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Intervenir o no la reserva Thomas Van der Hammen, en el norte de Bogotá, ha sido parte del debate político en, por lo menos, los últimos 12 años. En 2011, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la declaró Área de Reserva Forestal Productora Regional del Norte, pero a la hora de cumplir las tareas de recuperación y protección, se ha enfrentado a las necesidades de movilidad y vivienda que demanda Bogotá.
Esta semana, las fuerzas se terminaron inclinándo, luego de que el consejo directivo de la CAR aprobó la sustracción de 20 hectáreas, necesarias para la ampliación de la avenida Boyacá hasta Guaymaral. La decisión se tomó en medio de un ambiente enrarecido, por unas medidas cautelares aun por aclarar y el afán de tomar una determinación el mismo día que se presentó el concepto que hacía falta en el proceso.
Lea: La CAR aprobó la sustracción de la reserva Van der Hammen
La importancia de la reserva Thomas Van der Hammen, que tiene 1.395 hectáreas (12 veces el parque Simón Bolívar o casi el tamaño de Teusaquillo) radica en que es un punto clave de conectividad de los Cerros Orientales con el río Bogotá, por lo que, en documentos como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se prioriza su cuidado y recuperación.
No obstante, es una zona intervenida, no un bosque virgen. Dentro de su polígono hay colegios, casas, cultivos y, desde la orilla que se le mire, se podría tener una interpretación sobre la conveniencia o no de su intervención. Si uno se encuentra en un trancón sobre la vía Suba-Cota, puede estar de acuerdo con los planes de construcción que propuso el exalcalde Enrique Peñalosa, quien en un momento señaló que esta zona no tenía nada distinto a cualquier otro potrero. Pero si uno llega a La Conejera o al Bosque de Las Mecerdes, puede que le encuentre sentido a la necesidad de recuperar la zona de protección.
Las intervenciones más recientes las han propuesto las últimas dos alcaldías. Primero, Peñalosa solicitó a la CAR la recategorización, realinderación y sustracción de la reserva, que no era más que el permiso para hacer vías, parques y hasta proyectos de viviendas en la zona, para atender las necesidades de crecimiento de la ciudad, bajo un esquema que la administración mostraba como sostenible. Hubo audiencias públicas, estudios sobre la intervención y debates entre candidatos a la alcaldía.
Con el cambio de la administración, la mandataria Claudia López retiró dichas las solicitudes y, luego de superar la parte más crítica de la pandemia, decidió pedir solo la sustracción de 20 hectáreas, para la construcción de cuatro vías. El problema es que una de esas es la ampliación de la avenida Boyacá que, además de contar con más de ocho carriles, dividirá parte de la reserva.
La solicitud
La ampliación de la avenida Boyacá entra a la Van der Hammen en tres tramos. En el primero son solo 108 metros cuadrados y prácticamente bordea la reserva; en el segundo, interviene 9,97 hectáreas y pasa junto al cementerio La Inmaculada, mientras que el tercero, de 10,88 ha., es el que más preocupa a los defensores de la reserva ya que atraviesa el sector de conecta los cerros con la con el río Bogotá.
“Lo que hace la Boyacá es incluir una nueva fragmentación de borde a borde”, señala Sabina Rodríguez Van der Hammen, al explicar que la carrera Séptima y la Autopista Norte ya representan una carga en la conexión ambiental. “Acá se mete una vía en una zona supremamente frágil, que colinda con el humedal, es el boquerón con Torca y además es el punto donde más llueve. La conectividad hídrica en este sitio es fundamental y es donde van a hacer el corte”.
Este es uno de los argumentos por los que la veeduría y los defensores de la reserva Van der Hammen se han opuesto a la sustracción que pidió la alcaldía en diciembre de 2021. Por un año, la CAR y los interesados hicieron estudios, visitas y pruebas, por lo que a finales de marzo pasado todo parecía listo para definir el futuro de la vía, hasta que el juez 47 penal del circuito decidió poner medidas cautelares al proceso, al aceptar una tutela que puso Rodriguez Van der Hammen.
“Nuestra disputa en la tutela no es que no sustraigan, sino que nos dejen presentar nuestro punto de vista, lo que consideramos que está mal. La justificación de la CAR para no notificarnos es que no se estaban expidiendo actos administrativos, por lo que pedimos que se garantizara la participación”, explicó Sabina Rodríguez.
La semana pasada, el mismo juez levantó las medidas cautelares y consideró improcedente la solicitud que se hizo en la tutela, razón que llevó a las accionantes a apelar ante el tribunal. A la par, la CAR citó a el pasado lunes 17 de abril al consejo directivo a una reunión extraordinaria, para evaluar el concepto que permitiría definir la sustracción.
Lo que incomodó de está citación fue que se hizo sin esperar a que el tribunal tomara una decisión en segunda instancia y la decisión se resolvió casi que a contrarreloj, en una sesión que duró más de ocho horas, en las que se presentaron los conceptos, se definieron las condiciones y se redactó el texto que finalmente se votó casi a las 10:00 de la noche.
La alcaldesa Claudia López celebró la decisión y aseguró que “además, el diseño de la Avenida Boyacá contempla pasos de fauna e hídricos, para mejorar la función ecológica existente. La vía contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y a preservar la Estructura Ecológica Principal, ya que incluye un ambicioso plan para que el borde norte cuente, por primera vez, con el manejo adecuado de las aguas lluvias y residuales, que en este momento se vierten a los cuerpos hídricos y vallados de la zona”.
En este mismo sentido, la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, resaltó que las obras de la Boyacá serán claves para el desarrollo de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, mientras que la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, se refirió a las actualizaciones de los planes de manejo de los humedales en la reserva y el trabajo para que no se truncara su conectividad.
“La reserva no va a ser un parque, no va a ser condominios ni se va a urbanizar como se proponía en la alcaldía pasada. Va a ser la reserva ambiental más grande que tenga Bogotá y la Región Metropolitana y la vamos a ir consolidando. Nuestra alcaldía la elevó a estructura ecológica principal, la de mayor categoría dentro del POT”, indicó López.
La decisión no dejó contento a todo el mundo. Mientras la alcaldesa celebraba, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dejó en claro que su voto fue negativo debido al que el concepto que se presentó en la sesión no hizo “un análisis integral de los efectos de la sustracción en la conectividad ecológica de la reserva y si habla de un método constructivo tradicional”, lo que iría en contra del principio del plan de manejo, que establece el uso de alternativas que eviten la fragmentación de la reserva, por lo que pidió una audiencia pública en el paso que sigue: el estudio de la licencia ambiental, para construir la vía.
Lo que viene
La ampliación de la avenida Boyacá estará a cargo de la Sociedad Fiduciaria de Bogotá, es decir, del fideicomiso de Lagos de Torca, que dentro de las obligaciones tiene la construcción de varias vías, debido a que el proyecto de expansión plantea ofertar 130.000 viviendas, en 1.803 hectáreas en el norte de Bogotá (desde la carrera séptima hasta la Van der Hammen y desde la calle 183 hasta el límite con Chía).
Aunque en principio, la vía es vital para habitantes del borde noroccidental de Bogotá y para conectar a municipios de la sabana como Chía y Tocancipá, es también clave en la megaobra de vivienda, ya que el corredor dará más vías de acceso y descongestionará la autopista Norte.
Dentro de las condiciones para aprobar la sustracción, la CAR le pidió a la fiducia hacer un plan de compensación que la corporación debe aprobar. Además, le pide compensar 62,49 hectáreas en el área de la reserva, lo que para Alejandro Callejas, gerente de Lagos de Torca, era algo que ya estaba contemplando. “La compensación es una obligación y está planteada de uno a tres. Es duro para el proyecto, pero lo tendremos que desarrollar dentro de la carga general que tenemos hoy”.
El plan que tienen es esperar a que la CAR defina la licencia ambiental, para presentar el plan de compensación y, con ello, comenzar la adquisición de bienes y todo lo que viene detrás, en lo que, por ahora y que puede cambiar con nuevos estudios, deberán invertir alrededor de $700.000 millones.
“Parecería un contrasentido, pero la sustracción, solo por temas de compensación, permite que se tenga un potencial ecosistémico importante”, afirma Callejas, quien asegura que la conectividad no se perdería debido a que los estudios a nivel de detalle tendrían previsto, no solo proteger los pasos de agua sino además los cruces de fauna. “Lo peor en este momento es tratar de polarizarnos, de que es una cosa entre blancos y negros. Desde el fideicomiso se trata de asumir con mucha responsabilidad lo que se necesita de manera tranquila y en beneficio de todos”.
Para Sabina, la lucha para proteger la Van der Hammen no ha terminado. Aun esperan la respuesta, en segunda instancia, del fallo de tutela y se alista para solicitar la nulidad de la resolución que aprueba la sustracción. Considera que los defensores tienen argumentos que les dan la razón. Por ejemplo, que en la evaluación del impacto de la vía solo se miró su estado actual y no cómo quedaría con el trabajo de recuperación, o que en la propuesta no se presentaron alternativas de trazado de la vía, por validara que esa era la opción con las menores afectaciones.
Lo cierto, por ahora, es que después de más de cinco años de espera, se definió una de las solicitudes que más se ha controvertido en temas ambientales, por lo que la principal necesidad es que, tanto las autoridades como la CAR y quienes están encargados de la intervención, garanticen las condiciones en el estudio de la licencia ambiental, pero también la sostenibilidad de la reserva, que es por lo que por tantos años siguen luchando los defensores de la Van der Hammen.
Por Mónica Rivera Rueda
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