POT, dos veces modificado

Sin embargo, pese a lo bonito del discurso, numerosos sectores reaccionaron ayer con sorpresa y preocupación, luego de saberse que el mandatario, en la noche del lunes, firmara el Decreto 364 de 2013, a través del cual se modifica el actual POT, vigente desde 2004.

Muchos le habían advertido al alcalde que era inconveniente decretar una modificación que había sido hundida por mayoría en la Comisión del Plan del Concejo distrital, en junio. Sobre todo, teniendo en cuenta que el proyecto no sólo había encontrado resistencia por parte de sus principales afectados —los gremios de la construcción y el sector inmobiliario—, sino también de voces más moderadas del debate público, como la veedora Adriana Córdoba y concejales progresistas como Diana Rodríguez.

Todos, de una u otra manera, le habían expresado a la administración que la modificación del POT era demasiado agresiva y compleja. Algunos, como el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, la tildaron de ilegal, y la veedora distrital advirtió que el proyecto progresista no se trataba de una modificación excepcional, sino de un nuevo POT, pues transformaba instrumentos de planeación claves como las operaciones estratégicas, los planes maestros y las Unidades de Planeamiento Zonal.

El pasado 3 de agosto se cumplían los 90 días que, según la Ley 388 de 1997, tenía el Concejo para discutir el proyecto de modificación de la administración. Desde entonces, en la Alcaldía y en la Secretaría Distrital de Planeación se embarcaron en dos discusiones: primera, ¿debía la administración presentar de nuevo el proyecto al Concejo o aprobarlo por decreto? Y, segunda, ¿qué modificaciones debían hacerle a la criticada propuesta que había sido hundida en primer debate en el cabildo?
Ayer los bogotanos se enteraron del resultado de estas discusiones. El alcalde decretó un POT que no es el mismo que fue presentado ante el Concejo de Bogotá en mayo pasado y, por el contrario, incluyó varias “nuevas” modificaciones, muchas de las cuales podrían reflejar que, hasta cierta medida, la administración no fue totalmente sorda a la lluvia de críticas que recibió el proyecto durante meses.

Pese a la complejidad del articulado, El Espectador pudo identificar ayer algunas de las modificaciones que sufrió durante las últimas semanas. Por ejemplo, en el texto firmado el lunes por el alcalde se abre la posibilidad de que la Universidad Nacional, de manera autónoma, decida si se vincula al proyecto de la Empresa Nacional de Renovación Urbana, que prepara un billonario proyecto en la zona del Centro Administrativo Nacional (CAN). En la propuesta anterior —ampliamente criticada por los estudiantes de la Nacional— se le modificaba el uso del suelo a una parte de la universidad, sin que ésta tuviera ni voz ni voto al respecto.

El nuevo decreto también amplía la altura a partir de la cual los constructores deben asumir cargas —construir vías, parques o viviendas de interés prioritario, por ejemplo—. En términos técnicos, el decreto pasó de exigir cargas a construcciones con una edificabilidad base de 2,0 a exigirlo en construcciones de 2,5. Aunque resulta difícil identificar las implicaciones de este cambio, es evidente que éste responde a flexibilizar de una u otra manera las imposiciones a los constructores.
Finalmente, el nuevo proyecto modifica el polémico artículo 278, que regula los espacios de la ciudad donde puede haber actividades relacionadas con la prostitución.

Entre otras cosas, determina que ésta tiene que realizarse en centros comerciales especializados para la actividad y reduce el tipo de vías sobre las cuales pueden ubicarse.

Sin embargo, estos cambios podrían salirle aún más caros a la administración. Así, por lo menos, lo asegura la veedora Adriana Córdoba, quien sostiene que el decreto del alcalde es doblemente ilegal. Según su interpretación, la Ley 388 sólo faculta a una administración local a decretar un POT cuando el Concejo no lo ha discutido por tiempos; además, éste debería ser el mismo texto que se presentó originalmente en el cabildo.

Susana Muhamad, secretaria general de la Alcaldía, le respondió a la veedora asegurando que la Ley 810 de 2003 determina que el alcalde puede decretar el POT si el Concejo “no aprueba en 90 días la propuesta”. Asimismo, aseguró que ninguna norma prohíbe que ese decreto contenga modificaciones. En especial si éstas responden aquellas recogidas “durante el proceso político y jurídico”.

“Como en el debate en el Concejo no quisieron discutirlo, pues le tocó al alcalde hacer ese ejercicio de manera juiciosa. El decreto incluye las modificaciones realizadas por los dos ponentes progresistas en el Concejo y algunas de las sugerencias realizadas por los gremios, las universidades y la comunidad”, aseguró Muhamad.