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En una ciudad con más de 500.000 motos matriculadas, la fuerza de movilización de los propietarios de este tipo de vehículos ha cobrado más fuerza que nunca. Casi a la par de los taxistas, los diversos colectivos conformados por motociclistas han demostrado su capacidad para paralizar la ciudad e, incluso, convertirse en una fuerza electoral que pone concejales y a la que se debe tener en cuenta en la toma de decisiones.
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Durante el anuncio del paro que se llevó a cabo el 23 de julio, un puñado de taxistas, liderado por Hugo Ospina y demás líderes, anunciaron su descontento con todos los conductores por aplicación e hicieron énfasis en un colectivo en particular denominado como los “picaminosos”. Los integrantes de este colectivo motero, según Ospina y sus colegas, estarían increpando a los agentes de tránsito durante los procesos de inmovilización y multas que a diario se adelantan en la ciudad. Señalaban que, en “gavilla” y utilizando vías de hecho, agredían a los guardias para evitar ser sancionados.
En medio de su pronunciamiento, el líder taxista fue incluso más lejos, y anunció que uniformados retirados, que ahora trabajaban como conductores de taxi, sacarían sus armas para defender a los agentes de tránsito y empuñarlas, si era necesario, en contra de los “picaminosos”.
No es la primera vez que este colectivo salta a la palestra pública. En marzo, alguno de sus miembros, decidieron efectuar un bloqueo en la calle 80 en protesta, por lo que ellos consideran como irregularidades reiterativas en la imposición de comparendos por parte de los agentes de tránsito. Dos meses después, en mayo, otra fracción del grupo estuvo en la riña con un grupo de taxistas en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado. En aquella oportunidad, las consecuencias, además de las fuertes afectaciones a la movilidad, derivaron en una charla con el Distrito en la que, tanto “picaminosos” como taxistas, suscribieron varios compromisos para evitar el bochornoso incidente en cercanías de la terminal aérea.
Desgraciadamente, la tensión por el uso de aplicaciones y los choques del día a día por los procedimientos de las autoridades en las vías, permearon la capacidad de la tinta con la que se cerraron los compromisos. Un mes después del incidente, Ospina y su combo llamaron de nuevo a paro e incluyeron al famoso colectivo motero en la lista de sus reclamaciones. Por otro lado, usuarios de redes sociales, y ciudadanía en general, ha mostrado su preocupación por la forma en la que algunos motociclistas estarían enfrentando al personal que regula el tránsito en la ciudad.
Los incidentes más virales fueron dos. Uno, que quedó registrado en video y fue subido a redes sociales, muestra como tres motociclistas increpan a un agente de tránsito cuando se disponía a realizar un procedimiento y deciden irse haciendo caso omiso a la advertencia del funcionario. Previamente, en mayo, un grupo de ocho motociclistas que se identificaron como parte de este grupo, tuvo un altercado con la Policía durante un operativo de control en el parque Lourdes. Con base en lo anterior, El Espectador decidió indagar más sobre quiénes son en realidad este colectivo, cuál es su propósito, y ver cuál será su postura frente al conflicto actual con el gremio de taxistas.
Los “picaminosos”
Diego González, líder de la facción más conocida de este grupo, explicó que el colectivo no es más que un club de moteros que tiene unos 1.500 miembros inscritos. Con una sede física en la localidad de Kennedy, el grupo cuenta con más de cuatro años de antigüedad y tiene una base sólida de miembros, organizados y conectados a través de aplicaciones, para unirse en cualquier corredor o trecho de la capital, en caso de ser necesario.
A diferencia de otros colectivos de moteros, que se organizan para rodar en grupos numerosos, o simplemente intercambiar su amor por el motociclismo, la cohesión de “picaminosos” se rige por un único factor común: todos trabajan en aplicaciones de transporte y utilizan la moto como su herramienta de trabajo.
“Somos un grupo que trabaja diariamente para ganarse el pan. Trabajamos en aplicaciones de transporte, pero cerca del 20 % de nuestros miembros, que son mujeres, prefieren hacer mensajería de paquetes y otro tipo de actividades más seguras”, explica González. Los pilotos que se unen a su club, deben llenar un formulario para quedar registrados en una base de datos. En ella, quedan debidamente diligenciados sus datos personales, y los de su vehículo, en caso de cualquier tipo de emergencia.
Al pertenecer a los “picaminosos”, los nuevos miembros se comprometen a ser solidarios con el resto del grupo, y a respetar las normas de tránsito y demás códigos del reglamento interno. A través de una aplicación se envían reportes constantes sobre el estado del tráfico, o cualquier otro tipo de novedad que ocurra y demande la presencia de más miembros cercanos para resolverse.
El comparendo de la discordia
La mayoría de incidentes que han tenido los miembros del grupo radica en el procedimiento con el cual, los agentes de tránsito, sancionan el comparendo D12. Esta multa, según el Código Nacional de Tránsito, se le impone a un actor vial por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. En este caso, para las motos que a través de plataformas como Picap y Didi, el D12 se impone por utilizar el vehículo como un medio de transporte público no autorizado.
Sin embargo, para un agente de tránsito, corroborar esto resulta difícil sin salirse del protocolo habitual de control. Lo anterior, dado que durante un procedimiento, el agente o Policía tiene la competencia de exigir el pase de conducción, el documento de propiedad y el SOAT de la motocicleta, pero no tiene derecho, al menos en el marco de un procedimiento ordinario, para revisar el teléfono celular del conductor. Esto ha generado constantes fricciones entre moteros que pertenecen al grupo y otros tantos que transitan por su cuenta. “Son muchos los motociclistas que se han quejado, nosotros no abarcamos ni el 40 % de las motos que se dedican a trabajar por aplicación”, argumentó el líder motero.
Cuando se impone este comparendo, el conductor debe pagar una multa de $1.300.000 y su vehículo le será inmovilizado por cinco días, en caso de que sea la primera vez que haya cometido la falta; y hasta por 40 días si es reincidente. “Nosotros lo que hacemos es defender la herramienta de trabajo con la que nuestros compañeros consiguen el sustento de sus familias, frente a lo que nos parece una arbitrariedad”, comentó a su turno González.
Aun cuando aceptan que se han organizado para evitar que una de las motos de sus compañeros sea inmovilizada, González niega cualquier atisbo de violencia. “Los invito a que me muestren una sola prueba de que hemos sido violentos. Nosotros hemos tenido dos o tres hechos aislados, en los que hemos pedido las debidas disculpas y efectuado las respectivas subsanaciones”. Y agrega “y seguiremos, porque la lucha sigue, y no descansaremos hasta que nuestro trabajo sea respetado, porque no es justo que porque Hugo Ospina diga que no podemos trabajar, entonces debamos renunciar a nuestro sustento”.
La problemática ha sido expuesta por Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, concejal del movimiento Lara, que defiende los intereses del gremio motociclista. El cabildante ha propuesto, en diversas oportunidades, que se reconsidere la naturaleza del comparendo y se opten por otras vías distintas a la inmovilización a patios.
Otro asunto que agrava el problema, es que cerca de 6.000 motociclistas han adoptado la bandera de los “picaminosos”, aun cuando no pertenecen al colectivo. “Sabemos que hay grupos que se hacen llamar igual y que han protagonizado algunos desmanes e incidentes. Nosotros respondemos por nuestro grupo, el más numeroso y organizado, y al que consideramos líder en la defensa de los asuntos de conductores por aplicación”, concluye Diego González.
Allende las pugnas e incidentes entre taxistas y motociclistas, lo cierto es que los paros, cruces, planes, tortuga y bloqueos, seguirán a la orden del día mientras no haya una regulación clara en el transporte público por aplicación. Por ejemplo, mientras transcurría el diálogo de los taxistas con el distrito por el más reciente paro, el Juzgado 24 resolvió una acción de tutela presentada por una empresa adscrita a Taxis Libres, que solicitaba a MinTic, prohíba a empresas de internet prestar servicio de conectividad, a las aplicaciones Cabify, Didi, Indrive y Uber. Es decir, la regulación continúa a medias. Las aplicaciones pueden funcionar, pero no los viajes en vehículos particulares.
Mientras esta deuda no quede saldada, Bogotá y todas las ciudades del país quedarán a la merced de las exigencias de los distintos gremios que, como grupos de presión, siempre tendrán a empujar a su lado. La fuerza que produce una tracción semejante, está condenada a desembocar en el caos, el conflicto, y hasta en la violencia. Los legisladores tienen la última palabra.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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