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Otra vez Sumapaz parece estar en la mira de los violentos. A pesar de los esfuerzos por convertirla en una zona de paz y del mensaje de las autoridades, de que no existen registros sobre presencia de grupos ilegales en la zona, la amenaza parece cada vez más latente. La zozobra en la región la reafirma cada crimen, como el asesinato del líder social Carlos Julio Tautiva, registrado el pasado 11 de abril; el de dos firmantes del acuerdo de paz en 2021, o declaraciones como la de la alcaldesa Claudia López, sobre los tres muertos que ha dejado en los últimos años, “las disputas entre disidencias de las FARC, supuestamente por la posesión de un predio de la SAE” en la región. Los hechos dicen mucho.
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Ahora, ese temor se refuerza con el reciente anuncio de la supuesta refundación del frente 53 de las FARC, en el que aparece Sumapaz encabezando las zonas que al parecer pretenden operar. Si bien es apenas un mensaje difundido en redes sociales, son alertas que ni los habitantes, ni las autoridades quieren desestimar. Por esta razón, tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hicieron un llamado a las autoridades para analizar la situación. Este sábado, por ejemplo, se tiene previsto un consejo de seguridad en la localidad, para conocer en detalle el panorama de la región y definir estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes.
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Pero ¿por qué los grupos armados querrían dominar el páramo de Sumapaz y los municipios aledaños? La respuesta corta: tener un corredor de acceso directo a Bogotá. Esta fue la misma intención que tuvieron las viejas FARC y que se creía superada tras el proceso de paz. En décadas pasadas, esta región fue una posición estratégica para la guerrilla, en la cordillera Oriental, y le permitió albergar emblemáticos campamentos como el de La Caucha o Casa Verde, que se conectaba por senderos (que solo los lugareños reconocen) con el cañón del río Duda, en La Uribe (Meta). En esta oportunidad, la situación es otra: quienes se quieren disputar la zona no quieren ese corredor para derrocar el poder, mover víveres para tropas o secuestrados, sino para traficar.
Sin embargo, la forma de operar es distinta. Ya no son grandes y notorios grupos, sino que apuntan a pasar desapercibidos, con pequeñas células de milicianos de civil, que se encargan de las acciones violentas. Tal vez es por eso que las autoridades militares y de Policía insisten en que no hay presencia de grupos ilegales. A la fecha, la comunidad tampoco ha visto grupos ilegales patrullando el páramo o los municipios aledaños como antes, pero sí sienten el aire enrarecido.
Por eso temen quedar de nuevo a merced de los violentos y por eso en los últimos años no han hecho más que reclamar acciones de las autoridades. Su clamor viene respaldado por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que desde el año pasado viene advirtiendo sobre choques en zonas aledañas entre las disidencias de Gentil Duarte y la nueva Marquetalia, así como la presencia de sucesores del paramilitarismo como las Águilas Negras Bloque Capital, Bloque Sumapaz, los Paisas y las Agc, las cuales también estarían haciendo presencia en el casco urbano de Bogotá y Soacha.
Para la entidad, el control de grandes rentas ilegales es una de las principales motivaciones para llegar a este territorio, pues no solo se habla de entrar a Bogotá, sino de tener un paso asegurado hacia los departamentos de Huila, Tolima y Meta. “Por estos corredores se puede transitar hacia los parques nacionales Picachos, Tinigua y La Playa, así como la región del Ariari, zonas que facilitan el cultivo y transporte de coca”, indica la alerta temprana, publicada en marzo de 2022.
Esta advertencia se complementa con otra del mismo organismo, pero de 2021, que al leerlas juntas muestran una situación más preocupante: la existencia de otro corredor, en el occidente de Bogotá que, al conectarlos, extendería la zona de paso mucho más allá de la capital, conectando al sur con el norte del país. En su momento se habló de diez localidades de Bogotá, donde los grupos ilegales estarían, además, haciendo alianzas con grupos delincuencia común para dominar, no solo el gran corredor, sino las líneas de narcomenudeo. Para los expertos en seguridad, la situación refleja un reacomodamiento de la criminalidad, que pasó de células urbanas, subordinadas de grandes grupos armados, a reducidos grupos que operan con la idea de incrementar su economía ilegal.
En medio de todo esto, volviendo a Sumapaz, sin duda hay razones para temer y para actuar. El asesinato de Carlos Julio Tautiva la semana pasada y el de los dos firmantes del acuerdo de paz en 2021 son la muestra de cómo viene creciendo el riesgo en el que están tanto líderes comunitarios y desmovilizados como la comunidad en general. Si a esto se suman los incumplimientos de las promesas para mejorar la seguridad, como el comando de carabineros de la Policía que sigue solo en el papel, el panorama no es el mejor.
La región está en la mira de los violentos y si bien allí hace presencia el batallón de alta montaña de la XIII Brigada del Ejército, tal parece que falta hacer más. Por eso es clave que las autoridades volteen a tiempo su mirada a la zona rural de Bogotá y Cundinamarca y el consejo de seguridad de este sábado puede ser un primer paso, ante las recientes alertas sobre la supuesta refundación del frente 53 de las FARC. Pero no basta con ir, prometer y volver a la ciudad para no cumplir. La gente pide acciones. Por ahora las alarmas están encendidas, al igual que los llamados de auxilio. Puede que sea, como dicen algunos, una simple propaganda para generar zozobra, pero la realidad es que las autoridades están en mora de poner en marcha acciones para que el sueño de hacer de Sumapaz un territorio de paz sea realidad.
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