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La situación de desabastecimiento de agua que sufre Bogotá, y que no es ajena a los problemas de abastecimiento que ya se han visto en diferentes lugares del mundo en los últimos años, es un tema generado por el desbalance entre la oferta y la demanda del líquido vital (no solo la demanda), cuya solución debe abordarse desde el corto, el mediano y el largo plazo, privilegiando este último si se espera que esta situación no presente una mayor criticidad en los próximos años.
Las medidas tomadas intentan limitar de manera urgente (es decir en el corto plazo) la demanda a través de medidas que penalizan a la población civil, sin considerar acciones que podemos plantear para aumentar la oferta, ni medidas que incentiven a la población a disminuir la demanda de agua. Por consiguiente, aunque se entiende la urgencia, las medidas que se aplicarán no parecen suficientes para suplir las necesidades de agua en Bogotá.
Las advertencias se conocían hace meses, incluso años, a las que se sumaron las alertas sobre la variabilidad climática (fenómeno de El Niño/La Niña) que se habían dado, respaldadas por artículos científicos en los que además se reconoce desde hace varios años la vulnerabilidad de Bogotá ante los efectos del cambio climático.
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Se conocía lo que se vive ahora
Hace cuatro años, el Concejo de Bogotá aprobó un acuerdo, que declaró la emergencia climática en Bogotá (Acuerdo 790 de 2020). Desde entonces, se reconocen, entre otros elementos, que:
1. Debe priorizarse la recuperación de la conectividad ecológica entre todos los hidrosistemas de la ciudad, con el fin de garantizar los servicios ambientales, la biodiversidad urbana y los caudales ecológicos, con especial atención a la población y territorios con mayores riesgos frente a la crisis climática.
2. La disminución de la oferta hídrica en la capital de Colombia se debe a efectos del cambio; a la variabilidad climática, así como afectaciones en el recurso hídrico y el suelo en Bogotá y la región, y eventos extremos a diversas escalas espaciales.
3. Las prácticas actuales de consumo, así como el cuidado y manejo de la naturaleza, no parecen adecuados y, por lo tanto, es necesario emprender acciones de educación y participación para una nueva ética ambiental.
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4. Se evidencian brechas de conocimiento de la población y los administradores distritales, que conllevan a desinformación y decisiones inadecuadas, tanto de la ciudadanía como de los gobiernos, y por lo tanto debe mejorarse el manejo de la información, la democratización del conocimiento y la innovación científica relacionadas con riesgos climáticos en la ciudad.
5. Es imperativo definir y actualizar las reglas, criterios y normas encaminadas a mitigar y adaptar la ciudad al cambio climático en todos los procesos de desarrollo y expansión urbanos, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y eficiencia, en armonía con el ambiente y en función de la equidad social.
La cifra que hay que alcanzar: 15 m3/s
La cifra de 15 metros por segundo se supone que está basada en un consumo de alrededor de 160 litros al día por persona (suponiendo una población de casi 8 millones de habitantes), lo cual parece razonable. Sin embargo, es necesario precisar que el agua captada en los embalses no la usan totalmente los usuarios, sino que hay pérdidas en la conducción y en todos los procesos asociados (infiltraciones, fugas, etc.), las cuales pueden alcanzar hasta un 30%, lo cual es normal.
Si descontamos ese 30%, se le estaría exigiendo a la población civil consumir menos de 120 litros al día por persona, lo cual ya no parece tan factible. Adicionalmente, este cálculo facilista supone un consumo domiciliario homogéneo en toda la ciudad, de manera cotidiana, desconociendo que hay consumos industriales, comerciales, institucionales e incluso agrícolas y de riego, cuyos valores diarios podrían diferir bastante.
Por consiguiente, para alcanzar la meta, parece necesario que, no solamente la población civil y las industrias y empresas hagan esfuerzos, sino también las instituciones (universidades, colegios, hospitales), la empresa de servicios públicos (al limitar las pérdidas en el sistema) y el gobierno (al ejercer control, pero también al revisar y aplicar los compromisos adquiridos en los acuerdos distritales y nacionales).
Por lo tanto, parece no solo injusto sino poco estratégico penalizar la población civil para alcanzar una meta que implica otros responsables, sin considerar medidas para incentivar (sin penalizar) a consumir menos agua. Recomendaría que se validen las propuestas mediante un diagnóstico de escenarios prospectivos de la seguridad hídrica en el Distrito, incluyendo un análisis de riesgo hídrico para la ciudad de Bogotá, bajo un esquema de trabajo conjunto entre todas las entidades involucradas y la academia, que permita evaluar la factibilidad de las medidas consideradas, en particular para el mediano y largo plazo.
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Este diagnóstico, realizado de manera interdisciplinar y participativa, debe incluir escenarios que involucren en conjunto la magnitud de las variabilidades (Niño, Niña) y cambios climáticos; las dinámicas poblacionales de la ciudad, y aspectos comportamentales de la población bajo diferentes incentivos (por ejemplo, pago por servicios ambientales).
En este punto, se deben tener en cuenta estrategias pedagógicas y motivacionales, utilizando diversos enfoques planteados desde la psicología ambiental; variables económicas a diferentes escalas (domiciliario, pequeñas, medianas y grandes empresas); los ecosistemas de la estructura ecológica principal y colindantes del Distrito; el balance de la oferta hídrica actual en el Distrito y sus áreas rurales; el balance de la demanda hídrica por diferentes sectores (domiciliario y empresarial), y posibles tipos de gestión hídrica para implementar en el Distrito.
Solo, de esta manera, se podrían poner en marcha estrategias que le permitan a la ciudad estar mejor preparada para los retos que debe enfrentar en materia de abastecimiento.
Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua, Universidad Javeriana.
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