Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Si hay un proyecto capaz de representar el drama que resulta sacar adelante una megaobra en Colombia, cuando se cruzan múltiples intereses, es el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, pieza clave para descontaminar el río Bogotá. Con 20 años de espera (desde que se formuló) y varios obstáculos, la que se proyecta como la segunda planta más grande del continente, aún le faltan años para ser realidad. Sin embargo, las noticias de los últimos meses dan atisbos de esperanza: los recursos para la obra ya están casi asegurados.
Más información sobre Bogotá: Transmilenio busca $1,3 billones para electrificar el transporte a Soacha.
Antes, de avanzar, algo de contexto. La PTAR Canoas hace parte de un complejo de saneamiento integrado por dos túneles de 16 km (ya terminados), para recoger las aguas negras de casi toda la ciudad sin verterlas a los ríos del sur; una estación elevadora (en construcción), para sacar a superficie dichos líquidos, y la planta de tratamiento. Toda la estructura servirá para descontaminar el 70% de las de aguas residuales de Bogotá y el 100% de las de Soacha, que hoy van crudas al río Bogotá.
Del proyecto se viene hablando con propiedad cuando el Tribunal de Cundinamarca resolvió una acción popular radicada en 1992 y emitió en 2004 una sentencia que ordenó a las autoridades nacionales y locales descontaminar el río Bogotá. La decisión la ratificó el Consejo de Estado en 2014. A pesar de su importancia, terminar este puzle ha sido complejo. Si bien, diferentes administraciones lo han intentado, se han topado con diferentes obstáculos.
Uno de los últimos fue la medida cautelar que impuso en julio de 2023 el Tribunal de Cundinamarca, en respuesta a las diferencias que se dieron entre la CAR y la Alcaldía de Bogotá, por unos ajustes al proyecto, que pusieron en riesgo su financiación. El efecto inmediato de la decisión fue la suspensión de la licitación que había abierto el Acueducto de Bogotá (EAAB), para elegir constructor. Sin embargo, luego de que las entidades zanjaron sus diferencias, el propio Tribunal levantó la medida en septiembre del año pasado.
Gracias a esto, el proyecto fue de nuevo noticia en la última semana, cuando la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca aprobó vigencias futuras, con las que finalmente garantiza su aporte para la construcción, que corresponde al 49,5 %, de los $3 billones que cuesta la obra. El resto lo pondrán el Acueducto (49 %) y la Gobernación de Cundinamarca (1,5%). El presupuesto lo complementan $1,5 billones, que pondrá la Alcaldía, para operar la PTAR, para una inversión total de $4,5 billones.
Hoy, este impase alrededor de la financiación, al parecer, parece superado y está prácticamente todo listo para seguir con la licitación. Según el Acueducto, el proceso esperan reactivarlo para finales de mayo, para la cual ya hay cuatro consorcios precalificados, cuyas propuestas pasarían a ser evaluadas de cara a una futura adjudicación; la cual, si nada extraño ocurre, se daría el próximo año.
20 años de intrigas
Desde que se ordenó descontaminar el río Bogotá en 2004 se fue trabajando de a poco en el proyecto de la PTAR Canoas. Sus primeros pasos se remontan a 2009 cuando el gobierno de Samuel Moreno adjudicó al Consorcio Canoas (CASS Constructores y Odebrecht S.A. Colombia) el contrato para construir el interceptor Tunjuelo – Canoas, que consistía en dos túneles (principal y de emergencia), para llevar las aguas residuales a la futura planta de tratamiento, descontaminarlas, y luego verterlas al embalse del Muña, en donde ayudarían a la generación de energía.
Sin embargo, todo salió mal. Cuando la obra completaba 96 % de avance, el Consejo de Estado suspendió la obra en 2012, para resolver un pleito derivado de las decisiones que adoptó la administración de Gustavo Petro, que consideraba más económico para la ciudad completar la obra en el sector de El Charquito y no tener que hacer una planta elevadora, que solo beneficiaba a Emgesa. “El Distrito no tiene por qué invertir dineros públicos e incluso aumentar tarifas (6,4 %) a los ciudadanos para ayudarle a Emgesa”, dijo en su momento.
La decisión derivó en pleitos legales que llevaron a la parálisis de la obra y a que las dos tuneladoras quedaran sepultadas por años, oxidándose a 70 metros de profundidad. En medio de esto fue que reventó el escándalo de Odebrecht y cómo se favoreció a la empresa brasilera para adjudicarle el contrato.
En 2014, con la ratificación de la sentencia que ordenaba descontaminar el río Bogotá, el Distrito, la Gobernación y la CAR obtuvieron luz verde para avanzar en las siguientes etapas del complejo de saneamiento. La primera decisión, por ejemplo, se tomó en 2017, con la declaratoria de cierre financiero del proyecto. Este paso fue clave en su momento, porque elaboró el plan mediante el cual los tres entes marcaban el camino para reunir los recursos necesarios para la construcción de la PTAR.
El desenlace del lío de las tuneladoras llegó durante la administración de Enrique Peñalosa, con una nueva orden del Consejo de Estado para extraerlas de las entrañas de la tierra. Y entonces, este cuento sobre desaciertos en la ejecución de proyectos se dio con una escena para el recuerdo en 2018: trabajadores del acueducto trabajando 24 horas en contra jornada, por varias semanas, para desenterrarlas y así continuar con el proceso de construcción y darle rienda suelta a la estación elevadora, que el propio Peñalosa dejó contratada.
Desde el episodio anecdótico han aparecido otros obstáculos para el proyecto, aunque menos gráficos y llamativos. En 2019, por ejemplo, la CAR amenazó con retirar su parte de los recursos, alegando impresiones en el proyecto, pero tuvo corregir a los pocos días tras una decisión judicial del Tribunal de Cundinamarca. Por otro lado, desde que se firmó en 2018 el contrato con el Consorcio EE Canoas para construir la planta elevadora, la cual debía estar lista en agosto de 2022, sigue presentando demoras. Entre 2024 y 2024 apenas pasó de un avance de 82% a 92%. Hoy la nueva fecha de entrega es noviembre de 2025.
Ya, en la administración de Claudia López, finalmente se puso en marcha el proceso previo para abrir la licitación y elegir al constructor del corazón de todo el proyecto: la PTAR Canoas. Sin embargo, el 25 de marzo de 2023, vino la medida cautelar, con la que el Tribunal de Cundinamarca suspendió el proceso.
Cerrando las cuentas
Con los recursos para la obra, garantizados a través de vigencias futuras de la Alcaldía, la Gobernación y la CAR, está definido el tema económico, pero aún queda un paso por resolver. Para acudir a la banca internacional a solicitar créditos es necesaria una contragarantía de la Nación, debido al monto requerido. Sin embargo, en medio de las disputas políticas entre el Distrito y la Nación, no se tiene respuesta del Gobierno Nacional para la entrega de este documento.
Esto ha llevado a los responsables de la obra a buscar opciones para superar este obstáculo. Por ejemplo, el Distrito se ha reunido con entes financieros internacionales y de cooperación internacional en Francia, que no exigirían este requisito, para acceder a líneas de crédito.
Por el momento, es que la CAR, socio mayoritario de la iniciativa, ya aseguró que no le será posible financiar proyectos de infraestructura en el departamento, al menos hasta 2028. Por lo tanto, solo hasta este año será posible una nueva revisión de partidas presupuestales para la construcción de otras 20 plantas de tratamiento en los municipios en la zona de influencia del río Bogotá, para finiquitar el 100 % de las aguas residuales. Empero, con la PTAR Canoas y las recién entregadas de la PTAR Salitre, se estaría resolviendo el principal foco de contaminación del afluente, que es Bogotá y el municipio de Soacha.
Se avecinan meses clave para la construcción del proyecto. Si finalmente, un intempestivo obstáculo no torpedea el proyecto, como ocurrió en años anteriores, la accidentada licitación de la PTAR Canoas se llevará a cabo y, a finales de este año o principios de 2026, sabremos cuál de los cuatro consorcios interesados se quedará con el contrato.
En ocho años, si los cálculos de la CAR son acertados y la ejecución de la obra no encuentra complicaciones, las aguas negras que generan alrededor de seis millones de habitantes dejarán de llegar sin tratar al río Bogotá. Entonces, todas aquellas utopías de navegarlo los domingos en familia, mientras se contempla el paisaje de montañas y sabanas de Bogotá, y saldar una vieja deuda con el principal afluente de la capital, al fin, podrían ser una realidad.
Le puede interesar: Volquetas en Bogotá: actor con sobrecostos ambientales y de movilidad ¿qué hacer?.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Conoce más