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Así lo determinó el Juzgado 66 Civil de Bogotá, después de las tutelas en contra de las pasadas jornadas, en las que se argumentaba la afectación económica para la cuidad.
Según el juzgado, el alcalde Gustavo Petro debe acogerse al decreto 1098 del 26 de diciembre de 2000, a través del cual se avala la participación ciudadana para tomar decisiones frente a actividades que se quieran realizar en la capital del país.
La tutela fue interpuesta por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), después de que en Bogotá se llevaran a cabo dos jornadas de Día sin carro y sin moto, el 5 de febrero y 22 de abril de este año. Según Fenalco, este día afecta sus ventas hasta en un 40 por ciento.
Esta decisión, por supuesto, no le cae nada bien a la Alcaldía, que en abril, después de la última jornada, había anunciado su pretensión de adelantar el Día sin carro y sin moto una vez al mes, vía decreto. Vale la pena recordar que en una encuesta realizada hace dos meses por la Alcaldía, el 80, 4% de los habitantes está de acuerdo con que la medida se implemente más de una vez al año.
La Administración decidió apelar la decisión y esperar a que el Tribunal Superior de Bogotá decida cuál es la parte encargada de avalar este día, si el Distrito o los ciudadanos.
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