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Los motociclistas se convirtieron en un actor vial relevante para la ciudad en los últimos cinco años. Desde la pandemia, cuando los bogotanos comenzaron a bajarse del transporte público para subirse a las motos, hay cerca de 2,5 millones de este tipo de vehículos registrados.
A diario, el 8 % de los viajes que se realizan en Bogotá tienen a la moto como protagonista, lo cual, a su vez, consolida casi 885.000 desplazamientos. El incremento de este actor vial en los últimos años los ha dotado de una fuerza de movilización considerable que es capaz de bloquear a la ciudad por las vías, de hecho, y hasta de elegir el concejal más votado en la historia del Recinto de los Comuneros, con tal de ser escuchados.
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Precisamente, en medio de esta nueva realidad, el concejal Julián Forero, quien llegó al cabildo a través del movimiento Lara, con la bandera de ser el cabildante, ha promovido varias instancias de participación y diálogo con el fin de llevar las inquietudes de este colectivo a los espacios de toma de decisión.
Forero, desde su silla en el recinto, ha defendido este medio de transporte como una alternativa económica para los hogares con menos ingresos, y ha sido enfático en la estigmatización que, según él y los líderes del grupo, sufren quienes se mueven en este medio de transporte de dos ruedas sin chasis.
En medio de esa lucha, el Concejal lideró el año pasado cerca de cinco mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y Movilidad para abordar los dos principales frentes de controversia en los moteros. El primero, sobre quienes utilizan la moto como medio de trabajo a través de aplicaciones de transporte para llevar pasajeros, lo cual está, al menos desde la normatividad, prohibido. Y el segundo, quizá el más crítico, es el relacionado con los altos índices de siniestralidad en este actor vial, cuyas cifras, de hecho, encabezan las cifras de este flagelo urbano.
No obstante, a pesar de la utilidad de estos espacios para generar concertaciones, el concejal decidió que se debía propender por un espacio de formalidad, de índole permanente, que le permitiera a los motociclistas el acceso a instancias de participación ciudadana. Y por eso se aventuró a radicar el proyecto de acuerdo 157 de 2025, mediante el cual se crea el Consejo Distrital y los Consejos Locales de Motociclistas y Conductores.
Este mecanismo, similar al que ya existe para las bicicletas, tendría un carácter consultivo y la capacidad de participar en los módulos de política pública formulados por la Secretaría de Movilidad y fungir como un órgano de control social a la gestión de la Administración, en lo referente a los planes y la política de movilidad.
El trámite, que comenzó en enero, contó con el respaldo de otros diez concejales, quienes en calidad de coautores lo sacaron adelante en la Comisión de Gobierno y posteriormente en la plenaria, en donde fue aprobado durante una sesión celebrada en mayo. Si bien, el apoyo de las demás bancadas al proyecto fue notorio, y la aceptación del mismo como instancia de participación tuvo buena acogida, el proyecto no recibió el último requisito para ser una realidad: la rúbrica del alcalde para su promulgación.
El rechazo de Carlos Fernando Galán a la iniciativa ya había sido anunciada durante el primer debate que tuvo la iniciativa en el cabildo. De hecho, se efectuó una ponencia negativa por concejales de la bancada de gobierno, que finalmente se trasladaron a la plenaria y en las posteriores adendas para su aprobación. Pese a este último punto, él alcalde utilizó la facultad que le confiere su cargo para objetarlo por inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad.
De acuerdo con el reglamento del Concejo, una vez el alcalde utiliza esta potestad, el proyecto es devuelto al cabildo para ser nuevamente discutido y, tras una votación, decidir si se acogen o no las objeciones de la administración. Y en esa discusión 31 concejales votaron a favor de mantener el proyecto y solo cinco respaldaron las objeciones del alcalde, lo cual produjo un conflicto normativo inusual que deberá resolverse en los despachos del Tribunal Superior de Cundinamarca.
Será este órgano judicial el que decidirá, a partir de ahora y con base en un análisis profundo del proyecto y de las objeciones del alcalde, si el proyecto finalmente debe ser sancionado por la administración o descartado del todo. En los últimos antecedentes, el Concejo ha recibido mayores avales del tribunal, aunque en Liévano —en la administración de 2019 concretamente— también ha logrado victorias importantes, como cuando se opuso a más de una jornada de Día sin carro y moto en la ciudad.
El clamor de los moteros
Aunque las razones de oposición de la alcaldía parecen ir por la vía de la invasión de competencias exclusivas del Ejecutivo (particularmente de la Secretaría de Movilidad) y las obligaciones de gasto sin fuente presupuestal clara que generaría el proyecto, el gremio de las motos, con Forero en la cabeza, piensan otra cosa. De acuerdo con el cabildante, al negar la sanción del acuerdo, la administración Distrital contradice uno de los apartes del Plan Distrital de Desarrollo que ellos mismos promovieron y sancionaron. “La Administración no da viabilidad a esta instancia local y distrital, ni aplica su propio plan de desarrollo. ¿Así se pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones?”, agregó Forero.
Bajo esta misma línea, el cabildante señaló que el propio Plan de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” incluyó en su artículo 239 la creación de una instancia de participación para conductores. Pese a esto, la administración lleva más de siete meses sin expedir el decreto que la haría realidad. “Esta administración no tiene la voluntad política para involucrarnos en los programas y estrategias de movilidad local y distrital. No quiere generar espacios de participación para que los líderes de los diferentes gremios de movilidad discutan las decisiones que afectan a la ciudad”, recalcó.
El Espectador consultó a la administración para ampliar los argumentos para objetar la sanción de proyecto, pero no obtuvo respuesta. Por otro lado, expertos y líderes de movilidad consideran que la participación de los motociclistas en instancias de política pública es necesaria, por tanto, los índices de siniestralidad continúan ahí y la estigmatización está lejos de darlos resultados esperados.
Mesas especializadas sobre el tema como Pro Bogotá han destacado que la ciudadanía tiene que tener una participación activa, por lo que recomendaron realizar campañas de sensibilización enfocada a estudiantes de los niveles educativos medio y básico de los colegios distritales, a los funcionarios públicos y actores del sector privado que participan en el diseño y la construcción de la infraestructura vial, y a conductores.
Si bien, este tipo de sensibilizaciones se realizan desde la Secretaría de Movilidad, con cursos de conducción, “tintatones” (jornadas nocturnas en donde se toma un café con los moteros) y hasta existe una Semana de la Seguridad Vial y el Día Distrital del Motociclista, los conductores consideran que deben contar con una silla permanente en las mesas de planeación de política pública. “Se trata de entender a los moteros, de entender cómo piensan y diseñar instancias de participación para llegarles, convencerlos de bajar la velocidad, de respetar las normas. Pero si se legisla desde la imposición, desde el poder y no desde el diálogo, es difícil que el motero acate las normas, y eso solo se traduce en más muertes”, comenta a El Espectador un líder motero que pidió ser llamado “Piero”.
Respecto al futuro del proyecto, Iván Gutiérrez, especialista en derecho administrativo y que ha seguido de cerca otros episodios similares tras la objeción de un acuerdo, apunta a que la balanza se inclinará a favor del Distrito. “El desenlace dependerá de si el Tribunal interpreta que el proyecto invade funciones ejecutivas o solo desarrolla la función normativa del Concejo. Por los argumentos conocidos hasta ahora, diría que el Tribunal tenderá a respaldar parcialmente al alcalde (si hay temas de gasto o de competencia exclusiva), pero existe un margen importante para que el Concejo gane si logra demostrar que el acuerdo es meramente programático”, apostilló.
Si el eventual fallo del tribunal da la razón al alcalde, el camino del desistimiento no debería ser el definitivo. La capacidad de diálogo para reformular el acuerdo, con base en la experiencia de otros eventos similares, como la creación del Concejo de la Bici, puede llevar al entendimiento y a la facilitación de espacios de participación. Parte de entender la realidad de la movilidad en Bogotá, parte por entender las diferencias de actores, su forma de ver la vía, y diseñar la forma más adecuada de abordarlos. Cualquier vida salvada en el asfalto lo vale.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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