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Es día de El Espectador le explica. “Una cadena de errores” fue el titular de primera página en donde se describía una tragedia: “dos mujeres embera fueron arrolladas por un camión de basura en la vía Bogotá – Funza. Luego del accidente el conductor del vehículo fue atacado y linchado hasta matarlo. Las familias afectadas piden justicia”. Sí, tragedia por donde se le mire, en un país que no para de escuchar noticias lamentables: ataques contra uniformados de la Policía, atentados contra mandatarios regionales, conflicto en las fronteras con una Arauca en crisis, desplazamiento forzado en el Pacífico, robos a diario en las calles de todas las ciudades del país… sí, y aunque no todo son noticias malas en nuestra Colombia, también hay gente que se levanta a diario a darlo todo por el bienestar general, el tema que hoy nos reúne es el de los indígenas que están viviendo en Bogotá y los más recientes hechos que terminaron en, como ya lo advertimos, una tragedia. Para tratar de entender qué es lo que sucede, le pedimos a las redacciones de Bogotá y Nacional ayuda para que nos enviaran todos los contenidos que hemos hecho y, de esa forma, poder tener argumentos antes de arrojar juicios y críticas solo por un titular. Recuerden entrar a los links que dejaremos a continuación para poder entender mejor toda la situación. Comencemos:
El 30 de septiembre de 2021 la redacción Bogotá resumió la situación en dos párrafos: “Con plásticos y cobijas, un grupo de 350 indígenas de la comunidad embera armaron un campamento y cambuches para pasar la noche en el Parque Nacional, en el oriente de Bogotá, tras terminarse las ayudas financieras que la Unidad de Víctimas y el Distrito les entregaba desde que llegaron a Bogotá hace más de año y medio desplazados de sus territorios en Chocó y Pereira”. No sin antes recordar que los “miembros de esta comunidad indígena también -en el pasado- se asentaron en el Parque Tercer Milenio debido a dificultades económicas”.
No tenían de otra, dijeron sus líderes, y seguían a la espera de ayudas económicas para poder volver a sus territorios de origen, pero con garantías. La Alcaldía de Bogotá, mientras tanto, entregaba datos concretos: los embera recibieron ayudas económicas por hasta $1.700 millones durante el último año y medio, $1.200 millones por parte de la Administración y $562 por parte del Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Víctimas.
La situación, desde hacía rato, había pasado de castaño a oscuro. ¿Cuántos indígenas había en la capital de Colombia? “El censo de 2018 indica que serían 19.603, la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014 habló de 37.266 y la de 2011 de al menos 69.091″, nos contaba Mónica Rivera Rueda en este texto titulado ‘Las condiciones de los indígenas en Bogotá’. Edna Riveros, antropóloga del equipo del Instituto de Patrimonio, explicaba que esta variación en las cifras se da por dinámicas migratorias, como ha sucedido con los embera. “De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en los tres primeros meses de este año (2021) habrían llegado alrededor de 6.500 indígenas a la capital”.
Once días después dos de los niños embera que habitaban el Parque Nacional fueron trasladados a centros médicos a causa de enfermedades respiratorias y se alertaba del delicado estado de salud de otros 60 menores de edad. Bogotá pasaba, como el resto del país, una temporada de lluvias intensa y los más afectados eran, por el tipo de vivienda que construyeron (cambuches y algunas pocas carpas), las 13 comunidades asentadas en el tradicional parque bogotano, la mayoría de ellos embera-katío.
Ya pasaban tres semanas desde que más de 1400 personas estaban viviendo en ese parque y otras 1469 permanecían en el Parque La Florida, al occidente de Bogotá. Ya era hora de que la Personería tratara de buscar también soluciones evidenciando la realidad y, claro, lo hizo invitando al diálogo. Se hablaba también de “restituir este espacio público” empleando la “mínima fuerza” y, acto seguido, un lugar transitorio que ofreciera condiciones dignas. Mientras tanto se evidenciaba división entre líderes indígenas porque unos decían no apoyar dicha movilización frente a otros que aseguraban contar con el apoyo de sus pueblos. Pero en medio de todo esto hay más peros: los que están en el Parque Nacional no han permitido su identificación, poniéndole un palo en la rueda al proceso de caracterización y ayudas tanto locales como nacionales. Y, para sumar, en medio de todo esto también se dio un intento de robo de un bebé:
Bogotá
Debe haber un diálogo armónico con la población indígena: Personería de Bogotá
Bogotá
Se autoriza el desalojo de indígenas que se encuentran en el Parque Nacional
Bogotá
Las tensiones detrás de los indígenas en el Parque Nacional
Bogotá
Dos capturados por intento de secuestro de bebé Embera en Bogotá
Para el 5 de noviembre la Unidad de Víctimas confirmó el traslado de un grupo de indígenas embera y se dijo, en ese momento, que en dos semanas se realizaría. La idea era que volvieran a sus territorios originarios. “Los miembros de las comunidades embera que serán trasladados se encuentran actualmente en el Parque La Florida, ubicado al occidente de Bogotá, y serán recibidos en sus territorios por autoridades locales y comités de justicia para asegurar a la comunidad un buen retorno”, nos contaron nuestros colegas de la sección Bogotá después de indagar al respecto. Y sobre los que estaban en el otro parque, el alcalde encargado para esos días, Luis Ernesto Gómez, dijo: “Estamos trabajando con los embera que están en el Parque Nacional, la orden que se tiene no solo es de caracterización, hemos ofrecido una bodega en el barrio Las Cruces”.
Una semana después se inundó el Parque Nacional y, por ende, todas las familias allí asentadas lo tuvieron que padecer. “Nos percatamos de la situación de inundación de la mitad de la rotonda y vimos cómo los niños jugaban como si esto fuera un río. Sin embargo, ellos tuvieron que dormir mojados”, dijo Nathalia Chacón, delegada para la Gestión de las Localidades de la Personería de Bogotá. La delegada para las víctimas del conflicto armado de la misma entidad, Patricia Villegas, dijo que desde el 23 de octubre se instaló una mesa de diálogo en la que se han sostenido cuatro reuniones con el fin de lograr acuerdos en temas de “salud, educación, habitabilidad y garantía y protección reforzada de derechos con una mirada étnica indígena”.
Ya se cumplían dos meses de asentamiento en el Parque Nacional, el desalojo estaba programado para el 22 de noviembre pero la Procuraduría, la Defensoría y la Personería de Bogotá le pidieron a la Alcaldía de Bogotá no hacerlo. Alegaron la defensa de los derechos de los indígenas que están ocupando la zona y le pidieron al Distrito, en la misma comunicación, agotar todos los mecanismos de diálogo y concertación.
Para el 28 de noviembre sucedió una tragedia. Un niño de un año y nueve meses, perteneciente a la comunidad embera y con problemas en el hígado, había muerto. La ambulancia que atendió en primera instancia al menor habló de un paro cardiorrespiratorio, lo llevaron al Hospital San Ignacio, que está a dos cuadras de allí, se practicaron las maniobras de reanimación, pero no lo lograron. Rosmira Campo, una de las embera que vive allí en el parque Nacional, dijo que el niño estaba bien, pero debido a las condiciones en las que están viviendo y la falta de alimentos para suplir las tres comidas, se agravaron las condiciones del menor de edad.
Jairo Montañez, líder de la comunidad Wayuu y vocero del grupo Autoridades Indígenas de Bakatá, manifestó que ya se había hecho la alerta temprana y la solicitud al Distrito para disponer de una brigada permanente en la zona. La concejal Ati Quigua, en su cuenta de Twitter, fue más directa: “La nación Embera no es indigente, tampoco culpables del desplazamiento en sus territorios al igual que muchos pueblos indígenas y otras comunidades. Acaba de morir un niño embera en el Parque Nacional, producto del desprecio del Gobierno Nacional y Distrital”. El Distrito entonces dejó claro que desde hacía cinco semanas se había propuesto el traslado al Parque La Florida para que allí contaran con la infraestructura necesaria para dormir. Un día después, el 29 de noviembre, la Defensoría pedía celeridad en la investigación de la muerte del niño y, en línea con el intento por buscar soluciones, que se reanudara la mesa de diálogo para lograr las garantías que necesitaba la comunidad indígena.
Para ese momento no se lograba un solo resultado positivo de la mesa de diálogo. Por fin, vía tutela, el ICBF entraría al parque Nacional para velar por la protección de las mujeres gestantes y los niños y niñas menores de edad; otra tutela le obligaba a la Alcaldía Mayor y a las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Hábitat y a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación brindar todas “las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad, suministro de agua potable (…)” entre otras condiciones, hasta que se logre el traslado dentro de la ciudad de las comunidades indígenas. Y cuando ya estaba autorizado el traslado hacia Arborizadora Alta, no se pudo concretar el proceso:
Bogotá
Aumenta la crisis de los indígenas emberá en el Parque Nacional
Bogotá
Juez ordenó a líderes indígenas autorizar la entrada del ICBF al Parque Nacional
Bogotá
Admiten tutela contra Alcaldía por vulneración de derechos de indígenas embera
Bogotá
¿Por qué no se concretó el traslado de los indígenas a Ciudad Bolívar?
A mediados de diciembre era, otra vez el aparato judicial, el que escribía el destino de los indígenas. “Un juzgado, dando respuesta a la tutela de la Personería Distrital, le dio 10 días al Distrito y al Gobierno Nacional para hacer la caracterización y el traslado de los indígenas”. ¿Qué decía el fallo? “Deberán proceder a identificar un bien inmueble que garantice las condiciones de habitabilidad, identidad étnica, cultural, costumbres religiosas y/o ancestrales, sin que ello implique la segregación de las familias, mientras se resuelve la situación de retorno a los territorios”. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hasta este momento que no se logra ninguna solución? Dicen las autoridades indígenas en Bakatá, que son los que lideran la toma del Parque Nacional, que han recibido varias propuestas por parte del Distrito para su traslado, pero que no se ha aceptado ninguna porque, advierten, no cumplen con las condiciones de habitabilidad ni de enfoque étnico.
Nos dijeron, el 19 de noviembre, que 150 familias embera, asentadas en Bogotá, regresarían a sus territorios. Se hablaba de 490 personas que se movilizarían hacia Bagadó, Chocó; y Pueblo Rico, Risaralda. La Unidad para las Víctimas también había reportado el retorno y la reubicación de 415 personas de 113 núcleos familiares de la comunidad embera-chamí hacía Risaralda 20 días atrás, en un trabajo conjunto con las alcaldías, las gobernaciones y entidades del SNARIV.
Llegó el 24 de diciembre y el líder indígena Feliz Arévalo, vocero del pueblo Kubeo del Vaupés, en entrevista con El Espectador, hablaba de 15 pueblos y más de 2.000 personas presentes en el Parque Nacional. “Están matando a líderes y lideresas en nuestro territorio. Hemos perdido la cosecha, nuestra lengua, por eso estamos aquí luchando hasta que nos den una respuesta clara y perfecta”. Y es que no es una tarea fácil la negociación. Lo dice María Jimena Inna, indígena Nasa del cauca: “Son 15 pueblos con distintas formas de pensar, de sentir y estamos trabajando en construir la colectividad, vamos a cumplir tres meses y seguimos en resistencia”.
Pasó Navidad, pasó fin de año y hasta la celebración de Reyes pero no se llegó a ningún acuerdo. Sobre el pasado 18 de enero, según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los indígenas embera que están en el Parque Nacional rechazaron ser trasladados. En otras palabras: “No fue posible y no ha sido posible”. ¿Qué les han ofrecido? Trasladarse a una bodega en el barrio Las Cruces, la UPI del Parque la Florida y el coliseo de la Arborizadora Sur en la localidad Ciudad Bolívar, esta última rechazada porque argumentaron preocupaciones por la seguridad en el sector. Ocho días pasaron y ocurrió la otra tragedia: un conductor arrolló a una mujer embarazada y su hija de la comunidad embera en las inmediaciones del Parque de La Florida, cerca de Funza. Miembros de la misma comunidad sacaron al conductor, un hombre de 60 años del vehículo, y lo golpearon hasta matarlo. Dijeron que se trataba de un acto de justicia. Sí, justicia por cuenta propia. La situación se ha vuelo tan dramática que, una vez más, el Gobierno Nacional pidió que se garantizara el proceso de traslado con un agravante: no todos los indígenas que llegaron a Bogotá se quieren devolver a sus territorios:
Bogotá
Según Distrito, indígenas Embera en el Parque Nacional rechazaron ser trasladados
Bogotá
Murió conductor que fue linchado luego de atropellar a mujer indígena en Bogotá
Opinión
Asesinar a alguien no es justicia
Bogotá
Gobierno hizo un llamado a la Alcaldía para garantizar la reubicación de emberas
Entonces fue la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió que se judicialice a los responsables de la muerte de Hildebrando Rivera, el conductor que murió como consecuencia de los golpes que le propinaron los indígenas. López dijo que para Bogotá es inaceptable que haya acciones de venganza y de asesinato “como hubo en el caso del conductor que de manera obviamente involuntaria produjo un accidente” y, acto seguido, pidió a la Fiscalía General de la Nación, “sin dilaciones, judicializar a quienes asesinaron al conductor que se vio involucrado en ese accidente”. Luego vino uno de esos comentarios que ya se han vuelto tan tradicionales en la mandataria: “Doloroso el accidente por su puesto. Pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza, deberían estar en su resguardo en el Chocó o en Risaralda”.
El mismo día se dio un cruce de declaraciones entre el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y la alcaldesa Claudia López. ¿Por qué? Porque el primero afirmó que se había aplazado el Puesto de Mando Unificado (PMU) citado para avanzar en el retorno de los embera por culpa del incumplimiento de la Alcaldía, pero López le respondió que nadie había citado ese PMU.
“No toda la comunidad embera que está en el Parque Nacional y el Parque La Florida se quiere retornar o reubicar porque llevan muchos años viviendo en Bogotá y quieren vivir en Bogotá. Para eso necesitamos hacer un plan de reubicación”: Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas.
Llegó el 28 de enero y se reunieron en un solo espacio representantes de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además del viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena; y la alcaldesa Claudia López. ¿A qué conclusión llegaron? A que justo esta semana el Gobierno Nacional y Distrital terminarán la modificación de los formatos de caracterización de los miembros las comunidades indígenas. Y para el 7 de febrero se convocó una reunión en el Ministerio de Interior para coordinar con las autoridades embera-chamí y embera-katío el proceso de retorno a sus territorios. El anuncio se hizo tres días después del accidente fatal donde murieron las dos mujeres y, posteriormente, fue asesinado el conductor del camión.
López, además, fue enfática en que “la única alternativa, sea de retorno o de reubicación de la población embera en Bogotá, es retornar a sus resguardos. Es imposible asegurarles en la ciudad que pueda haber una autoridad o un resguardo embera-chamí o katío”.
El cronograma entonces quedó definido así: 1 de febrero la caracterización de la población embera ubicada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, y este miércoles 2 y el viernes 4 de febrero, el mismo proceso a las comunidades indígenas que se encuentran en el Parque Nacional. La realidad, en medio de este avance, es que desde finales de septiembre las ayudas económicas del Distrito se vencieron y esta fue una de las razones por las cuales los indígenas tuvieron que instalarse en lugares provisionales. Y, además, como nos contaron nuestros colegas de la sección Bogotá, algunos líderes indígenas han señalado que el Gobierno y el Distrito no han mostrado interés por brindarles ayuda a las personas que quieren asentarse en Bogotá.
Este miércoles es la fecha, al terminar el día, en la que se ejecutará el último intento de la caracterización. El jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, fue directo: “será el último intento que realizará el Distrito. Quiero ser enfático en esto: se han realizado cuatro intentos por orden judicial y la necesidad de reporte para la Unidad de Víctimas, con el único propósito de retorno a sus territorios, no está contemplada una reubicación en Bogotá a lugares distintos a los que ya estaban establecidos”.
La realidad es que en el país vivimos un recrudecimiento de la violencia regional con muchos muertos en la lamentable lista (tan solo en Arauca van más de 40 en menos de un mes), ataques a la Policía y hasta atentados a mandatarios de primer nivel como el que le hicieron al gobernador de Caquetá. Así que es entendible que muchos no quieran volver a sus territorios y, como decía hoy una mujer desplazada en una entrevista de radio: “lo primero es la vida, señor periodista, no las cosas materiales”. En casos como este de los indígenas desplazados y asentados en Bogotá, de los que ya viviendo en Bogotá también llegaron a apoyar a los otros pueblos, de la obligación de llegar a acomodarse a un lugar frío y desconocido, donde además ya se cuentan integrantes de esta comunidad muertos (las dos mujeres atropelladas) y hasta intentos de robo de menores, no queda de otra que apelar a la empatía y tratar de buscar soluciones dignas porque todos tenemos derechos. Hay abandono estatal, sí, por eso no solo los indígenas sino todos los colombianos exigimos acciones más allá de anuncios en ruedas de prensa o mensajes en Twitter que no solucionan nada. Pero también los líderes indígenas deben poner de su parte para, al menos, lograr la caracterización. Hoy son estas comunidades indígenas, mañana puede ser cualquier de nosotros.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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