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Estudiar inglés se ha convertido, con el paso de los años, más en una necesidad que en un lujo para cumplir con las exigencias del mercado laboral y la búsqueda de oportunidades en el exterior. Cada vez más vacantes exigen dominio avanzado en este idioma, o incluso de otros, como portugués, alemán, francés o mandarín. Así que hablar otra lengua se ha vuelto imprescindible.
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El panorama en Latinoamérica frente a este tema parece desproporcionado, dado que existe una brecha enorme entre el dominio que se tiene y las habilidades solicitadas. Afirmación validada por la Universidad de Cambridge, donde en uno de sus estudios se afirma que el 78 % de los empleados en América del Sur necesitan un nivel avanzado en inglés para ascender a cargos directivos. En Colombia la cifra es del 82 %.
El dato llama la atención si se tiene en cuenta que, según el índice del dominio de inglés publicado en 2022 por EF Education First, Colombia ocupa el puesto 77 entre 111 países analizados, al valorar el número de personas que hablan y dominan la lengua inglesa. Entre las ciudades mejor evaluadas están Armenia, Barranquilla, Medellín y Bogotá.
Como queda en evidencia, la brecha es grande, de ahí que cada día más personas estén buscando mejorar sus competencias con un segundo idioma. El temas es que con la demanda en aumento, la oferta también crece en el país, pero no toda es de calidad. Por eso tenga cuidado. ¡Que su intención de estudiar inglés no termine en un dolor de cabeza!
Supuestos abusos
Desde la sección Bogotá de El Espectador recolectamos el testimonio de varias personas que afirman haber sido víctimas de abuso por diferentes academias de idiomas en la capital, que al parecer se habrían aprovechado de su buena fe y de su intención de aprender lenguas extranjeras. No obstante, las academias se defienden diciendo que todo lo tienen en regla y que “nunca han engañado a nadie”.
Sin embargo, otra cosa es la que denuncia Maribel Rodríguez. Según su testimonio, el pasado 13 de febrero se acercó a solicitar información sobre un curso de inglés en ASW, con sede en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.
“Ese día una empleada, luego de mostrarme unos videos informativos, me hizo firmar en un dispositivo electrónico. Solo podía verse el recuadro de la firma, sin tener opción de leer el contrato. Después pasaron mi firma electrónica a un documento sin mi consentimiento”, comenta. De ahí en adelante, dice, empezó a vivir un calvario.
Conforme a su relato, previo a esto, la asesora le indicó que para ingresar al curso se requería agendar un Placement test, en español prueba de nivel, para evaluar su dominio. Por el examen le cobraron $120.000, lo cual le pareció sospechoso, pues no era la primera academia en la que consultaba, pero sí la única en la que la prueba inicial tenía costo:
“Pese a eso estaba decidida a pagarlo, por mi interés en ver cómo calificarían mi nivel de inglés con respecto a otras instituciones donde había cotizado. Antes de pagar le aclaré a la asesora que mi intención era solo tomar el examen, pues no había tomado una decisión. Ella me respondió que no había problema, que solo se apartaría el cupo de la prueba y, en caso de no desearlo, podía desistir del proceso”.
Mientras hacía el pago virtual (en la misma oficina) intentó leer los términos y las condiciones, pero no lo pudo hacer ante la supuesta presión de la asesora, que le pidió firmar digitalmente en un recuadro en blanco. “Le pregunté qué era lo que estaba firmando, a lo que ella me respondió que era un documento para apartar el cupo del examen. Lo hice de buena fe y teniendo en cuenta lo que me había expresado anteriormente”, agrega Maribel.
No obstante, horas después la invadió un sentimiento de angustia cuando llegó a su casa y leyó el contrato en físico, con su firma estampada en varias partes, aceptando la financiación de un curso de inglés por un valor de $5’421.400, para cursar los niveles A2, B1 y B2.1, a pesar de no haber hecho el examen diagnóstico.
En contraste, y frente a las acusaciones de Maribel, una de las directoras de la academia le contestó a este diario que es falso que la “hayan obligado a firmar”, dado que lo hizo por su propia cuenta. Detallando además que “la información se otorgó de manera clara y completa desde el inicio” y librándose de cualquier responsabilidad que pueda acarrear el hecho de que no haya leído el documento antes de hacerlo.
Le cobraron por dejar el curso
Un caso similar le ocurrió a Judy Espinosa, quien afirma haber pagado $1’000.000 por cursar un nivel de inglés en la academia Smart English, ubicada en Chía. Sin embargo, tras tomar 10 clases decidió salirse por problemas de tiempo y complicaciones laborales.
“Me quedaba muy pesado trabajar y estudiar. Además, las clases no eran lo que esperaba y decidí retirarme. Luego me dijeron que existía una cláusula en el contrato, la cual nadie me mencionó antes, en la que se estipulaba que para dejar el curso debía pagar una multa de $1’200.000. Me amenazaron con reportarme en las centrales de riesgo, que iban a dañar mi historial crediticio, me enviaban correos y me llamaban a diario cobrándome de manera violenta. Finalmente reuní la plata y pagué por presión”, detalla.
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¿Quién regula?
Con estos dos casos la pregunta que surge es: ¿quién regula entonces a las academias de idiomas en Bogotá?, y, ¿quién recibe las quejas? En especial teniendo en cuenta que en redes sociales, como Facebook, existen grupos de hasta 500 miembros, quienes piden ayuda tras considerarse “estafados” e intentan apoyarse desde el desconocimiento y las experiencias personales.
De acuerdo con la indagación realizada por este medio la entidad encargada de hacerlo es la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Educación, desde donde se cuenta con el registro de las entidades sin ánimo de lucro y con fines educativos de la ciudad.
Esto teniendo en cuenta que la oferta y prestación de los servicios de educación formal están regulados en la normatividad vigente del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 del 2015, emitido por el Gobierno Nacional. Sumado a que en el caso de la capital existe el Decreto 310 del 2022 en el que se habla de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación y de las diferentes subsecretarías y dependencias del nivel local.
Conforme con Hernán Trujillo Tovar, director de dicha dependencia, a la fecha en la capital existen 130 programas de idiomas avalados y registrados en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo (Siet). Dicho sistema está disponible en línea y de manera gratuita para la consulta abierta de quienes quieran validar si una institución y sus sedes operan de manera legal en la ciudad.
“Si hay presuntos abusos en la prestación de los servicios, desde las direcciones locales de educación nos envían un concepto y se procede a abrir un proceso administrativo sancionatorio, siguiendo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Inicialmente, procedemos a estudiar el caso y a tomar las decisiones que correspondan”, señala el funcionario, detallando además que adelantan varios procesos preventivos.
No obstante, queda la duda de qué requisitos les están pidiendo a este tipo de academias. Según Mirna Montealegre, profesional de la Dirección de Inspección y Vigilancia, existen requerimientos en dos áreas que deben cumplir este tipo de instituciones: de orden legal y de calidad educativa.
“Deben contar, primero que todo, con la expedición de la licencia de funcionamiento que entregan las direcciones locales. Ellas avalan que se encuentren en una planta física, que cumple con las condiciones necesarias para impartir clases, teniendo en cuenta licencias de construcción y permisos de ocupación. Esto va a la par de un acto administrativo que otorga el registro de los programas y que se da inicialmente por cinco años. Para renovarlo, la institución debe contar con un certificado de calidad, al igual que el programa que, recordemos, debe cumplir con el Marco Común Europeo, reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, para la enseñanza de idiomas en Colombia”, asevera.
¿Y si tengo una queja?
Si usted siente que están vulnerando alguno de sus derechos como consumidor o desea reportar alguna irregularidad en una de estas academias, lo primero que debe hacer es radicar el reporte (con la mayor cantidad de material probatorio posible) ante las direcciones locales de educación, que están en las 20 localidades de la ciudad.
Paso que tanto Trujillo como Montealegre consideran como clave, dado que permite el inicio de los procesos de vigilancia, el cual se tendría que agilizar en caso de que las partes involucradas no lleguen a un acuerdo.
En lo corrido de 2023, según la Secretaría de Educación, han recibido 31 quejas por presuntas irregularidades en el ofrecimiento de programas en el área de idiomas, es decir, casi siete al mes. Los históricos indican que en 2022 se radicaron 178 reclamaciones y en 2021 fueron 155.
Las quejas se pueden radicar de manera presencial, a través de la página web de la Secretaría de Educación, de las líneas telefónicas institucionales 601 324100 extensiones 3402, 3403 y 3413, o del correo contactenos@educacionbogota.edu.co.
Sin embargo, esto puede que no sea suficiente, tal como aclara la abogada Sandra Paola Arias, jefa de Instituciones Educativas, de la Dirección de Inspección y Vigilancia, dado que esta subdivisión solo podrá verificar la prestación del servicio, pero no la garantía de un derecho individual.
“Si existe una afectación económica, el estudiante deberá tomar las acciones legales pertinentes, como una denuncia ante la Fiscalía, porque -en el caso de Maribel, por ejemplo- esos delitos son querellables y necesitan el precedente de una acción legal. Adicionalmente, por la vía civil pueden demandar los contratos, y de esa manera se podrán detener los cobros y las amenazas de reportes, porque en ese proceso se pueden pedir medidas cautelares”, puntualiza.
No obstante, ¡ojo! Porque también hay algo que le puede servir. En el caso de Maribel, la primera protagonista de esta historia, logró salir bien librada gracias al derecho al retracto. De acuerdo con Asobancaria, gremio representativo del sector financiero colombiano, se trata de una facultad concebida en el Estatuto del Consumidor, en la que usted puede “echarse para atrás” después de una compra de bienes o servicios, como en este caso.
Según la norma, para ejercer este derecho solo se tiene un término máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la celebración del contrato, para comunicarse con el vendedor y expresarle su voluntad de retractarse de la compra, haciendo referencia al artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.
Lo cierto es que no debe pecar de confiado. Tómese su tiempo, lea con detalle los documentos que firma e investigue la calidad de los procesos de formación que ofrecen las academias, para que no pierda el impulso por mejorar su dominio en otras lenguas, como le pasó a Maribel.
“Este inconveniente me dejó una desazón muy fea, de manera que no volveré a confiar en estas instituciones y en los programas que ofrecen. Después de esto, ahora no quiero tener ningún vínculo con ninguna academia y prefiero estudiar por mi cuenta”, concluye.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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