Proponen emergencia sanitaria permanente en el río Bogotá

Con base en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, publicada por El Espectador, en la que se hizo un seguimiento a los compromisos de la CAR, la gobernación de Cundinamarca y a 21 municipios del departamento, los representantes a la Cámara José Edilberto Caicedo y Luis Guillermo Barrera, ambos del partido de La U, citaron a un debate de control político a Alfred Ballesteros, director de la CAR, y Alejandro Gualy, director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAG). Se invitó además al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Uribe.

El objetivo del debate es que estos dos funcionarios “respondan algunas inquietudes relacionadas con el funcionamiento y entrega a algunos municipios de Cundinamarca de las 23 plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR´s, incluyendo temas atinentes a la laguna de Fúquene”. En el debate, el representante cundinamarqués José Caicedo le propondrá al ministro de Medio Ambiente la necesidad de declarar una emergencia sanitaria permanente en el río Bogotá para que así se dé vía libre a un documento Conpes que permita el apalancamiento de recursos de la Nación para la descontaminación de la cuenca. Caicedo asegura que éste sería un mecanismo para que el Gobierno, a través del ministerio de Ambiente, asuma también responsabilidades ambientales y sanitarias con el río y no darle todo al departamento y a la CAR.

En la auditoría realizada por la Contraloría se identificó que la CAR no ha cumplido a cabalidad con sus compromisos, resumiendo los incumplimientos en cerca de 130 presuntos hallazgos penales, disciplinarios y fiscales, llegando a la conclusión que su falta de celeridad en la ejecución de obras y la falta de planeación de las mismas ha dejado un hueco fiscal y ambiental que aún no ha sido cuantificado. En el caso de la Plantas de Tratamiento Residuales (PTAR), las cuales están a cargo de la CAR, el 79% de éstas no aportan a la descontaminación porque las aguas negras de los municipios están siendo vertidas directamente al Río Bogotá, ya sea porque no están operando, porque fueron construías en las rondas del río y se inundan o hay casos en los que no están en funcionamiento por falta de mantenimiento.

A la situación de las PTARs se suma un nuevo panorama: el 8 de octubre dejarán de ser operadas por la CAR y pasarán a manos de los municipios. La mayoría de los alcaldes han expresado la incapacidad presupuestal para optimizar, mantener y operar las plantas, puesto que el dinero de los entes territoriales fue comprometido a través de vigencias futuras para la puesta en marcha de los Planes Departamentales de Agua (PDA). La ley obliga a que el costo de la operación y el mantenimiento de las plantas sean recargadas en la tarifa de acueducto y alcantarillado. En el caso del municipio de Tabio, el servicio aumentaría en un 115% el pago mensual, mientras que para Funza el incremento en el recibo del agua sería del 30%, lo que quiere decir que para estratos bajos representa un aumento de $10.000 o $15.000.

Otra arista que le resulta al cambio de mando de las plantas de tratamientos residuales es en qué condiciones la CAR se las entregará a los municipios. Según cuentas del representante Caicedo, se necesitan $250.000 millones para invertir en mantenimiento y correcciones de obras. “En los últimos 15 años, la CAR construyó y ha manejado hasta el día de hoy las PTAR, y la tarea le ha quedado grande. Ahora quiere pasarle el chicharrón a los municipios, que están endeudados y sus alcaldes están de manos cruzadas porque no tienen presupuesto. La CAR va a ceder el manejo de las mismas y después la misma corporación, como autoridad ambiental, llegará a sancionar y a vigilar unas obras que la misma entidad entregaría con serias deficiencias”.

Otra de las propuestas que serán estudiadas hoy en el Congreso es la posibilidad de que la CAR destine un porcentaje del impuesto por la tasa ambiental que es cobrado a los municipios (aproximadamente $38.000 millones anuales) para ser destinado al programa de descontaminación. Y gestionar ante el departamento para que del presupuesto destinado a los Planes Departamentales de Agua (PDA) se incluya un rubro que sea dirigido a las PTAR. En el debate se discutirá la creación de una subcomisión de seguimiento a la descontaminación del Río Bogotá, que estaría conformada inicialmente por cuatro parlamentarios.

“Si la CAR ha pecado, ha sido por hacer más de lo que le correspondía”, aseguró Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, a El Espectador, refiriéndose a las acusaciones que ha recibido la corporación porque, en cumplimiento de la ley, debe entregar las PTAR a los municipios. “Los alcaldes ponen el grito en el cielo porque deben encargarse de operar y mantener las plantas, pero esto no se les dijo ayer, lo saben hace 10 años”.

Frente a la calidad de la infraestructura de las plantas, Ballesteros explica que éstas fueron construidas por la CAR hace 15 años y edificadas con base en el número de habitantes y número de viviendas que existían para la época. “Los municipios debieron prever que su población crecería y que las PTAR debían ser optimizadas con el transcurso del tiempo”.

Con la entrega de las PTAR, la CAR está cediendo a los municipios, entre infraestructura y predios, activos por $25.000 millones. Ballesteros asegura que la Corporación no se ha desentendido de la obligación que tiene de construir las plantas, pero que “se tienen $11.000 millones para financiar la construcción y, salvo el municipio de Tabio, ninguno me ha presentado algún proyecto”.