bogotá tiene mucho que aportar en la estrategia de seguridad urbana y celebra el plan de priorizar siete ciudades donde las rentas criminales crecen sin control. El funcionario habla de los desafíos, sus expectativas, sus reparos frente a la estrategia del saliente gobierno, y de la urgencia de una reforma judicial técnica, ya que la lucha contra el crimen requiere, ante todo, voluntad política que priorice los derechos de la mayoría sobre las garantías de los que violan la ley.
Se viene cambio de Gobierno. Háblenos del panorama y qué espera con la transición.
Cuando asumimos, el desafío era contener el crecimiento del crimen, que venía tras la pandemia y el estallido social que, aclaro, la Corte calificó como un estallido de violencia. La tarea era contener y hacer que prevaleciera el imperio de la ley, en medio de un escenario complejo y un país sin estrategia clara de lucha contra el crimen, sin política criminal, con leyes anacrónicas y una cantidad de recursos ilícitos circulando como nunca en la historia.
¿Cuál es la expectativa?
El enfoque de la “paz total”, que aglutinó la apuesta de seguridad, claramente no fue debilitar las organizaciones criminales. Esperamos que el nuevo gobierno llegue con una estrategia de lucha contra el crimen que combine esfuerzos locales, nacionales y cooperación internacional. Tienen una oportunidad de oro para diseñar una política criminal que derrote al delito y actualice el marco normativo, porque hoy en Colombia los criminales tienen más ventajas que los ciudadanos.
¿Por qué sigue alta la percepción de inseguridad e impunidad?
Le doy un ejemplo: la captura de la banda “Los Seguros”. En el barrio 7 de Agosto todos sabían que había una “olla” donde torturaban y mataban, pero tardamos un año reuniendo pruebas. El ciudadano cree que hay connivencia con las autoridades, pero no sabe que los procedimientos y el marco operativo para llevarlos ante un juez es lento, burocrático y en exceso garantista con los criminales. Como nación debemos generar procesos de judicialización eficientes que, en vez de darles margen a los criminales, les den la confianza a los ciudadanos.
¿Cómo van las gestiones del alcalde para reformar la justicia?
El alcalde creó un grupo con las cortes, jueces y expertos para construir soluciones jurídicas que representen un acuerdo de la sociedad y presentarlas al Congreso. No se trata de un titular, sino de soluciones.
Pero el déficit es mayor: infraestructura, jueces, fiscales…
La aplicación de la ley tiene un ciclo: prevención, cumplimiento, investigación, juicio y resocialización, pero la sociedad solo discute el rol de la policía. No obstante, la cadena es más amplia con las entidades, fiscalía, jueces, sistema penitenciario. El nuevo gobierno tiene oportunidad de ser sincero con el país y decirle cuánto cuesta la seguridad y la justicia, y hacer cuanto antes la inversión que se necesita para fortalecer la investigación y acabar la impunidad.
Pone de ejemplo el caso del feminicida británico, de cómo el acceso a información evitó la impunidad…
Lo capturamos en cinco días gracias al acceso a la información personal que tenía la policía inglesa, algo que en Colombia es difícil por la Ley de Habeas Data, que blinda los datos personales. En caso de un secuestro, por ejemplo, es una odisea obtener registros de celulares y movimientos bancarios. Si tuviéramos acceso atraparíamos más delincuentes.
Pero renunciar al Habeas Data es perder una protección general.
Lo que advierto es que hay un problema y como sociedad debemos dar la discusión hasta dónde doy herramientas para luchar contra el crimen o hasta dónde estoy dispuesto a aguantarme el crimen. Las billeteras electrónicas, por ejemplo, son el sistema de la extorsión y se deben controlar. Preguntémonos como sociedad: ¿estamos dispuestos a soportar los niveles de extorsión o a generar medidas que les cierren espacio a los criminales?
Pero la extorsión existía antes de las billeteras digitales. ¿No es más fácil actualizar a las autoridades?
No existían, pero la dinamizó. El celular hoy es el mayor aliado de los extorsionistas y muchos delincuentes. Para que las autoridades puedan dinamizar su la lucha contra el crimen, requieren de herramientas y de autorizaciones.
Los alcaldes prometen reforzar la inteligencia, pero no se logra.
Los alcaldes no pueden. Esa es función única del Gobierno. En los últimos años se debilitó gravemente la inteligencia y se recortaron presupuestos en entidades como la UIAF. Hay que fortalecerla con normas para el mundo cibernético donde hoy los criminales se mueven tranquilos. Ahí hay una debilidad que hay que corregir.
El crimen en los últimos años ha evolucionado. ¿Cómo enfrentarlo?
Tuvo una transformación radical. El crimen se hizo trasnacional, con organizaciones venezolanas y mexicanas que viven de los mercados ilícitos en las grandes ciudades. Por ejemplo, el criminal “Larry Changa” manejaba todo el crimen en Santiago de Chile desde una finca en el Quindío. Hoy esas organizaciones viven, se alimentan, generan recursos y se integran gracias a los mercados de lo ilícito en las grandes ciudades. Gracias a la tecnología, hay organización y cabecillas dispersos que compran servicios criminales, que se alimentan de las economías criminales en ciudades grandes y en ciudades medias. La estrategia debe ser romper esas economías ilícitas para desfondar ese sistema. Necesitamos de política criminal, estrategia y capacidades.
¿Cómo hacer para que la gente sienta que las estrategias de seguridad funcionan?
La gente tiene razón de sentirse insegura y no le voy a decir que no lo haga, porque su sentimiento se centra en la sensación de impunidad, cuando el delincuente no paga. Por eso, insisto en que es un error no perseguir los delitos menores. Al ciudadano le “talla” el hurto. Todo crimen que use violencia, sin importar el valor de lo robado, debe llevar a la pérdida de la libertad. Pero ¿qué tenemos en Colombia? Un sistema legal que se quedó corto en brindarle a los ciudadanos la seguridad de que el delincuente va a pagar. Hoy el sistema no está leyendo qué demanda el ciudadano.
¿No es un sistema carcelero?
Esa es la otra discusión errada. No es que quiera meter a todo el mundo a la cárcel, pero debe existir un sistema de justicia con el que la gente sienta que fue resarcida en su daño y en el que quien delinquió no lo repita. Eso sí, hay que llevar a prisión a todo el que cometa un delito con violencia. Si roba un lápiz de COP 1.000, pero le pega una puñalada a la víctima, se debe tratar como un crimen serio, que lleve a la pérdida de la libertad. Si queremos resolver la inseguridad, no solo es la acción de la Policía, sino que los delitos menores no se normalicen, porque eso molesta a la gente. En las encuestas de percepción la gente dice estar cansada del hurto, pero en Colombia nunca hemos tenido una estrategia nacional contra este delito. Por ejemplo, no hemos dado la discusión de prohibir la venta de autopartes de segunda, porque mientras exista habrá robo de automóviles. No hemos cambiado las condiciones que favorecen el delito.
Pero esa es una situación que persiste independiente del gobierno.
Eso es lo que el gobierno entrante tiene como reto: derrotar el crimen no es solo sacar policía a la calle, sino cambiar desde lo operativo, lo normativo, los procedimientos y en cómo cerrarle el espacio a los delincuentes. Nuestro esfuerzo ha sido contener el delito y lo hemos logrado. Hoy en Bogotá hay menos delitos que el 31 de diciembre del 2023, pero solo nos alcanza para contener. Para derrotarlo se requiere de estrategias contra el crimen, hacer política criminal y hacer los desarrollos en los ámbitos que nunca se han hecho.
¿Qué se va a priorizar a partir del 7 de agosto?
Queremos compartir con el nuevo gobierno nuestra experiencia en estos 32 meses y crear una alianza. Bogotá necesita capacidades para ir frontalmente contra las drogas en la ciudad y fortalecer el control migratorio, para identificar a quienes vienen a hacernos daño. Queremos contarle qué hemos visto y dónde están las debilidades. Nosotros estamos listos para que el gobierno nacional nos invite a esa conversación. Es buena idea trabajar en simultánea en siete ciudades, donde están los mercados criminales más grandes del país. Golpear las economías ilícitas es un golpe certero a la criminalidad.
¿Hay alguna alerta específica para las próximas fechas patrias?
El 7 de agosto es una fecha de especial atención. Tenemos información de que alias “19”, desde la cárcel, está coordinando células de “primera línea” para atacar la ciudad. Pedimos a las autoridades penitenciarias que lo aíslen. Es un despropósito que líderes políticos hagan llamamientos a la violencia en las calles.
¿Qué opina de la reciente decisión de la Fiscal de cambiar un proceso por terrorismo contra 11 manifestantes a una unidad de justicia transicional?
Tirarle bombas incendiarias a un bus con 80 personas es un acto de terrorismo ¿para hablar ahora de justicia restaurativa? Ellos son peligros públicos. Desde que los metimos a la cárcel en Bogotá bajaron las acciones violentas, porque los coordinadores están aislados.
¿Cómo interpretar esa decisión?
Eso es un mensaje que dice “hombre, salga, queme buses y trate de asesinar policías, que si lo cogen, pues lo ponemos a barrer unas calles”. Quien no respeta los derechos de los otros no es una persona que está ejerciendo el derecho a la protesta, sino que es un criminal violento. Eso es inaceptable.
¿Qué piensa de volver al antiguo ESMAD?
Puedo decir que la UNDEMO es una unidad de una altísima especialización. ¿Qué hay que resolver? Las normas que regulan su intervención y definir como sociedad qué estamos dispuestos a tolerar en el marco de la protesta. ProBogotá hizo un estudio y la conclusión es que la protesta no es un derecho ilimitado y quien lo ejerce tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Es inexplicable que, por cuenta de unos decretos mal hechos, que dieron poderes a individuos para ponerse por encima de la sociedad, haya 100.000 personas en las tardes caminando, porque bloquean las vías. El ESMAD es un cuerpo que la Policía se encargó de transformar, modernizar y ponerlo en los estándares que este país necesita.
¿Está de acuerdo con permitir el porte de armas a civiles?
Esa es una discusión compleja y en el ámbito público la vuelven ligera. El problema son las armas ilícitas, no las lícitas. Antes de hablar de porte, hablemos de luchas contra el tráfico de armas. En cuanto a las armas lícitas, mire el caso de Denver, en Estados Unidos: se pusieron la meta de reducir los delitos con armas de fuego. Lo lograron con trazabilidad de las armas legales, creación de bancos de ADN y bancos de ojivas. ¿Cuándo ha oído eso en Colombia? Si la decisión es permitir el porte, es apagar un incendio con gasolina. Se requiere de muchas transformaciones antes de esa conversación.
Los frentes urbanos, ¿qué piensa de esa estrategia puntual?
La idea general de atacar en simultánea esas siete ciudades es la vía correcta. Esas siete ciudades albergan los mercados criminales más masivos. También que cada una de esas ciudades tenga un plan en particular, porque la estrategia para Bogotá no puede ser la misma de Medellín o Cali. Estamos listos para empezar en atacar donde nosotros ya sabemos que vamos a tener las mejores ganancias: las drogas. Necesitamos capacidades para tomarnos la ciudad contra las drogas. Lucha contra el tráfico, la distribución y la comercialización en las grandes ciudades. Hay que parar los flujos de marihuana a las ciudades, que es lo que más dinamiza ese mercado. Hay que luchar contra el contrabando y fortalecer el control migratorio. Migración Colombia requiere que el gobierno nacional haga un esfuerzo para que podamos identificar quiénes vienen a hacernos daño y someterlos ante la ley.
Al escuchar las alternativas, siento que la propuesta es renunciar a ciertas libertades por recuperar la tranquilidad.
Esa es una forma de verlo. Las sociedades deciden actuar, pero esas decisiones no tienen patente de éxito. Por ejemplo, ¿las decisiones que se tomaron entre 2013 y 2015 contra la producción de drogas fueron las correctas? Pues no. Para 2013 había 48.000 hectáreas de cultivos y hoy hay 300.000. Todo eso llevó a este crecimiento criminal. Entonces ¿reconocer un error es retroceder? Esto no es de pérdida de derechos, es que una sociedad decida qué es lo que quiere. Hoy cada día el crimen es más fuerte; con más posibilidad de contaminar la institucionalidad y tomar control social y económico. Toca volvernos a sentar y mirar cómo corregir y garantizar lo que la gente pide a viva voz: la tranquilidad de que el Estado está del lado del imperio de la ley.
A esta administración le quedan 16 meses ¿Cuál es la meta para el cierre en seguridad con este nuevo gobierno?
Tengo la esperanza de que el trabajo coordinado sea desde el primer día. Que la apuesta de seguridad de la ciudad sea exitosa en el debilitamiento del delito hacia final del gobierno y que le dejemos al próximo gobierno distrital el camino andado. Debilitar esa máquina de economías ilícitas y crimen organizado que quiere llegar a Bogotá significa debilitarla también en otras partes del país.
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Por Alexánder Marín Correa
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