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En firme se mantiene la destitución e inhabilidad por 11 años de cargos públicos de Andrea Cortés, quién a principios de 2020 fue reconocida como la primera patrullera trans de la institución, y que fue sancionada por el delito de hurto.
El falló proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó la acción de tutela presentada por Cortés, en donde señalaba una presunta vulneración del debido proceso durante el desarrollo de la investigación, y posterior sanción disciplinaria.
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En este sentido, la ahora ex patrullera aseguró que presentó una recusación sobre su juicio, en donde aseguraba en que existía interés en que su caso fuera resuelto con una celeridad que no tenía justificación; y que se debía suspender su proceso mientras se revolvía la recusación, que fue resuelta finalmente después de que fuera declarada culpable.
Sin embargo, el tribunal administrativo no aceptó la argumentación de la patrullera, y agregó que existen otros mecanismos, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para resolver su solicitud, por lo que ratificaron la improcedencia de la tutela, y la decisión de la primera instancia.
De esta manera, la patrullera tendrá la opción de impugnar la decisión que sería remitida a la Corte Constitucional, que tendrá que ser aceptada para su eventual revisión.
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Vale recordar que Cortés fue sancionada por los hechos ocurridos el 23 de junio de 2021 en una droguería cerca al centro comercial Titán Plaza, en los cuales la patrullera se llevó una crema de $141.000 sin pagarla.
Por su parte, la ex patrullera señaló que no se percató que se llevó el artículo sin pagarlo. Sin embargo, tras la revisión de la evidencia y de testimonios en su proceso disciplinario, fue declarada como responsable del hurto, el pasado 4 de octubre.
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