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Por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio para modernizar la red semafórica de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación anunció ayer la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, y la subsecretaria de esa entidad, Ángela Piedad Arenas Porras.
A partir de la próxima semana, el ente de control verificará si se produjo o no una falta disciplinaria por parte de los dos funcionarios y esclarecerá “los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la administración pública”, como se precisó en un comunicado.
“La Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá recepcionará y aplicará las pruebas investigativas pertinentes, para determinar si existe o no causal que responsabilice disciplinariamente a los investigados. Según los informes emitidos por los asesores del despacho del Procurador General de la Nación, conjeturalmente, se presentan diversas irregularidades en dicha licitación”, dijo el ente.
El proceso de adjudicación del contrato de los semáforos fue suspendido el pasado 16 de diciembre por Álvarez, quien en su momento adujo razones de índole presupuestal. Ayer, la Secretaría de Movilidad respondió al anuncio de la Procuraduría señalando que los investigados aún no han sido notificados oficialmente y por eso se abstienen de pronunciarse.
“Aclaramos que esta Secretaría solicitó el acompañamiento de la Procuraduría en todo el proceso licitatorio. De hecho, recibimos de esa entidad observaciones y recomendaciones”, señalaron en un comunicado.
El trámite de los semáforos se caracterizó por varios cuestionamientos —entre otros del congresista Simón Gaviria y del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi—, que terminaron por enturbiar todo el proceso licitatorio.
Una de las denuncias que se hizo fue en el sentido de que algunos de los párrafos de los pliegos habrían sido copiados de una licitación de Panamá.