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La Procuraduría General de la Nación le manifestó a la Corte Constitucional que no estuvo de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la audiencia de adjudicación de la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana, realizada los días 13 y 14 del pasado mes de septiembre.
El alto tribunal le había pedido al organismo de control un pronunciamiento oficial acerca de la polémica jornada, en la que incluso se presentaron golpes entre algunos de los competidores por el negocio, por lo cual la procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, María Eugenia Carreño, decidió reiterar lo mismo que declaró públicamente aquel día: que la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Miriam Martínez, no atendió el consejo de Carreño de aclarar las dudas de varios de los oferentes antes de entregar la licitación.
El trámite sufrió un reversazo esta semana con el fallo de un juez que ordenó liquidar el contrato de la firma ganadora (la propuesta brasileño-canadiense) porque, supuestamente, no se cumplió con el debido proceso.
La situación llevó al alcalde Samuel Moreno a citar a una reunión, este martes a mediodía, al consorcio ganador y a la directora de la Uaesp para tratar de encontrar una salida.
La Unidad, por su parte, anunció la figura de la urgencia manifiesta para poder prorrogar un mes más el contrato con la empresa Aguas de Bogotá, actual operadora del relleno.
La directora Martínez reafirmó que acatará la decisión del juez, pero la apelará. Extraoficialmente se supo que no abandonará su cargo.
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