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Los tribunales de arbitramento escriben un nuevo capítulo del pleito entre la Alcaldía y los operadores privados del aseo por los camiones recolectores de basura. Estas empresas comenzaron a cantar victoria desde el viernes pasado, cuando tres árbitros profirieron una decisión en la que, al analizar el caso de Ciudad Limpia (que opera en Kennedy y Bosa), concluyeron que no le debía entregar los carros a la Alcaldía ni pagarle su equivalente en dinero, como lo ha pedido la administración desde 2012.
La historia, a grandes rasgos, es la siguiente: en 2003, cuatro empresas (Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia y Atesa) firmaron contratos de concesión con el Distrito para encargarse de la recolección de basuras, cada una en áreas específicas. En 2012, cuando el alcalde Gustavo Petro quiso implementar un esquema de aseo que dependiera de un único operador público, les pidió a los privados que le entregaran a la Alcaldía los camiones recolectores, por considerar que eran patrimonio público, pues los habían adquirido con dinero proveniente de la tarifa que se les cobra a los ciudadanos. Las cuatro se negaron, argumentando que esa entrega (técnicamente llamada reversión), aunque generalmente aplica en los contratos de concesión, no tiene lugar en este caso, sobre todo porque en los contratos que firmaron ninguna cláusula se refería al retorno de los carros.
Petro se vio obligado a importar camiones a última hora y no logró que toda la operación quedara en manos del Distrito. Consiguió que la Empresa de Acueducto (por medio de Aguas de Bogotá) operara en el 52 % de la ciudad, mientras que se vio obligado a renegociar los contratos con Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia, cuyos camiones siguen recogiendo basura en el resto de Bogotá. Atesa salió del negocio.
El alcalde, sin embargo, no se quedó quieto y se fue a los tribunales. Por medio de la Uaesp, entidad rectora del servicio de aseo en Bogotá, demandó a las cuatro firmas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya no para reclamarles los camiones, sino para cobrarles su equivalente en dinero, unos $32.000 millones.
Como informó El Espectador el 25 de junio, las empresas respondieron demandando a la Uaesp, pero no en la justicia ordinaria, sino ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde deciden los tribunales de arbitramento. Lo hicieron porque está contemplado en los contratos, que firmaron hace más de una década, como la instancia apropiada para resolver las diferencias.
El viernes pasado, los árbitros emitieron su primera decisión, referente a la empresa Ciudad Limpia. Este diario conoció las 188 páginas del documento, en el que se concluye que la empresa no está obligada a entregarle los camiones al Distrito. Los árbitros determinaron que en el contrato de 2003 ninguna cláusula se refiere expresamente a la reversión de camiones y que esta no se puede dar por sentada, como argumentaron los abogados de la Uaesp. Consideraron, además, que el Distrito al hacer esa exigencia, “cambia abruptamente” las reglas del contrato y negaron el pago de $10.000 millones que la administración le pedía a la empresa.
La directora de la Uaesp, Ilvia Nubia Herrera, ha criticado la estrategia de los privados de llevar el caso a los tribunales de arbitramento, pues considera que el juez natural en estos casos debe ser la justicia ordinaria, que fue donde su entidad demandó a los privados. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de hecho, el Distrito obtuvo un triunfo parcial en junio, cuando los magistrados fallaron que Atesa debía pagarle a la Alcaldía $6.900 millones por los camiones que se negó a entregar. Esa empresa, sin embargo, interpuso un recurso y, en segunda instancia, el mismo tribunal revocó la decisión. Este pleito puede irse hasta el Consejo de Estado, así que se prevé que sea largo.
Hace dos días, Petro se quejó en Twitter de los tribunales de arbitramento por considerar que tienden a la corrupción; al tiempo anunció que les ordenará a todas las dependencias “no más tribunales de arbitramento para dirimir la contratación pública”.
Y es que los últimos meses han sido de reveses para el Distrito en esas instancias: en un reciente laudo, los árbitros decidieron contra la ETB en el enredado litigio entre esa empresa y Claro. Entre febrero y junio, además, condenaron al Acueducto a pagar $16.640 millones a las empresas Aguazul y Proactiva.
Siguen pendientes, en el caso de los camiones, las decisiones sobre Lime y Aseo Capital, que piensan que lo decidido a favor de Ciudad Limpia es un precedente a su favor y en contra del Distrito.
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