¿Quién salva al río Bogotá?

Roberto Serrato, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, selló el miércoles una audiencia definitiva para el Consejo de Estado, corporación encargada de tomar una decisión de fondo sobre el rumbo que debe tomar el programa de saneamiento del río Bogotá. Fue claro en que la cuenca hídrica no puede depender de las decisiones del gobierno de turno: “Las partes registraron ante la magistratura unos acuerdos, incluso en uno estuvo el presidente de la República. Hoy la Procuraduría pide que se respete. Cada administración no puede tener una línea diferente, las posiciones se vuelven institucionales, y esos acuerdos son claros en que en caso de incumplimiento puede haber reclamación económica. Además ya se han hecho inversiones considerables en estudios y en infraestructura”.

Serrato se refería a la pretensión del gobierno de Gustavo Petro de cambiar el lugar en donde está prevista la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual está proyectada para el sector Canoas (Soacha). El Distrito quiere hacerla en Tunjuelo o en Carboneras (Soacha). Por su parte, la Empresa de Acueducto de Bogotá defiende la propuesta diciendo que el sitio destinado para la megaobra les representa 6,4% de incremento en las tarifas a los capitalinos y que además hay soluciones más económicas en otros sitios de la cuenca. Adicionalmente señala no estar de acuerdo en cofinanciar la construcción de una estación elevadora -que tiene como función subir 40 metros las aguas del río- para el negocio de la generación de energía por parte de Emgesa. Pero esta última afirma que la construcción de esa obra no es sólo para llevar el agua hasta la cadena generadora de energía de su propiedad, sino que es necesaria para conducirlas hasta la planta de tratamiento.

Anteriormente el Tribunal de Cundinamarca ordenó una serie la construcción de obras de descontaminación y las asignó a diferentes actores públicos y privados, que por acción u omisión contaminan el río Bogotá. Sin embargo, ninguno de los vinculados a la investigación judicial del Tribunal quedó satisfecho. Esta decisión se apeló y el tema pasó a manos del Consejo de Estado y de Marco Antonio Velilla, consejero ponente, en un nuevo episodio de esta historia que se remonta a 1962.

Cuarenta y dos municipios, la CAR, el Distrito, el departamento, Emgesa y empresas privadas muestran cifras de lo que han invertido y hacen cuentas de las responsabilidades históricas que han asumido por descontaminar la cuenca aunque el río sigue podrido. Incluso hay entidades que aseguran que la cuenca no es de su responsabilidad y defienden a capa y espada sus argumentos para que el Consejo de Estado los exonere de compromisos que consideran no deben estar a su cargo. Muy pocos quieren el río, pero aun así el 28% de la economía nacional se produce gracias a éste.

Este miércoles, en la última audiencia pública que se llevó a cabo en el Consejo de Estado, representantes legales de empresas y municipios, abogados, alcaldes y directores de entidades públicas expusieron su postura frente a las tareas e inversiones que deben hacer para salvar al río. En el salón de audiencias del alto tribunal se escucharon voces de compromisos pero también de indiferencia y otras de rechazo, como fue el caso de Lucio Rubio, representante legal de Emgesa, empresa generadora de energía que fue demandada por algunos ciudadanos de Sibaté porque las aguas podridas de un embalse (El Muña), de propiedad de la multinacional, estaban afectando la salud y el bienestar de los habitantes de este municipio de Cundinamarca.

En su intervención, Rubio expresó al alto tribunal que “por aplicar una solución ambiental podríamos generar un problema eléctrico, dejando sin motor la cadena de generación eléctrica”. Rubio añadió que “la contaminación del río es consecuencia de la falta de tratamiento de las aguas, en lo cual no tenemos responsabilidad. No hacemos vertimientos”. Y advirtio: “Lo que si está en juego es la producción de 4000 KB. Hasta que no haya un tratamiento, las aguas llegarán a El Muña. Somos afectados por la contaminación. Y en cuanto a las responsabilidades con los habitantes de Sibaté, se han desecado 140 hectáreas de terreno (15% del embalse)”.

Carlos Medellín, apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, evidenció la “necesidad de coordinar las autoridades y sus competencias en la definición y ejecución de políticas públicas. Es fundamental definir el grado de responsabilidad entre los actores, entre ellos Emgesa que tiene el 51% de su capital de recursos públicos. Y así distribuir las cargas. Me parece imposible que la descontaminación del río se quede en veremos por falta de recursos”.

En la intervención que hizo el procurador delegado para para la Conciliación Administrativa, Roberto Serrato, fue enfático en decir que: “Aquí los responsables no son solo entidades públicas y municipios, se debe tener en cuenta que en la contaminación del río Bogotá participan empresas privadas, industrias de curtiembres, agrícolas. A todas se les debe asignar y distribuir compromisos de acuerdo al grado de responsabilidad. Aquí hay una violación a los derechos colectivos y una tragedia ambiental ”.