Primer choque por corredores ambientales en Bogotá

Se trata de un grupo de vecinos del barrio Ciudad Salitre Oriental, que este miércoles saldrán a protestar por el proceso que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para construir 3,5 kilómetros en la ronda del canal San Francisco, entre la carrera 50 y la Av. Boyacá.

La controversia enfrenta tres grandes demandas de la ciudadanía. Por un lado, el clamor de los biciusuarios, que exigen más y mejor infraestructura para sus recorridos; por el otro, las protestas de ambientalistas, que advierten que el proyecto implica, según ellos, la tala de al menos 1.200 árboles y, finalmente, los reproches de la comunidad, que ve la obra como un posible foco de inseguridad.

Los detractores de la ciclorruta son residentes de 27 conjuntos del sector, agrupados en Asobel (Asociación de Copropiedades y Entes Jurídicos Vecinos del Obelisco de Ciudad Salitre Oriental), quienes han realizado plantones y manifestaciones para que el IDU le ponga un alto al proyecto, que se encuentra en fase de estudios y diseños.

El proyecto

La ciclorruta se enmarca en uno de los planes más ambiciosos de la administración Peñalosa: el macroproyecto del circuito ambiental de Bogotá, que propone enlazar el río Bogotá, al occidente, con los cerros orientales (sendero de Las Mariposas) a través de caminos, alamedas y malecones para el disfrute de peatones y ciclistas, en la estructura ecológica principal.

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Tal como está ideado, se pretende habilitar ecológicamente una serie de senderos para recorrer la capital de sur a norte y de oriente a occidente, posibilitando –argumenta la administración– el disfrute de la vegetación, los cuerpos de agua y la naturaleza, sumado a la incorporación de grandes áreas de espacio público. De allí se desprenden dos corredores ambientales: el eje del canal Córdoba (entre calles 129 y 170) y el canal San Francisco, al que se oponen los vecinos de Ciudad Salitre Oriental.

Para efectuar los estudios de factibilidad y los diseños de todo el corredor, el IDU, a través de un concurso de méritos, contrató por $4.500 millones a las firmas Euroestudios SAS y a la Compañía Colombiana de Consultores SAS. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses y arrancaron en marzo pasado. Solo para el canal San Francisco el presupuesto asciende a $1.842 millones.

Los reparos

Aunque la obra le apuesta a la construcción de una red de ciclorrutas de 3,5 kilómetros y a la habilitación de 20.000 metros cuadrados de espacio público (entre aceras y zonas de ocio), para la comunidad reunida en Asobel se trata de un proyecto nocivo. En primer lugar, reclaman que, aunque ya hay un sendero peatonal en armonía con el medioambiente y que sirve como pista de trote, la ciclorruta planteada implicará la tala de árboles sumada a las afectaciones de la alameda, que hace las veces de barrera ante malos olores e insectos.

“Nos pusimos en la tarea de contar un número aproximado de árboles que están en el trazado. Resultaron cerca de 1.200, y sorprende que ya tienen los consecutivos en color amarillo, que les da vía libre para ser talados”, dijo Nicolás Riaño, vicepresidente de Asobel.

En segundo lugar, la comunidad critica la supuesta falta de participación y divulgación frente al nuevo proyecto. “A nadie se le consultó cuál iba a ser el trazado o la necesidad de hacer la obra. La gente se enteró hace dos o tres semanas”, dijo por su parte Liliana Castañeda, quien ha asistido a los residentes en sus quejas. En este punto, el vicepresidente de Asobel manifiesta que, pese a que han repartido volantes y afiches anunciando el proyecto, “parece que hubiese un interés por aislar o evitar a la comunidad organizada en la Asociación”, pues –asegura– no son invitados a las reuniones de socialización.

También reprochan que la ciclorruta afectará la tranquilidad del sector, por cuenta de la población flotante que recorrerá los senderos, lo que perciben como un factor de delincuencia. No obstante, una de las mayores preocupaciones es que la plata para financiar la obra podría salir de sus bolsillos. El origen de la inquietud es que la ciclorruta ya había sido incluida en un proyecto de cobro por valorización que el Concejo le hundió al Distrito.

Distrito pide no especular

Frente a las críticas, el IDU defiende que el proyecto apenas se encuentra en su fase más prematura, es decir, la de factibilidad, estudios y diseños. Por ello, señala que hasta ahora se están haciendo los trabajos para evaluar técnicamente las alternativas. De allí que rechacen enfáticamente que haya un plan estructurado y definido para talar árboles.

“En esta etapa no se puede hablar aún de construcción, así como tampoco es acertado especular con cifras sobre el manejo silvicultural de árboles y especies, puesto que apenas estamos adelantando inventario de árboles, y eso se sabe hasta que se evalúen todos”, aseguró el Instituto.

El Distrito respondió que está realizando acercamientos con la comunidad para conocer qué proponen, cómo proyectan la conectividad con la red de ciclorrutas y qué necesidades tienen. Ante las dudas por el supuesto cobro por valorización, el IDU insiste en que la ciclorruta hasta ahora es un plan y que, en todo caso, cualquier recaudo que se proponga deberá ser aprobado por el Concejo e informado a la ciudadanía.

Al margen de los reclamos de parte y parte, no se puede pasar por alto que actualmente hay una necesidad ciudadana, que es habilitar más kilómetros de ciclorrutas. El debate apenas comienza y será tarea de las partes alcanzar un acuerdo que logre un equilibrio entre espacio público, medioambiente y seguridad.

jgonzalez@elespectador.com