Razones de una expropiación

Las razones para entender esta decisión son jurídicas y políticas. Las primeras están plasmadas en el decreto y pueden sintetizarse en la necesidad que tiene el Distrito de contar con los edificios para ejecutar obras que permitan recuperarlos, sobre todo porque se trata de un patrimonio nacional. También se declara una situación de urgencia, sustentada en que los trabajos son inaplazables. La Empresa de Renovación Urbana (ERU) será la encargada de la expropiación.

Las razones políticas, aunque no están escritas, pueden radicar en el poco tiempo que le queda a Petro en el cargo (poco más de cinco meses), lo que implica, a su vez, premura para ejecutar uno de sus proyectos bandera: la recuperación del San Juan. Y hoy, como están las cosas, el tiempo juega en su contra.

A comienzos de año la Alcaldía intentó comprarle el complejo a la Fundación San Juan de Dios (hoy en liquidación), que se presumía la dueña. Sin embargo, el trámite no pudo concretarse porque el registrador de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá, Édgar José Name, quien, en términos coloquiales, debía legalizar la venta, no lo hizo porque determinó que la Fundación no podía vender, pues la dueña realmente es la Gobernación de Cundinamarca. La Alcaldía apeló esa decisión y el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, tiene la última palabra.

Mientras tanto, el Distrito y el liquidador de la Fundación, Pablo Leal, firmaron un contrato de arrendamiento por este año que la Alcaldía ha aprovechado para comenzar a ejecutar las intervenciones que considera necesarias para recuperar el tradicional hospital. Ya puso en funcionamiento un jardín infantil e hizo un convenio con el Hospital de Kennedy para rehabilitar el área de urgencias. Logró que Medicina Legal instalara un laboratorio y ha organizado conciertos y exposiciones de arte. El propio Petro, incluso, ha despachado desde allí. Pero las intervenciones de fondo, contempladas en un Plan Especial de Manejo y Protección que elaboró la Universidad Nacional, son a largo plazo y contemplan obras estructurales de gran calado que son las que el Distrito pretende concretar haciéndose el dueño del lugar de una vez por todas.

El agente liquidador de la Fundación San Juan de Dios, Pablo Leal, le dijo a El Espectador: “Desde el punto de vista jurídico intuyo que el alcalde está muy ajustado en los tiempos como para esperar la decisión del superintendente y ahí sí hacer la renovación del San Juan. La expropiación es una figura muy rápida. Creería que en un mes estaríamos transfiriendo la propiedad y que la decisión del superintendente pasará a un segundo plano”.

Jorge Enrique Vélez, el supernotariado, le dijo a este diario que actuará en derecho, “en los términos legales y no en los emocionales”, e independientemente de las decisiones que tome el alcalde. Agregó que se trata de un caso muy complejo.

Con la expropiación la Alcaldía trata de salirse del limbo en que se encuentra la compraventa por cuenta de las dudas sobre la propiedad de los edificios, al preferir hacerlos suyos de una forma más directa. Pero queda una duda: si no está claro qué entidad es la dueña (la Fundación San Juan de Dios o la Gobernación), ¿a cuál expropiará? ¿Con quién deberá negociar? O, lo que es lo mismo, ¿a quién le pagará la propiedad?

Martha Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía y vocera del Distrito en este caso, responde que “la expropiación procede contra quien está inscrito como propietario en el folio de matrícula inmobiliaria”. Hoy es la Fundación la inscrita. Es decir, le terminará comprando, mediante expropiación, a la misma entidad con la que había intentado hacer el negocio antes, pero evitará la controversia sobre quién es el dueño, toda vez que el Distrito, expropiando, asegura de una vez el complejo.

Sí está claro que desembolsará $150.000 millones a la entidad a la que le expropie, lo mismo por lo que había negociado la compra que se trabó.

Está claro, entonces, que el gobierno distrital pretende adelantar lo que más pueda su proyecto de recuperación del complejo, en un caso que no ha estado exento de controversia. No tanto por el objetivo que persigue, que es loable, sobre todo después de que el San Juan, cerrado en 2001, parecía no tener doliente. Lo polémico han sido las formas.

Primero fue la intención de comprar a sabiendas de que no había claridad sobre la propiedad. Luego fue el arrendamiento, que le cuesta al Distrito $9.000 millones este año, dinero que se le paga a la Fundación San Juan de Dios, supuesta dueña, y que se perdería en caso de que la Superintendencia de Notariado confirme que esa institución no es la propietaria, sino la Gobernación. Incluso la ERU, como arrendataria, firmó un convenio con el Jardín Botánico en el que una de sus cláusulas indica que el Distrito es el dueño del complejo, a pesar de que eso no se ha definido.

Se viene una nueva etapa que en medio del optimismo del Distrito y de la posibilidad de que el San Juan reviva para volver a ser lo que alguna vez fue, seguramente no estará al margen de esa accidentada estela de antecedentes.